Luego de tres años en el Congreso, el proyecto de ley que busca terminar con la victimización secundaria en niños que han sufrido abuso sexual al someterlos a múltiples entrevistas dentro del proceso judicial, ya está lista para ser ley. Llamada “No Me Pregunten Más” logró la obligatoriedad de la grabación de los testimonios para así reducir el daño que lamentablemente experimentan los menores durante el proceso judicial. Y es que, actualmente, los menores víctimas de abusos sexuales pueden pasar hasta un año en trámites judiciales, con 5 ó 6 declaraciones que pueden ocasionarles un daño sicológico irreparable.

La ley entrará en vigencia por etapas: la primera etapa entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado en el Diario Oficial en las regiones XV, I, II, VII, XI y XII. Una segunda etapa ocurrirá dieciocho meses después de publicado en el Diario Oficial en las regiones III, IV, VIII, IX y XIV. Y sólo en la tercera etapa, treinta meses después de publicado en el Diario Oficial, cuando se implementará en las regiones V, VI, X y Metropolitana, para abarcar todo el territorio nacional.

Para Johanna Sanhueza, coordinadora técnica de la Fundación Tierra de Esperanza, que trabaja con niños en riesgo social, el aporte de esta nueva ley se relaciona con la obligación que asumió el Estado chileno hace 27 años, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño. “Con esto quiero decir que han sido muchos años de deuda hacia los niños que han sufrido agresión sexual y con ellos, muchas historias de dolor y desesperanza. El Ministerio Público señala que en Chile por cada 10 denuncias asociadas a delitos sexuales, 7 corresponderían a víctimas menores de 14 años, lo cual sólo permite aproximarnos al fenómeno desde quienes se atrevieron a denunciar. Por eso la nueva ley pretende desterrar una forma de operar del sistema que transgrede sus derechos, pero que ahora ofrece un estándar de calidad mayor en todo el proceso de denuncia, investigación y juzgamiento”.

La trabajadora social explicó que además hay otros problema relacionados con los delitos sexuales. “El sistema tiende a requerir evidencias materiales, que no siempre están disponibles o simplemente desaparecen al corto plazo; en segundo lugar, la incapacidad de las víctimas de expresarse verbalmente, teniendo casi nulas posibilidades que prospere un caso de abuso sexual a un lactante; tercero, la ausencia de testigos; cuarto, la reacción negativa del entorno familiar próximo a la víctima, donde es posible observar prácticas encubridoras asociadas a intereses secundarios; quinto, el equivocado tratamiento de ciertos operadores de justicia ante las retractaciones de las víctimas, generándose por ejemplo, el archivo de causas investigativas, sin la debida comprensión de las dinámicas subyacentes a una retractación”.

Agregó que el formato de entrevistas y procedimientos de rigor, “sin ley ha sido tremendamente victimizante y en ocasiones, tanto o más que el propio delito sufrido, lo cual se constituye en una real aberración”.

En cuanto a garantizar que esta ley se cumpla y no sea letra muerta, agregó que la norma contempla las disposiciones generales que visualizan a la figura del entrevistador como un profesional especializado y entrenado en la técnica propiamente tal. “Sé que ya se están formando profesionales, no obstante, creo que conforme se implemente, será posible tener un juicio más elaborado al respecto. En cuanto a garantizar que la ley se cumpla, es una obligación del Estado monitorear dicho proceso.

Ramón Suárez, es el presidente Fundación Amparo y Justicia, la que se dedicó a impulsar la aprobación de dicha norma. A su juicio, esta ley tiene dos grandes aportes: contribuirá a disminuir el daño que experimentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, como una violación o un abuso sexual, durante su paso por el sistema judicial penal. Sin la ley, “los niños tienen que pasar una y otra vez por distintos interrogatorios, reviviendo cada vez la terrible experiencia vivida. Hoy, tenemos un promedio de 5 interrogatorios por cada caso. Con esta ley, no sólo ese número disminuirá, sino que también la entrevista investigativa videograbada será realizada por un profesional formado para la conducción de esta diligencia”.

El abogado aclaró que esto los afectaba, “ya que un niño que da varias entrevistas, revive su experiencia, no se siente escuchado, siente frustración y, a su vez, lo condiciona de manera negativa en relación con el proceso de investigación, pues no vislumbra que el sistema lo comprenda y, menos aún, que vaya a darle las respuestas que necesita. Por eso, muchos de ellos desisten de seguir adelante con los procesos penales. Pero no sólo ellos, sino también sus padres o quienes los cuiden, porque ven el sufrimiento del niño y lo viven junto a él. Y esto causa otro efecto, igual de perverso: la mayoría estos delitos no se denuncian, pues ni el niño, ni sus cercanos quieren que éste transite por un sistema tan hostil. En Chile, hay cerca de 20 mil denuncias al año de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los estudios en la materia señalan que esto corresponde aproximadamente a un 20% de los casos. Es decir, hoy contamos con una enorme “cifra negra”.

En cuanto al cumplimiento de la ley, afirmó que ahora el Ministerio de Justicia debe dictar un reglamento estableciendo estándares técnicos mínimos. Sumado a ello, mandata la creación de diversos protocolos de atención y actuación para las instituciones que participan del proceso penal que, en la práctica, establecerán procedimientos claros y estandarizados.

Suárez recordó que Chile es uno de los países latinoamericanos más atrasados en el uso de las técnicas de investigación que la ciencia y la experiencia internacional recomiendan y que han dado resultados exitosos. “Desde esa perspectiva, con la futura ley estamos empezando a disminuir una brecha importante que tenemos con otros países de Latinoamérica. Argentina, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Cuba llevan años implementando la técnica de entrevista investigativa videograbada, con la natural incidencia que aquello tiene en los resultados de las persecuciones penales”.