El pasado 20 de septiembre, un grupo de cinco jóvenes decidió tomarse la Catedral de Concepción, en apoyo a cuatro comuneros mapuche que ya cumplían más de 100 días en huelga de hambre, presos en La Araucanía acusados de la quema de iglesias. El grupo exigía el retiro de la querella por ley anti terrorista que el Gobierno había interpuesto en su caso.
Fue esa acción la que puso la causa en la palestra y centró el ojo público en el actuar del Gobierno en ese caso. Sin embargo, nadie esperaba lo que ocurrió en los siguientes 10 días: barricadas en la mañana y en la tarde, que impedían el normal desplazamiento de los penquistas, universidades en toma y marchas todos los días que terminaban en desórdenes con daños y destrozos. Hechos que dieron cuenta de un movimiento digno de análisis, en el que, pese a lo justo que podían para algunos sus demandas, la violencia empañó a las reivindicaciones.
Más aún cuando se sumaron protestas de los trabajadores de la cárcel El Manzano y un ataque a la Dirección del Trabajo que se atribuyó el Movimiento Juvenil Lautaro, en la misma semana, lo que contribuyó a enrarecer el clima que la ciudad estaba viviendo.
Para el sociólogo de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), Mauro Basaure, lo más impresionante de las marchas en Concepción, fue que en la capital no fueron noticia, “ni siquiera nos enteramos, eso da cuenta de lo que es la centralización de Chile”.
En cuanto a las protestas, aseguró que hay varios factores. “De vez en cuando, y es muy difícil saber cuando, se produce un encadenamiento de protestas, donde un hecho particular, en este caso la huelga de hambre, genera este fenómeno que alcanza a una masa crítica, entonces lo más probable es que pueda sumarse otro movimiento más, porque el éxito de esta ola de protestas llama a que se sumen otras”.
Esto indica que la macrozona Bío Bío- Araucanía tiene un “caldo de cultivo” para esto. “Que un hecho genere estas cadenas es porque hay algo detrás. Uno tiene que analizar qué es lo que está pasando en esa zona, “porque en Bío Bío hay una tradición de protesta, como el movimiento estudiantil, en el No más AFP, y eso no pasa en todas las regiones”.
El académico recordó que La Araucanía es la Región más pobre de Chile y en la que más se han dado hechos de violencia.
“Y por eso el enemigo son las elites políticas, las empresas, entonces puede ser que los hechos no estén relacionados, pero las protestas los unen”.
Así, recordó, pasó el 2011, cuando el movimiento estudiantil intentó sumar el tema de las pensiones y la nacionalización del cobre, “entonces se pueden ir sumando otras cosas, aunque no sea algo coherente, pero es movilizador. Entonces el clima de protesta es que el llama a sumarse a otros discursos”.
Basaure también precisó que esto “no se explica sin la dimensión mediática, porque tiene que haber organizaciones detrás. No hay que creer que esto es pura espontaneidad, lo que muestran los datos es que cuando hay protesta es porque hay organizaciones que son capaces de convocarlas, porque hay una estructura detrás. Y con las redes sociales pueden cambiar el horario de una protesta en segundos, tienen esa capacidad de reacción”.
Lesley Briceño, coordinadora académica de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, apunta que las protestas “ponen de manifiesto que el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no es algo que se produzca solo en una región determinada, sino que es un fenómeno que afecta a todas las comunidades del pueblo mapuche dispersas por el territorio”.
Agregó que el caso Iglesias “debe entenderse en un proceso mucho más largo y complejo que implica otras variables, en este caso puntual solo se está viendo sólo el tema judicial: delitos que se han producido en la zona de conflicto y a los cuales se les ha aplicado la ley Antiterrorista (que el Gobierno se comprometió en no aplicar). Las otras variables que deben de considerarse son las de tipo político y social. La llamada “zona del conflicto” también abarca nuestra región y obviamente a los miembros de las comunidades mapuche (urbanas y rurales) se sienten identificados con la judicialización del conflicto y la falta de respuestas claras por parte del Estado. Y es por ello, que genera una movilización importante en la zona, sumando a ello a grupos que tradicionalmente empatizan con el movimiento (como son los estudiantes)”.
Por eso, la académica insistió en que la variable política es muy importante. “Tradicionalmente se habla del “conflicto mapuche”, cuando en realidad es un conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche, que viene agudizándose desde el año 1997 (con la quema de 3 camiones forestales en la zona de Lumaco), sumado a que el Estado ha sido incapaz de responder a las promesas realizadas por los diferentes gobiernos y donde las políticas pú- blicas que se han implementado apuntan a temas puntuales (superación de la pobreza, educación, etc.), pero no a reconocer a Chile como país donde conviven diferentes culturas y pueblos”.
En cuanto a la arista judicial del caso, el abogado Andrés Cruz, precisó que es la ley anti terrorista “la que confiere herramientas investigativas que la legislación procesal común no entrega y que aparecen como adecuadas para enfrentar situaciones como las ocurridas por la comisión de decenas de atentados y actos de violencia en la Araucanía y Bío Bío, enmarcados en lo que se ha denominado el “Conflicto Mapuche”, aún cuando difícilmente muchos de sus protagonistas puedan invocarse como parte de dicha etnia”.
Sin embargo, el profesional enfatizó en que situaciones como éstas “no sólo debemos abordarlas con la represión y el castigo. Habrá que reflexionar con el objeto de determinar si existen los espacios adecuados para que todos se expresen todas las perspectivas de manera libre y efectiva. De no ser así, continuaremos generando frustración y estaremos dando pie a que el resentimiento acumulado se transforme en violencia de unos contra otros”.
Por eso, Cruz planteó que “tal vez sea el momento de revisar nuestra legislación vigente en materia de terrorismo, con el objeto de adecuarla a las nuevas necesidades y liberarla de los prejuicios legítimos que muchos tienen en aplicar esta normativa, ya que ante la ineficacia para enfrentar estas crisis cuando las posiciones se extreman y se quiebra el diálogo, incendiarios y reaccionarios suelen tomarse los púlpitos, exigiendo los primeros quemar todo el país, mientras los otros, nostálgicos de que “ninguna hoja se mueva”, anuncian las más terroríficas consecuencias por cualquier cambio”.
Para el abogado, la desidia para enfrentar el conflicto en zonas como Vilcún, Malleco, Contulmo, Tirúa o Cañete, ya ha costado muchos muertos. “Si esto hubiese ocurrido en Santiago o en su periferia, la reacción creo que habría sido más efectiva”.
Por eso, insistió en que se debe perseguir y castigar a los responsables de los delitos ocurridos en esas zonas. “Si esto no ocurre, el resultado es que las culpabilidades se generalizan, recayendo en grupos y no en individuos. Más aún, frente a hechos tan deleznables como son el quitarle la vida a otros por ser diferentes o quemar iglesias, casas y escuelas”.
Agregó que por eso, “ojalá que no exista un aprovechamiento político. Que estas acciones, como el quemar seres humanos e iglesias, se asuma que constituyen delitos, cometidos no por “activistas”, sino que por delincuentes. Que sus autores no serán prisioneros “políticos” y que los resultados de las investigaciones policiales no se diga que son “montajes”.