El seremi de Gobierno insistió en que todos los procedimientos estuvieron en regla en este caso.

El seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, respondió ayer la denuncia de los familiares de los presos políticos de la llamada “Operación Huracán”, recluidos en el Penal Bío Bío de Concepción, quienes aseguraron que en las detenciones hubo violencia innecesaria al ingresar  a sus  viviendas en Concepción y Los Ángeles, donde había mujeres y niños.

En una declaración pública,  Pamela Pezoa Matus, Javiera Llaitul Pezoa y Gabriela Parentini Montoya anuncian acciones legales en contra del Gope de Carabineros por medio de una denuncia interpuesta a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “puesto que tenemos claro que lo vivido en nuestros casos se repite e intensifica mucho más en las comunidades mapuche donde a diario mujeres, niños y niñas sufren la violencia policial”, dice el comunicado.

A los ocho detenidos en la “Operación  Huracán” se les acusa de la quema de camiones en La Araucanía, entre los que se encuentra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco y su hijo. Sin embargo, el tribunal prohibió difundir sus nombres.

Al respecto, la autoridad de gobierno aseguró que respaldan el actuar de Carabineros, “y quisiera recordar que tras la detención de estas ocho personas, tanto en Bío Bío como en La Araucanía, estas personas fueron pasadas a un control de detención ante un tribunal de la República, donde una jueza de Garantía decretó la legalidad de la detención analizando los antecedentes”.

Agregó que tienen derecho, “como cualquier ciudadano”,  a hacer las reclamaciones pertinentes,    como a través del recurso de amparo que interpusieron en Temuco las ocho personas detenidas.

El seremi insistió en que ellos tuvieron asesoría de abogados, como corresponde, “por lo que es una situación en que se resguardan sus derechos desde el punto de vista judicial”.

Inostroza también se hizo cargo de los alegatos de los familiares, quienes insisten que los ocho comuneros fueron detenidos a través de un montaje, Inostroza agregó que “esos alegatos tienen que hacerse en los Tribunales. Hay una investigación en curso, donde el propio Tribunal de Garantía dio un plazo a la Fiscalía, para que se llegue a un juicio oral, que se hace con un poder del Estado independiente y que tiene que garantizar los derechos de las personas que están formalizadas”.

En cuanto a los hechos ocurridos la madrugada del lunes en Cañete, en que se divulgó información falsa, informó que aún se encuentran  reuniendo antecedentes para interponer acciones legales.

En ese caso, se aseguró que un comunero mapuche había sido asesinado por Carabineros, pero finalmente se aclaró que su muerte se debía a un ajuste de cuentas por rencillas anteriores.