Además de las barricadas que han sido la tónica esta semana, ayer amaneció tomado el edificio Francisco de Sales de la Ucsc.
Siguen las consecuencias en la zona por la huelga de hambre de los cuatro comuneros en La Araucanía acusados de la quema de iglesias en esa zona. Además de los desórdenes en el centro penquista la noche del miércoles, corte de ruta en Tirúa en la madrugada de ayer, barricadas en la plaza Perú a primera hora, ayer amaneció tomado el edificio San Francisco de Sales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Es por eso que los representantes de los distintos gremios y víctimas del conflicto solicitaron al Gobierno una solución pronta al conflicto, que se agravó con la detención el pasado fin de semana, del líder de la Coordinadora Arauco Malleco y otras siete personas imputadas de quemar camiones en La Araucanía, en la denominada “Operación Huracán”.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, planteó que la realidad judicial de atentados a contratistas forestales no coincide con datos entregados por el Gobierno.
Afirmó que el Gobierno ha presentado 116 querellas por atentados incendiarios a inmuebles y equipos móviles forestales. Pero existen 54 imputados no formalizados por delitos de atentados incendiarios a inmuebles y equipos móviles forestales, por lo que se deduce que hay un mínimo de 62 querellas donde no hay ninguna persona en calidad de imputado, las que se han presentado contra quien resulte responsable, por lo que no hay más de 10 casos o personas con aplicación de prisión preventiva efectiva y hay menos de 10 personas condenadas por atentados incendiarios, planteó el dirigente.
“Esto, muestra una diferencia importante con las cifras entregadas por el Gobierno, ya que pese a existir más de un centenar de querellas no hay más de 10 personas condenadas. Ahora, que hay detenidos por la “Operación Huracán” exigimos que se tome precedente de esta situación y así, se puedan de una vez por todas, dar término a las causas pendientes y que afectan a un número considerable de contratistas forestales”.
Agregó que no es posible que existan a la fecha tan reducido número de personas en calidad de imputados por los delitos cometidos desde el año 2014. Por lo que, a su juicio, las cifras entregadas por el Gobierno no coinciden con los antecedentes que se manejan en el sector”.
El presidente de la Federación de Camiones del Bío Bío, Germán Faúndez, coincidió con Muñoz en que se debe buscar a los responsables de los hechos de violencia, como quemas de camiones y a casas. “Sólo queremos que se busque una solución, tiene que hacerlo el Gobierno que corresponde, y los que son culpables tienen que pagar, porque no pueden quedar impunes personas que han quemado camiones, iglesias, y tienen ha todo el mundo con mucho miedo. Los conductores ya no quieren viajar, tienen miedo de dormir en las zonas de parqueo, porque les pueden quemar los camiones”, planteó.
Aseguró que se debe investigar hasta las últimas consecuencias, pues debe haber certeza de quienes están detrás de años de ataques armados, “porque solo queremos trabajar tranquilos”.
La vocera de la Agrupación Paz y Diálogo en el Bío Bío, Solange Etchepare, insistió en que no puede ser en que haya desórdenes en Concepción por este motivo, los que comenzaron tras la toma de la Catedral en apoyo a la huelga de hambre, la que cuenta con la autorización del arzobispo de Concepción, Fernando Chomali.
“Consideramos que es una muy mala decisión de la autoridad eclesiástica, porque no hay que confundir las justas demandas del pueblo mapuche con respaldar a gente que está apoyando a un grupo que es abiertamente violenta y que no representa a todos los mapuche”.
En cuanto a la toma en la Ucsc, el rector Christian Schmitz lamentó lo ocurrido y agregó que por el momento no se solicitará el desalojo del edificio.
Caso Iglesias
Ayer, el Gobierno anunció que solicitarán la modificación de la prisión preventiva para los cuatro comuneros en huelga, reemplazándola por otra medida cautelar, que resguarde de mejor forma la integridad física de los acusados.
Sin embargo, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, aseguró que se opondrán a la idea del Ejecutivo, porque a su juicio, los imputados Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol “son un peligro para la sociedad y esa situación no ha cambiado”.