El caso del estudiante de la Alianza Francesa de Santiago que se suicidó tras ser descubierto con marihuana dejó en evidencia los errores que se pueden cometer al enfrentarse a esta situación.

Diversos cuestionamientos causó el caso de Nicolás, de 17 años, alumno del colegio Alianza Francesa en Santiago, quien se suicidó en agosto pasado, tras ser sorprendido por un inspector portando marihuana en uno de los baños del recinto. Carabineros condujo al joven hasta la 37 Comisaría de Vitacura, donde fue entregado a su madre. Sólo en ese momento ella se enteró de lo ocurrido con su hijo.

Tras el hecho, el caso del joven fue derivado  al Consejo de Disciplina del centro educacional, que está conformado por apoderados, profesores, estudiantes y autoridades, quienes decidieron suspenderlo por nueve días. Castigo que no alcanzó a cumplir, porque al día siguiente se suicidó.

Las críticas apuntaron precisamente al proceder del colegio, al llamar primero a Carabineros, quienes incluso se llevaron al adolescente del colegio antes de que llegara su madre, lo que va en contra de los protocolos establecidos en los establecimientos educacionales, ya que el consumo de drogas es una falta y no un delito.

Sergio Camus, seremi de Educación, precisó que cada colegio tiene un encargado y un comité de Convivencia Escolar, donde participan profesores, alumnos, duplas sicosociales, donde abordan este tipo de temáticas. “En cuanto al consumo de drogas, los protocolos contemplan la detección de acciones de esta naturaleza y la articulación con la oferta pública de la distintas instituciones, como de Salud o Senda”. Así, estos programas pueden desarrollarse en los colegios, con estudiantes que estén en situaciones de riesgo.

En cuanto a lo ocurrido en Santiago, insistió en que sólo se debe llamar a Carabineros cuando se esté en presencia de un delito, “y en el caso de Santiago, basándonos sólo en los datos de los medios de comunicación, se trató de una acción completamente descoordinada con los protocolos que tienen que ver con la protección del estudiante”.

Ana Luisa Guzmán, encargada de gestión territorial de Senda, explicó que como organismo asesoran a los colegios en la implementación de sus reglamentos internos, los que incluyen el protocolo de actuación en caso de tráfico, consumo o sospecha de consumo. En el caso de los colegios municipales, el protocolo es obligatorio, pero Senda está disponible para asesorar a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados.

“Lo primero que hay que hacer es conversar con el alumno, para saber qué es lo que está pasando, y eso debe hacerlo alguien que el alumno confíe. Hay que saber por qué un adolescente porta droga, hay que ser muy cauto, considerar su edad, entonces  si los estigmatizamos, lo más probable es que sus padres también lo hagan. Lo primero es hablar con su familia, y ver cómo podemos ayudar al joven”.  Concordó con Camus en que lo primero que se debe hacer es contactar a los padres.

A juicio de Pedro Canales, sicólogo y Director Ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanza, “el colegio se apegó estrictamente a la ley, porque hicieron la denuncia de inmediato, cuando tienen 24 horas de plazo para hacerla. Entonces privilegiaron la legislación por sobre la educación. No iban a incumplir la ley si esperaban que su mamá llegara al colegio”.

Para el profesional el suicidio es complejo, porque no sabemos qué es lo que hubo, “no tiene por qué haber una conducta depresiva, sino que pudo haber sido motivado por una conducta impulsiva y que tiene una consecuencia trágica e irreversible”.  Agregó que hay que preocuparse de los tres estudiantes que integran el Consejo de Disciplina, que tomaron la decisión de suspender a Nicolás, y cómo les puede estar afectando el suicidio de su compañero.

Canales explicó que el caso da cuenta de los problemas de salud mental de Chile: “La gente está demasiado estresada y neurótica. Y a nivel infantil estamos en malas condiciones, es cosa de ver los niveles de maltrato y bullying que hay en Chile, que según Unicef llegan al 75%”. Recordó el caso de Lissette Villa, la niña que murió en un hogar de Sename, y ahora este caso. “O la gente se da cuenta de que estamos tratando muy mal a los niños y a los jóvenes o esto puede ponerse peor, pueden seguir habiendo niños como Lissette o Nicolás, que no tenían que morir. Y a Nicolás no le dimos oportunidad, había que escucharlo y no lo hicimos”.

Raúl González, subdirector del  colegio Pinares, con una matrícula de 300 alumnos,  concordó con el diagnóstico de Canales, ya que en el establecimiento lo primero que se hace es conocer a sus estudiantes. “En nuestro colegio conocemos mucho a los alumnos, conversamos con ellos, porque los problemas grandes alguna vez fueron chicos. Entonces un profesor puede darse cuenta si le pasa algo a un alumno, y esa es nuestra mayor prevención”. Agregó que si tuvieran un caso así lo primero es reunirnos con los padres para que ellos se enteren.  Luego los orientamos a manejar la situación en equipo para sacar al niño adelante”. Con la ayuda de un profesional, como un  sicólogo, se elabora un plan en conjunto. Pero si descubren un delito, debe hacerse todo en contacto con los padres, “porque lo más importante es lo que está pasando con el niño”.