La indemnización es para sus dos hijos, quienes tenían 9 y 7 años en 2007. La Corte acreditó la responsabilidad del Estado al no darle los elementos de seguridad para resguardar su integridad física.

Tras 10 años del fallecimiento del cabo de Carabineros Cristian Vera Contreras, oriundo de Lebu, en protestas con motivo del 11 de septiembre en Santiago, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $95.000.000 a cada uno sus dos hijos: Luciano Andrés y Javiera Francisca Vera Rodríguez, todo por concepto de daño moral, con reajustes e intereses, tras la demanda interpuesta por su ex esposa, Romina Rodríguez Nieto. Ellos tenían 9 y 7 años cuando su padre falleció conteniendo a los manifestantes en Pudahuel, en 2007.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Carlos Cerda y el abogado integrante Álvaro Quintanilla– confirmó la sentencia que ordenó indemnizar a los hijos del uniformado que falleció producto de una herida de bala en la cabeza, y que  ratifica la responsabilidad de Carabineros por falta de servicio, al no proporcionar los elementos de seguridad y de resguardar de la integridad física del funcionario, quien usaba sólo su chaleco antibalas, un casco y escudo de plástico al momento de repeler los disturbios.

La resolución asegura que “de tal normativa se desprende inequívocamente que, más allá del deber general de seguridad que la institución tiene con sus funcionarios en razón de la actividad riesgosa que ellos realizan, existen deberes específicos de entregar al personal los elementos necesarios para el resguardo de su integridad física, que no fueron cumplidos en este caso, generándose la consiguiente responsabilidad”.

En mayo de 2011, el mismo Tribunal ratificó el fallo  que  condenó a 10 años y 1 día de presidio para Eduardo Jesús Espinoza Bórquez,  el joven de 18 años  autor del disparo que puso fin a la vida del cabo lebulense. En 2009, el fiscal militar Roberto Reveco había cerrado  la investigación por el crimen del carabinero y había solicitado una pena de 12 años de cárcel en contra de Eduardo Espinoza Bórquez, alias “El Guaro”.

El abogado de la familia, Emilio Carreño, precisó que el 15° Juzgado Civil y la Corte de Apelaciones de Santiago ya habían fallado a su favor, y agregó que  “la falta de servicio está constituida por no haberle entregado al cabo Vera los elementos necesarios para que él cumpliera su función. El Estado de Chile debió haber procurado velar en situaciones tan extremas como un 11 de septiembre, para sostener un servicio que se le estaba pidiendo, pero al cumplirlo sin los elementos adecuados, esto termina en su muerte y las víctimas  son sus dos hijos menores de edad”.

El profesional recordó que lo más grave es el daño que este hecho provocó a los hijos del cabo Vera, “que tenían una relación con su padre y se vieron privados de ella de la noche a la mañana”.