El objetivo es que queden protegidos a todo evento, y no solo en audiencias o sitios de suceso.

En el Palacio de La Moneda, en Santiago, se realizó la reunión en que el Ministerio Público  presentó los avances a los cambios que pretenden realizar a la ley para ampliar la protección a los fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público.

El fiscal regional, Julio Contardo, asistió a esa reunión, ya que llevan un año y medio trabajando con el  fiscal Raúl Guzmán, de la Fiscalía Sur de Santiago, junto al senador Felipe Harboe, en modificaciones legales respecto a lesiones y amenazas a los fiscales, las que serán propuestas al parlamento.

“El objetivo fue dar a conocer al ministro y al subsecretario del Interior el trabajo que hemos estado haciendo para realizar modificaciones legales respecto de la seguridad de los fiscales, abogados asistentes y funcionarios del Ministerio Público”, dijo Contardo.

El objetivo es ampliar el radio de acción de la norma, es decir, que se sancionen las agresiones tanto en las audiencias como fuera de ellas, es decir, que las penas sean según su condición de tal y no según  el lugar donde sean agredidos.

“Ha ocurrido que, por el solo hecho de ser fiscal o abogado del Ministerio Público, han recibido amenazas o amedrentamientos. En cuanto a las modificaciones, la idea es ampliar el marco de su aplicación, es decir, que la sanciones a quienes agreden a amenazan se extienda a los abogados asistentes, que muchas veces cumplen funciones de fiscales, y también a los funcionarios, “y eso es extremadamente importante, porque todos estamos expuestos a este tipo de conductas”.

Para Contardo, lo ideal es que las penalidades sean más duras, y que esto se extienda a la PDI, Carabineros, Gendarmería, para contribuir en estos resguardos.

Agregó que cuentan con el respaldo de Interior en este tema, en que se plasma la preocupación del Ministerio Público.

Actualmente, la legislación sanciona estas conductas, pero los cambios apunta a ampliar su radio de acción, “es decir, no solo en una audiencia o en un sitio del suceso, sino que no dependa del lugar o que se esté ejerciendo la función, sino que por su condición, y que queden cubiertos por una ley más robusta”.

El documento se entregó al Ministerio del Interior, y se espera que se convierta en proyecto de ley.

En Bío Bío, se han registrado situaciones de riesgo. La última fue  el 14 de julio de 2016, cuando una turba de al menos 60 personas apedreó el tribunal de Cañete tras decretarse la prisión preventiva de dos comuneros mapuche. Tras ese hecho, se decretaron medidas para proteger la seguridad de ese lugar.

“Hemos tenido amenazas, de agresión a fiscales, más allá de los insultos, y hemos tenido incidentes delicados, pero que no han pasado a mayores. Pero estimamos que hay que transitar a una legislación más robusta en ese sentido. En Bío Bío, las condiciones de seguridad se han dado por la estrecha relación que existe con el Poder Judicial, Gendarmería, como la PDI y Carabineros, y la verdad es que esto tiene que tener un sustento legal para que sea una obligatoriedad”.