El caso de Andrea Cuevas es quizás uno de los más emblemáticos en el listado de cerca de 200 deudores del Crédito con Aval del Estado CAE, que la próxima semana presentará la primera demanda colectiva sobre el tema en Concepción. En su caso, a dos años de egresada de Medicina Veterinaria, la joven, mantiene una deuda superior a los 30 millones de pesos, sin todavía encontrar un trabajo relacionado a sus estudios.
Andrea es hoy telefonista de un centro de llamados y aspira a lograr desarrollarse en el área de salud pública, que requiere de mayor especialización, perfeccionamiento al que no puede optar. Ser deudora CAE le impide contraer otros compromisos crediticios.
Ella es parte del grupo que a través del proyecto “Anula tu CAE” accionarán, a través de los abogados Antoine Peñaloza y Cristián Echayz, contra las seis instituciones bancarias que hoy entregan el crédito de acceso a la educación superior.
“Creo que la suma de esfuerzos puede tener un mejor resultado que distintas gestiones o acciones individuales y las expectativas de que se anulen, al menos, las cláusulas abusivas que tuvimos que firmar con los bancos ya sería positivo. Si además de eso logramos que se anule la deuda, o parte de ella, sentaríamos precedentes a favor de los estudiantes endeudados en nuestro país”, manifestó la médico veterinario.
“Anula tu CAE” es una iniciativa en que un equipo profesional asiste a los deudores para el proceso en tribunales a cambio de un pago único de $40 mil pesos.
En términos jurídicos, Echayz explicó que la principal estrategia por la que es posible demandar a los bancos son las cláusulas abusivas que contemplan los contratos del CAE y que le permiten a las instituciones, por ejemplo, suscribir en nombre y representación del deudor un pagaré o establecer otras prácticas de cobro como el descuento de la devolución de impuestos a través de Tesorería.
Nelson Novoa, parte del equipo de “Anula tu CAE” agregó al respecto que actualmente la única vía posible para poder liberarse del “leonino contrato” que cada deudor del CAE suscribió con las diversas instituciones bancarias, está dada por la Ley 20.555 más conocida como la Ley del Sernac
Financiero, que vino a reformar y reforzar la Ley 19.496 de Protección de Derechos del Consumidor. “Nuestra actual legislación permite solicitar a un Tribunal de la República que declare no escritas o anule ciertas cláusulas de los contratos, por ser consideradas éstas abusivas conforme a los presupuestos que la propia ley entrega. Será el Tribunal que conoce de la demanda quien determinará si anula sólo las cláusulas que considere abusivas, o bien, anule el contrato en su integridad”.
Hasta el momento en casos en que han seguido tribunales capitalinos y que se han presentado de manera individual algunos fallos han ordenado anular las cláusulas consideradas abusivas y en otros, incluso se ha declarado el no pago de la deuda por parte del ex estudiante.
En el caso de Andrea, ella esperar lograr al menos disminuir el monto que equivale al pago de 10 años de aranceles de este programas de estudios.
Sobre como debiera resolver el parlamento la derogación del CAE hoy día que se debate sobre Educación Superior y se ha establecido una pronta eliminación del mecanismo de financiamiento, Andrea estimó que es el Estado el que “debiera asumir la responsabilidad y costos económicos de la formación de sus ciudadanos”.
Esto debe hacerlo, manifestó “sin intermediarios privados, principalmente mejorando la eficiencia de sus propios recursos y focalizando de mejor manera los presupuestos que se discuten cada año… Que anualmente se destinen miles de millones de pesos a financiar pensiones de las Fuerzas Armadas o sueldos millonarios de asesores políticos es un total despropósito cuando podría aumentar la cobertura de la Gratuidad o la inversión en instituciones de educación superior acreditadas”.
Agregó que “de igual modo, las mismas Universidades, a través de Créditos Solidarios, respaldados por el Estado, podrían ayudar en este sentido”.