“Relación con el pueblo mapuche: 20 años ¿hemos avanzado?”. Bajo este título la Red Apostólica Ignaciana reunió al abogado, co-director del Observatorio Ciudadano y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, al trabajador social y fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul y a quien fuera el primer alcalde mapuche en Chile, Adolfo Millabur, para analizar la evolución en la relación entre la comunidad en general y los pueblos originarios. Las conclusiones no fueron positivas.

Lo cierto es que para Aylwin, quien además es especialista en pueblos indígenas y autor de varios estudios sobre el tema en América del Norte y Latinoamérica, durante estas dos décadas “más que avances ha habido un retroceso”.

Si bien asegura no se puede negar que hoy existe una mayor visibilidad de los temas que afectan al pueblo mapuche, no existen necesariamente soluciones reales para estos.

“Si se analiza a partir de los reconocimientos internacionales en materia de Derechos Humanos ciertos temas jurídicos y políticos se puede percibir que hay insuficiencias y desafíos no menores. En materia de derechos políticos este país sigue concibiéndose como uno monoétnico, monocultural y sigue excluyendo en su carta fundamental a los pueblos indígenas”, analizó.

Respecto de la consulta asociada al proceso constituyente que busca precisamente una mayor inclusión de las etnias, aseguró que se trata de uno “que ha tenido muchas limitaciones, muchas restricciones y que en este momento tiene un futuro incierto”.

Esto se debe, fundamentó el abogado es que temas de gran relevancia para el pueblo mapuche no aparecen en la consulta constitucional. “Temas centrales como la plurinacionalidad, la deconstrucción del concepto de Estado nación no están presentes , tampoco un derecho fundamental como la libre determinación y la autonomía como expresión”, manifestó el estudioso.

Para Aylwin no existen reales avances en la materia, por cuanto, además, no existe participación indígena en el Parlamento, la participación en la política local es también restringida y dificultosa y, por lo demás, no se considera la opinión de estos pueblos en la toma de decisiones para, por ejemplo, definir prioridades en los territorios que habitan.

En temas territoriales, aseguró que la política de Estado ha tenido un comportamiento “dual”. “Por un lado es cierto que, vía mercado, desde el 94 a la fecha se han adquirido o transferido tierras que el Estado considera fiscales por un total de 200 mil ha, pero esto tiene varias complejidades, porque se adquieren a precios especulativos por parte de quienes usurparon esas tierras, además se destinan recursos muy limitados para esos efectos… Gran parte de las recuperaciones no tienen que ver con ese constreñido territorio que fue reconocido en los títulos de merced, sino con tierras de ocupación tradicional”.

Argumentó que el actuar el Estado está vinculado más a la expansión de la forestación exótica con más de 3 millones de hectáreas, “la mitad de ellas en el territorio de ocupación tradicional mapuche, más de 50 proyectos hidroeléctricos que están en etapa de evaluación ambiental”, detalló.

En términos de derechos humanos, aseguró que en planos tan evidentes como el del acceso a condiciones de vida dignas, los pueblos indígenas y el mapuche en particular ”sigue estando en una posición de discriminación y menoscabo en relación al resto de la población”.