Preocupación, por ejemplo, por las presiones desde el Estado para condicionar la entrega de recursos a cambio de incorporar el tema a la formación, son parte de las preocupaciones al interior de los planteles.}

Si un estudiante de Medicina está de acuerdo con las tres causales que contempla la ley de aborto, entonces simplemente no debería estudiar en la Universidad San Sebastián, así de tajante es el vicedecano de la Facultad de Medicina de la USS en Concepción y ex seremi de Salud, Mario Fernández, al marcar la posición del plantel frente a la ley de aborto que se encuentra en la Cámara Alta.

El proyecto de ley que acaba de pasar por Hacienda ha enfrentado una serie de controversias éticas, sin embargo, hasta el momento no ha enfrentado los criterios con que se abordarán los mismos temas en la etapa de formación. ¿Podrán los estudiantes ser objetores de conciencia o las instituciones tener un sólo planteamiento valórico al interior de las aulas? o ¿podrá el Estado presionar a las instituciones condicionando la entrega de recursos, por ejemplo, en la gratuidad o de campos clínicos?

Postura institucional

Para Fernández “si hay alguna institución universitaria que considera a la vida humana como desechable, efectivamente podrá abrir el espectro a las múltiples posiciones respecto a la vida y del rol médico y las colaboraciones médicas en la asistencia a un aborto”. Esto no sucederá en la USS.

Para el ex seremi, no se trata de anteponer consideraciones religiosas, sino más bien de criterios antropológicos y filosóficos. “El juramento hipocrático es explícito en condenar el término de la vida por mecanismos artificiales”.

Una posición similar, aunque algo, más flexible, es la que tiene la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en que el decano de Medicina, Marcelo Lagos, asegura, se respeta la libertad de pensamiento de los alumnos y también de los profesores, pues no necesariamente los académicos deben ser practicantes religiosos. Sin embargo, aclara, “tenemos un modelo educativo que vela por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”. Eso se traduce en un programa de estudios con ramos anuales de formación filosófica y teológica.

Allí las prácticas respetan las objeciones de conciencia de los alumnos, algunas, incluso, fuera del marco de esta ley como en casos de esterilización tubárica.

En la UdeC, en tanto, la enseñanza se hace con estricto apego a la normativa nacional. “La Universidad de Concepción se declara laica, respetuosa de la diversidad de pensamiento y creencias, siempre dentro del marco de la Constitución chilena, por tal motivo propicia la libertad de pensamiento en el aula. Ya en nuestra Facultad enseñamos a nuestros alumnos las tres situaciones que probablemente serán Ley en relación al aborto, deben conocerlas y saber cómo actuar en cada caso”, detalla la jefa de carrera de Medicina, Ana María Moraga.

En cuanto a posibles cambios curriculares, señala que se deberá incluir en el currículo académico todos aquellos contenidos que permitan a los futuros médicos saber qué hacer y cómo actuar para acoger a las mujeres en caso de violación, riesgo vital en una embarazada o en caso de un feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina, siempre dentro de los plazos que establezca la Ley”.

“Nuestros alumnos deben saber cómo recibirlas, derivarlas, orientarlas y practicar un aborto si corresponde, teniendo en cuenta la posibilidad de ser objetores de conciencia, caso en el que deben asegurar la atención que la paciente requiera y desee con otro profesional”.

Por último, en la Universidad Andrés Bello, la cuarta institución que dicta Medicina en el Bío Bío, permanecen atentos a lo que será finalmente lo que se apruebe en la discusión legislativa. Sin embargo, adelanta el director de la facultad, Jorge Cabrera: “seguiremos preparando a nuestro futuros médicos y profesionales del área de la salud, con el objetivo que ellos logren una visión completa no sólo en este tema, sus antecedentes históricos universales y nacionales, sino todos aquellos vinculados con la ética de la profesión”.

Presión Estatal

Uno de los temores planteados por la USS es precisamente la posición que asumirá el Estado frente a las instituciones que tengan una visión valórica distinta a lo que aprobará el Congreso. ¿Podrá utilizarse la gratuidad o la asignación de campos clínicos como mecanismos de presión?, pregunta el vicedecano de Medicina.

“Estas presiones se ven ya a nivel legislativo. Si es se da a nivel de las autoridades del país, uno pudiera esperar que mandos secundarios a nivel ministerial trataran de imponer sus criterios ideológicos, eso es forzar a las universidades o cortales el agua”.

Para el académico se trata de un tema de alta complejidad, debido a que imponer estos criterios “afectaría seriamente a nuestra institución, al tener que cambiar su esencia valórica”.

Para la representante UdeC, el Estado puede y debe obligar a los ciudadanos e instituciones a respetar y cumplir las leyes, pero “no puede obligar a una institución de educación superior a entregar determinados contenidos valóricos a los estudiantes. Cada Universidad es libre de decidir si se enmarca en determinados valores en su relación con los alumnos o si es respetuosa de la libertad de pensamiento y creencias.