Cerca de 100 profesores de un total de 300 que trabajan en el sistema municipal en Chiguayante recibirían cerca de 250 millones luego que el tribunal en primera instancia fallara en su favor por el no pago de parte del municipio del bono proporcional que establece la ley 19.933.
“Los municipios como el de Chiguayante no sólo han entregado todo el dinero sino que están obligados a poner una cantidad de manera permanente para dar cumplimiento con la planilla y además sostener la educación municipal”, defendió el alcalde José Antonio Rivas.
Adelantó que concurrirán a segunda instancia para buscar revertir este fallo. “Esperamos que la Corte de Apelaciones sea más acuciosa en esta materia, porque encontramos que no sólo aquí hay un problema de procedimiento, debiera haber una investigación seria que diga que efectivamente pagamos esos dineros, porque no existiendo los dineros no hay nada que pagar”, opinó.
El caso de Chiguayante es uno de los que está estudiando la Asociación Nacional de Municipalidades, para tomar una posición unitaria a nivel país. Esto, porque en esta comuna existe respaldo tanto desde el Ministerio de Educación como desde la Contraloría en cuanto a que no corresponde la entrega de los recursos a los docentes. “Es imposible que paguemos un dinero que no existe, hay un problema ético. Los profesores saben que esto es más un artilugio judicial que una realidad, que no existe tal deuda”.
En cuanto a la posibilidad de tomar acciones legales que pudieran encontrar responsables en el presunto error que habría generado el cobro masivo por parte de los profesores, el alcalde manifestó que planteó la situación a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, aunque desestimó, por el momento, la idea de entablar algún recurso en contra del Estado.
Hace unas semanas los alcaldes que integran la Asociación Regional de Municipalidades, se reunieron junto a sus jefes de Daem para evaluar la situación en el tema de educación, frente a las demandas de los profesores, específicamente el traspaso de los recursos que el profesorado alude como deuda en el contexto de la Ley 19.933, encuentro a partir del cual se encuentran desarrollando una serie de gestiones a nivel país para enfrentar las nuevas demandas que pudieran haber por parte del Magisterio.