Asesor de la Fiscalía Nacional explicó alcances de la reforma a la legislación, que ya está en el Congreso. La principal falencia es no considerar a la familia en el trabajo con los adolescentes.

A 10 años de la implementación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el país, ya comenzó la discusión para mejorar el marco legal bajo el que se sanciona a los adolescentes infractores de ley.

De acuerdo a los últimos datos oficiales entregados en el anuario 2015 de Sename, en el país actualmente hay más de 19 mil jóvenes bajo la ley de responsabilidad penal adolescentes. De ellos cerca de mil 500 están en la Región del Bío Bío.

Esta semana, la Fundación Tierra de  Esperanza organizó un seminario sobre el tema, al ser una institución que desde hace 20 años trabaja en la Región y en el país directamente con la población infantil más vulnerada en sus derechos atendiendo a más de 5 mil niños y adolescentes en programas de reparación de maltrato, consumo de drogas, infracción de ley en adolescentes, explotación sexual con fines comerciales, entre otros temas de vulneraciones graves de derecho.

Según sus cifras, la primera judicialización en promedio es a los 16 años, mayoritariamente en sexo masculino, siendo el primer delito en promedio a los 15 años, y teniendo casos a los 8 años.

De acuerdo a sus datos, la deserción escolar y el consumo problemático de drogas son factores de riesgo criminógeno importante que inciden en la conducta delictiva.

 Más del 90% de los adolescentes asegura haber vivido violencia en su infancia. El 23% de los adolescentes atendidos en infracción de ley inició a los 13 años el consumo de drogas; un 17,2% lo ha hecho a los 14 años y un 16,6% a los 12; sin embargo, se han detectado casos con edades mínimas donde el consumo de drogas lo iniciaron a los 7 años. El 55,2% presenta consumo diario de  drogas.

En promedio tienen 18 años y solo el 10,9% ha finalizado el cuarto medio. El 35, 3% cuenta con enseñanza básica completa. El 74,5% de la población ha presentado deserción escolar.

Solo el 50% aprobó su enseñanza en escuela tradicional, el otro porcentaje se divide en escuela para adultos y con apoyo escolar en centros privativos de libertad.

En el seminario expuso los cambios en la legislación Francisco Maldonado, académico de la Universidad de Talca y asesor del Ministerio de Justicia en la reforma a la Ley Penal Adolescente.

El proyecto, que ingresó a fines de marzo a discusión parlamentaria, reformará cuatro áreas “donde se radican a juicio del Ejecutivo, los problemas de implementación de la ley”.

Lo primero es establecer un estándar alto del modelo de intervención y se diseña un nuevo servicio que reemplaza el Sename.

Habrá una especialización de jueces, fiscales y defensores, que cubrirán un 60% de los casos a nivel nacional, y también habrá un programa de  justicia restaurativa para los delitos menores.

Los cambios conllevan un aumento de 42 mil millones de pesos respecto de lo que hoy gasta el Sename y por eso comenzará a operar un año después de su aprobación: primero comenzará en la zona norte, luego el sur, y luego la zona central, imitando a cómo se implementó la Reforma Procesal Penal.

“Una de las cosas que se pretende modificar es que no hay ninguna formalización de gestión de casos, y no tenemos espejo en Salud, Educación, Senda que se haga cargo, entonces queremos que las sanciones se cumplan, lo que muchas veces no ocurre, y con eso lograr mejores niveles de reinserción”.

El proyecto está en la comisión de Constitución del Senado, “pero podría durar un año y medio el trámite en el parlamento”.

 

La evaluación y lo que viene

El presidente de la Corte de Apelaciones penquista, Hadolff  Ascencio,  destacó la iniciativa del seminario, ya que les permite evaluar cómo se está trabajando. “La ley penal adolescente no es todo lo que necesitábamos. Esto nos permite recoger experiencias para ir mejorando a ley y la aplicación que de ésta se hace”.

Algunas de sus mejoras propuestas “es internalizar que estamos ante una realidad distinta cuando estamos frente a un adolescente. Como jueces nos hemos ido especializando y tomando cursos sobre este tema”.  Agregó que el objetivo es que es que la mayor cantidad de jueces posible este tenga conocimiento especializado. “Este país es bien raro, porque para conocer causas tributarias y aduaneras exige  que haya ministros con conocimientos especializados en esas materias y no lo exige respecto de los menores”.

Para el ministro, uno de los problemas a nivel regional es que existe sólo un Centro de Internación Provisoria, ubicado en Coronel, para toda la Región, “y eso es muy desafortunado por decirlo de una manera elegante. Cuando tienes un menor infractor de Alto Bío Bío, que tiene que venir a cumplir a Coronel, lo desarraigamos de su familia y de su entorno. El ideal sería que existiera un centro en cada una de las provincias, y no tienen por qué ser gigantes, pero que permitan un tratamiento más personalizado de los menores y que ayude a que el niño vuelva a desarrollase como siempre lo debió haber hecho”.  El ministro agregó que conversó con la directora de Sename, Solange Huerta, y le dijo que la idea podría aplicarse en Bío Bío.

El juez recordó que antes,  se decidía si el adolescente había actuado con discernimiento o no. Si así era, debía someterse al sistema de adultos. De lo contrario, se le aplicaba una medida de protección, que podía tardar meses, por lo que en ninguno de los dos casos se cumplía el objetivo de rehabilitarlo.

Pedro Canales, Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza,  planteó en el seminario que se necesita un cambio en cómo se aborda la delincuencia en Chile en general, “porque cuando estamos hablando de los adolescentes, la sanción no debería ser punitiva, sino que educativa. Una falencia es el enfoque que debe tener las medidas en relación al adolescente que ha cometido delito”.

Otra deficiencia es que no está considerada la familia en el trabajo con los adolescentes. “Se interna al chiquillo, el cumple la sanción, no se dice nada de qué hacemos con la familia y hay que considerar que cuando él salga va al volver al mismo circuito. No estamos considerando que hay que reeducar a la familia del joven infractor. Ahí es donde hay que hacer una innovación”. También se necesita una coordinación en el sistema educativo, porque hay mucho que son desertores escolares o tienen necesidades educativas especiales. También hace falta mantener un seguimiento a los adolescentes sancionados, porque se sabe que el 60% de los reos adultos pasaron alguna vez por el Sename, “y hay adolescentes que han hecho un circuito bajo la protección del Estado. Esa es una cifra muy alta, entonces tenemos que ser más efectivos en la acción, tenemos que garantizarles a estos niños y jóvenes que les va a ir mejor en la vida”.

El director recordó que es clave que se apruebe lo antes posible el proyecto que cambia la legislación adolescente y que también reforma el Sename, “porque el foco está puesto en la crisis de ese organismo, pero tiene que ser una mirada más global”.