De visita en Concepción, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, destacó que el hecho fue detectado por un control interno.

Diversas reacciones provocó la noticia publicada por Diario Concepción sobre la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado  (CDE) en contra de la encargada de presupuesto del Hogar de Lactantes Arrullo, Noemí Betanzo Otárola, el pasado 7 de junio.

La ex contadora, hoy fuera de Sename, está siendo investigada por haberse apropiado de los dineros destinados a pago de proveedores, mediante el sistema de la “bicicleta”.

En la querella queda constancia de que, en su declaración, la encargada de presupuesto afirmó haberse apropiado de 30 a 40 millones de pesos “y que este dinero lo gastó apostándolo en el casino, por lo que se puede presumir que las sumas de dinero fueron sustraídas y no fueron restituidas, causando un perjuicio fiscal equivalente a las cantidades antes mencionadas”.

La mujer cobraba los cheques, que estaban al portador, y los usaba para su beneficio personal, tras lo cual cubría las deudas con los documentos destinados a otros proveedores, se detalla en la querella.

La acción legal solicita que se cite a declarar a funcionarios del centro Arrullo; que la PDI realice un informe pericial contable sobre los pagos a proveedores entre los años 2007 a 2017; que se oficie al Hogar para que explique las funciones de la encargada de presupuesto y a BancoEstado para que remita los movimientos de la cartola bancaria del centro en el mismo periodo.

El caso, ya en manos del Ministerio Público, está siendo investigado por el fiscal Nelson Vigueras.

De visita en Concepción, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, se refirió al caso y aseguró que “la única opinión que podemos tener como Gobierno y como Ministerio de Justicia es que esto es condenable. Nosotros fuimos enérgicos desde un principio, hicimos las acciones que correspondían. Se solicitó al Consejo de Defensa del Estado que presentara una querella, y que entregara los antecedentes al Ministerio Público. Esta persona se fue de la institución y está siendo objeto de un sumario, actualmente en curso, por lo que quiero decirle a la comunidad que no vamos a dejar pasar este tipo de acciones. Condenamos lo que ocurrió y lo importante es ocuparse como ocurrió en este caso”.

Mena destacó que el hecho fue detectado por un control interno, y precisó que el sumario determinará si hay responsabilidad de otras personas en este caso.

La directora regional (s) de Sename, Marianela Estrada, recordó que esto se descubrió en marzo de este año, y se informó a la PDI, al CDE y a la Contraloría”.

Insistió en que la investigación establecerá si hubo otras personas involucradas y precisó que como servicio está dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario “y vamos a estar atentos a todos los requerimientos que nos hagan”.

Estrada precisó que se auditó ya la contabilidad del centro desde 2016 a la fecha, “pero como la ex funcionaria ingresó en 2007 se extendió la solicitud de algunos antecedentes desde esa fecha”.

Agregó que, pese a que Betanzo ya no es funcionaria de Sename, ya que renunció, quedaría con inhabilidades para ejercer en servicios públicos, si el sumario establece su responsabilidad en el fraude.

Falta de control

El ex director regional de Sename, Robert Contreras, aclaró que durante su administración en 2013 lo primero que hizo fue revisar ese centro.

“Me parece que la investigación es una buena medida para trasparentar los hechos y aclarar qué fue lo que pasó con las finanzas del Sename. Cuando asumí el cargo, solicité un informe de cada una de las unidades, incluida Finanzas, para ver cómo estaba la situación, y no había ningún antecedente que diera cuenta de una situación anómala en el hogar”, dijo el abogado, quien discrepó con las autoridades y aseguró que hubo fallas en los controles internos que hicieron que no se detectara esta situación, con lo que concordó Iván Arriagada, presidente regional de los Trabajadores de Sename (Antrase), quien dijo estar convencido de que hay responsabilidad de más personas en este caso.

“Hay que aclarar todas las responsabilidades y yo creo que no están siendo todo lo acuciosos que se debe. No creo que alguien pueda sacar algo de un servicio sin un visto bueno. Y lo peor es que se desvió una cantidad considerable de dinero de un servicio con recursos escasos”.