La audiencia será el 1 de agosto, pero sólo arriesgan penas menores y multas. La investigación partió tras la varazón masiva de langostino en las playas de Coronel.

Para las 9 horas del martes 1 de agosto próximo quedó agendada, en el Juzgado de Garantía de Coronel, la audiencia de formalización de la investigación por la contaminación que habría causado el complejo industrial Bocamina en las playas de la bahía de la comuna, entre 2012 y 2015.

A dicha audiencia deberán comparecer Mario Eugenio Enero Bravo, David Segundo Poblete Pino y Pablo Antonio Arnés Poggi -ejecutivos y profesionales Enel (ex Endesa)-, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de infracción al artículo 291 del Código Penal e infracción al artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura N°18.892.

El primero sanciona a quienes “propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población”, los que  serán penados con presidio menor en su grado máximo.

En cuanto a lo referido a la Ley de Pesca, sanciona a quien “con dolo o culpa introdujere o mandare introducir organismos genéticamente modificados al mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de aguas, sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 87 bis, y será sancionado con multa de 500 a 5.000 UTM y presidio menor en su grado medio.  En aquellos casos en que la conducta descrita en el inciso anterior causare daño al medio ambiente acuático o a otras especies hidrobiológicas o en caso de reincidencia, se aplicará la pena aumentada en un grado”.

En 2012, la fiscal Ana María Aldana, que abrió la causa tras la varazón masiva de langostino en las costas de la comuna, lo que ocasionó las denuncias de los pescadores  y algueros de la zona.

Para el alcalde de la comuna, Boris Chamorro, la formalización es un avance, “porque demuestra que nadie queda impune ante la ley producto de los niveles de  contaminación que se ha llegado en la comuna. Lo debatimos en el cabildo medioambiental que tuvimos en la comuna. Ahora trabajamos de cara a la ciudadanía, y no como antes, cuando se instalaron a espaldas de la ciudadanía, por eso agradecemos el trabajo de la fiscal Aldana y del Ministerio Público”.

El jefe comunal calificó a la empresa como “un mal vecino” y agregó que la comuna no se puede convertir en la batería energética de Chile a costa de la salud de sus habitantes”.

El diputado Marcelo Chávez, querellante en el caso, representando a algueras y pescadores, expresó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía. “Creemos que ya es hora  de los tribunales de Justicia.  Después de tanto tiempo, al menos la Fiscalía esté realizando el trabajo. Entendemos que no hay una penalidad alta, por lo que no habrá penas de cárcel, pero sí nos interesa que quede acreditado en un juicio el daño que empresas de esta naturaleza le han provocado a Coronel y eso es lo que esperamos que efectivamente suceda”.

El senador Alejandro Navarro recordó que el 29 de junio de 2012, junto al abogado Lorenzo Soto y el sindicato de Algueras y Pescadores Artesanales de Caleta Lo Rojas, presentaron la primera querella criminal por el daño ambiental  causado.

“Esta querella fue la que propició un acuerdo entre algunos sindicatos de pescadores y algueras de Coronel con Endesa, a través del cual casi dos mil personas de Coronel recibieron 7 millones 100 mil pesos para cada uno, es decir, cerca de 7 millones de dólares. Sin embargo, la Fiscalía siguió investigando”, dijo el senador Navarro.

En un breve comunicado, la empresa Enel Generación Chile se refirió al tema y aseguraron que siempre han colaborado con las autoridades. “La central  opera de acuerdo con los mejores estándares  internacionales y las leyes y reglamentos aplicables. La compañía confía en que el procedimiento en curso mostrará que sus operaciones se realizan de manera correcta”.