Esta semana se reunirán con autoridades del Mineduc, Subdere y Contraloría buscando frenar demandas por parte del magisterio.

Un documento emitido por el Ministerio de Educación al Departamento de Educación Municipal de Concepción podría significar un vuelco en el proceso de demandas millonarias que enfrentan los municipios por el no pago del bono proporcional establecido en la ley 19.933 para la mejora salarial de los profesores.

En el documento, solicitado vía Ley de Transparencia por el municipio penquista, el Mineduc consigna que no se han entregado partidas de recursos para el pago de este bono mensual (establecido en 2004), lo que según el director de Educación Municipal de Concepción, Carlos Mellado, confirma que no corresponde a las municipalidades realizar este pago, que en la comuna dirigida por Álvaro Ortiz significaría, en una primera instancia, la entrega de unos 450 millones del presupuesto municipal, al grupo en conflicto, sólo una porción de los más de 2 mil docentes que se desempeñan en la educación pública penquista.

Una tesis que la Asociación de Municipalidades, liderada en la Región por el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, intentará validar en tribunales para establecer un criterio unitario en el tratamiento de esta asignación. Esto, debido a que en todo el país se están llevando adelante procesos judiciales en que los municipios han sido demandados por parte del magisterio, con resultados dispares para ellos. “Según nuestra opinión los municipios han pagado de buena forma como la Contraloría lo ha establecido, pero los tribunales no han sido uniformes en este criterio”, señala Castro.

Efectivamente, la Corte Suprema ha zanjado favorablemente para los profesores varias de las causas, mientras otras todavía están en curso y en otras se ha logrado avenimiento. Este último es el caso de Santa Juana que debió entregar $100 millones a un grupo de docentes que recurrió judicialmente contra el municipio.

“Es una cantidad de dinero que nos afecta como comuna”, explica el alcalde, quien reconoce que los recursos deberán ser aportados del presupuesto municipal.

Una situación que ocurre en la mayoría de los casos, en que, al existir un déficit de recursos en materia de educación, son los presupuestos municipales los que aportan las brechas, lo que significa ya una merma para la planificación comunal, que se vería incrementada de hacerse efectiva la demanda de los profesores.

En el caso de Concepción, por ejemplo, los recursos asignados a educación alcanzan los $18 mil millones, a los que el municipio debe aportar unos 3 mil millones anuales del presupuesto general.

En Loa el conflicto está en una etapa inicial, en que el alcalde, Mauricio Velázquez, explica que el magisterio local le manifestó ya su intención de dar continuidad al conflicto que antes trataron con Patricio Marchanta. En este caso con cerca de $700 millones los que el municipio debería entregar a los demandantes. “Estamos a la espera de que lleguen las platas FEA (Fondo de Extención Académica), porque no contamos con dinero, tendríamos que acudir el presupuesto municipal”. En la ex comuna minera, el monto reclamado por los profesores significa cerca de un 10% del presupuesto municipal.

Cerca de 600 millones de pesos, en tanto, es el monto que podría pagar San Pedro de la Paz, en una situación que el alcalde, Audito Retamal, califica como muy delicada. “La demanda es absolutamente equivocada”, reclama.

Desde ayer y durante toda la semana los alcaldes sostendrán reuniones con autoridades nacionales buscando una salida para el conflicto que, dicen, es imposible de cubrir para la mayoría de las administraciones.