La acción legal fue presentada por Sebastián Pavlovic y pretende buscar las responsabilidades al interior de la aseguradora por la entrega de información falsa al regulador sobre la contabilidad de la empresa.

Durante la mañana de este viernes ingresó al sistema judicial del 7° Juzgado de Garantía de Santiago la querella, como víctima, de la Superintendencia de Salud en contra de todos quienes resulten responsables del delito de ocultación y entrega de información falsa a la entidad.

De acuerdo al libelo de 23 páginas, al que tuvo acceso Diario Concepción, se explica el rol que tiene la Superintendencia como regulador y las labores que debe realizar de cara a las isapres que funcionan en el país. Una de ellas es la fiscalización “la ley establece un sistema en que es de cargo de las instituciones previsionales, las que deben entregar información veraz al organismo fiscalizador, obligación que –entre otras- es la contrapartida de la libertad de actuación de las Isapres y de su facultad de captar cotizaciones de salud del público”.

La misma ley estipula que el plazo de entrega de esta información por parte de las empresas es “hasta el último día del mes subsiguiente a la respectiva fecha de cierre”. A esto, agrega la querella que “toda información relevante para fines de supervigilar y controlar a las instituciones deben ser informadas”.

Espejismo financiero

Bajo esta lógica, la acción legal del regulador apunta a la organización dirigida, en ese entonces, por Claudio Santander, “la que desde el último cuatrimestre del año 2015 presentó balances financieros con perdida, lo que llevo a exigencias adicionales. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2016 se le ordenó a la isapre un Plan de Normalización Financiera que no se cumplió”.

“Cuatro meses después, se le ordenó un nuevo Plan de Ajuste y Contingencia, que presentó observaciones”. Finalmente, el 27 de febrero de este año, la aseguradora informó que presentan al 1 de enero de 2016, un saldo activo por cotizaciones no declaradas por $7.292 millones. Con todo esto, la Superintendencia concretó la intervención de la empresa y las consecuencias que ya conocemos.

En otro acápite de la querella, el regulador explica que “se castiga el falseamiento u ocultación de información relevante a la autoridad administrativa, respecto a la que las isapres deben entregar”.

Las diferencias en los montos que encontró la auditora PwC, en lo pagado por concepto de IVA que la isapre estaba obligada a retenerlo y contabilizarlo, derivó en una controversia entre la auditora EY y Masvida, puesto que ambas entregaban versiones contradictorias que incluyen una diferencia de 20 mil millones de pesos. Lo anterior, junto a la no entrega de balances económicos certeros justifican el ocultamiento de información por parte de la gestión de Claudio Santander.

La Superintendencia de Salud pide a la Fiscalía Regional del Bío Bío que realice una serie de diligencias que incluyen la toma de testimonios a funcionarios de la empresa auditora EY, además de un ejecutivo de PWC Chile y una pericia contable que se pronuncie acerca de los estados financieros presentados por Masvida al organismo.

Otras diligencias

Alejandro Huerta Catalán es usuario de la empresa y presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de asociación ilícita, por presuntas irregularidades en sociedades anexas de los propietarios que mantenían contrato por asesorías con Masvida por un monto cercanos a los 2.112 millones de pesos.

Esta acción legal cita un fallo del año 2013 y menciona pagos a una sociedad de Claudio Santander y su esposa por $71 millones de pesos. También aparece “Asesorías Esam Ltda” del Gerente General Erwin Sariego, que recibió al menos $192 millones. Estos, más otros montos no han podido ser acreditados por el Servicio de Impuestos Internos ni ante un Tribunal tributario.

Es por este motivo, que Huerta pide que declare ante el fiscal Julio Contardo el actual director del organismo tributario, Fernando Barraza, con quien, el persecutor tiene una disputa ante la no presentación de querellas en la investigación en contra de las pesqueras de la Región.

La solicitud se basa en la no declaración de IVA por parte de la empresa, en el 7% de las cotizaciones entre 2014 y 2017, que asciende a 10 mil millones de pesos, incluyendo multas e intereses.

En conversación con Diario Concepción, el fiscal Julio Contardo señaló que ya formó un equipo para analizar los antecedentes remitidos desde la capital, en donde participarán los fiscales Marcela Barahona y Octavio Stuardo. En relación a las diligencias, el persecutor expresó que “todavía nos encontramos revisando la investigación del fiscal Carlos Gajardo, que es bien voluminosa, y recién ahí determinaremos las que realizaremos. Analizaremos todas las peticiones”, puntualizó.