El fallo determinó que hubo falta de servicio por parte del Estado, ya que el desborde de los cauces en el sector Collao fue por los trabajos que en ese entonces realizaba el MOP.

Tras 11 años de verse la causa en Tribunales, la Corte Suprema falló a favor de los 6 mil 630 vecinos inundados de Collao, Nonguén, Los Lirios, Villa Universitaria y la Isla Andalién en Concepción, quienes demandaron al Estado producto de los daños sufridos en la inundación del año 2006.

El dictamen del máximo tribunal del país determinó que hubo falta de servicio por parte del Estado, ya que el desbordamiento de los cauces fluviales se debió a los trabajos que realizaba el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces, y que provocaron que la lluvia llegara hasta el interior de las viviendas, lo que trajo cuantiosas pérdidas para los residentes.

Patricio Toledo, vocero de los delegados del sector, explicó que hay satisfacción porque por fin se terminó el largo proceso, pero que existe disconformidad por los montos otorgados, ya que partieron solicitando $35 millones, pero la Suprema les concedió $1 millón.

“Aspirábamos a más y nos encontramos con la sorpresa que nos dan este monto, pero no tenemos otra instancia y hay que aceptarlo, porque son 11 años luchando y al menos se comprobó que hubo falta de servicio por parte del Estado”.

De hecho, la Corte de Apelaciones penquista había rebajado el monto de $35 millones a $500 mil, pero finalmente el máximo tribunal la dejó en $1 millón.

Según acreditó la sentencia, el Estado incurrió en una falta de servicio, al no haber ejecutado las obras realizadas luego del desastre, tanto en el río como el estero, y que han impedido nuevos desbordes, no obstante tras 10 años los trabajos aun no concluyen totalmente, por lo que hay temor en los residentes de volver a inundarse este invierno.

Adolfo Ortega, abogado que ha representado a los afectados, señaló que “es así como se ha establecido que el Ministerio de Obras Públicas no realizó las obras que hubiesen impedido que los vecinos se inundaran y que las que se habían realizado hasta esa fecha, eran insuficientes y precarias, por lo que condena al Estado de Chile a pagar la suma de 1 millón de pesos a cada uno de los 6.630 demandantes”, explicó.

Para el senador Alejandro Navarro, quien patrocinó la demanda, “aquí la porfía del Estado quedó demostrada. Por ello tienen que asegurar que las obras hidráulicas, las obras civiles que se realicen sobre el estero Nonguén y el río Andalién de ahora en adelante, se realicen a cabalidad. Los planes maestros de ejecución de aguas lluvias y la obligación de hacer las obras datan de 1996 y del 2003, es decir, hubo antelación y tiempo para su cumplimiento. Sin embargo, está más que claro que estas no se realizaron y es lo que la justicia ha dictaminado”.