Entre 2014 y 2016 el Gobierno cerró 25 asentamientos precarios en la Región. Medida habría sido tomada para evitar tomas de terreno en un año electoral.

El que 2017 sea un año electoral generó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitiera una circular, dirigida a todos sus estamentos, donde se les pide cumplir el Decreto Supremo 105, vigente de 1980, que busca impedir que los habitantes de campamentos accedan a subsidio habitacional.

La medida, que busca reducir la posibilidad de nuevas tomas, indica que “los que ocupen ilegítimamente o usurpen inmuebles de propiedad del fisco, de las municipalidades, de los Servius, de entes públicos o privados y de particulares, quedarán inhabilitados para ser asignatarios de una vivienda social o de una infraestructura sanitaria”.

El decreto señala también que dichas familias no cuentan con el derecho de obtener una vivienda mediante el sistema de postulación a través de los Serviu o del derecho a ser beneficiario de subsidio habitacional, o de subvenciones, o ayudas en cualquiera de los sistemas habitacionales que operen a través de los Serviu o de las municipalidades.

La medida, según el director regional de Techo Chile, Nicolás Villanueva, la decisión no se condice con la realidad que reveló el Catastro Nacional de Campamentos, publicado en 2016 por su institución, donde se reveló que 38 mil familias se encuentran en dicha situación y, según la Encuesta Nacional de Campamentos, efectuada en 2015, sólo el 5% de las familias de la Región que decidieron ir a vivir a un campamento lo hicieron como una estrategia para obtener un subsidio.

Sin sentido

Villanueva precisa que el ritmo de entrada a campamentos es de aproximadamente 3.000 por año en el país, pero la salida es sólo de 900. “Los campamentos en el Gran Concepción como el de la ribera norte del Bío Bío tienen en promedio más de 50 años y los de los cerros de Talcahuano más de 30”.

José Luis Sepúlveda, jefe de la división política habitacional del Minvu, explicó a medios nacionales que el instructivo se aplica a las nuevas tomas que se puedan generar y no a los campamentos existentes en los que se está trabajando en diversas soluciones. De hecho, el Minvu cuenta con herramientas como el subsidio de arriendo, asignaciones directas a casos críticos, como víctimas de violencia o damnificados.

Villanueva fue enfático al indicar que si el decreto corre, tal como está redactado eliminará la posibilidad de cientos de familias de la Región de postular a beneficios habitacionales. “No hay ningún estudio que indice que en años electorales se formen nuevas tomas, por lo que esperamos que no se le de curso”.

Dijo que la medida debe ser reconsiderada por el Gobierno, pues es un decreto emitido en plena dictadura que no tiene sentido ahora de acuerdo a la realidad actual. “Nunca había sido aplicado según nuestra experiencia por el Serviu y el Minvu en la Región”.

El director de Techo Chile destacó que en Bío Bío más de 7.500 familias viven en campamentos, segunda región a nivel nacional, la primera es Valparaíso con 10.000 familias y la tercera Antofagasta con 6.600.

“En la cuenta pública sólo se mencionó una vez a los campamentos, no es visto como prioridad. Creemos que el problema es el Minvu cuenta con un catastro vigente a 2011, pero que no reconoce a los nuevos campamentos, lo que hace necesario contar con una nueva medición”.

Si bien, a nivel local las autoridades no entregaron una versión al respecto del reflotado decreto, en la última cuenta pública que realizó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo, se informó que a nivel regional se cerraron 25 campamentos entre 2014 y 2016, lo que benefició a 1.108 familias y que implicó una inversión de $9.498 millones.

En la instancia el jefe local del Minvu destacó que se estima que este año se cerrarán 15 campamentos y 21 en 2018.