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Andrés Mahnke, defensor nacional: "Nunca un defensor va a tener la intención de dañar a una víctima"

Considera infundadas a las críticas sobre el manejo de la Defensoría en el caso Nabila Riffo, y precisa que en mayo comenzará la defensa especializada para mujeres privadas de libertad.

Por: Diario Concepción 01 de Abril 2017
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Considera infundadas a las críticas sobre el manejo de la Defensoría en el caso Nabila Riffo, y precisa que en mayo comenzará la defensa especializada para mujeres privadas de libertad. 
 

Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En un año particularmente marcado por la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, el defensor nacional, Andrés Mahnke, anunció la creación de la línea de defensa especializada para mujeres privadas de libertad.

Casos como el de Lorenza Cayuhan, la mujer mapuche imputada por un robo con intimidación y que fue obligada a parir engrillada y con la presencia de un gendarme y el de Nabila Riffo, víctima de un brutal ataque donde perdió sus ojos, pusieron en tela de juicio el trato que tiene la justicia hacia las mujeres, ya sean víctimas o imputadas de delitos. 

De visita en la Región del Bío Bío, Mahnke respondió los cuestionamientos a la justicia por estos casos y reveló las acciones que está realizando la Defensoría para mejorar su trabajo.

– ¿En qué consistirá esta defensa especializada y cuándo comenzará?

– Queremos que comience a funcionar el 2 de mayo. Es una primera oficina que va a funcionar en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Si hay algo que distingue a las personas que defendemos, desde el punto de vista del género, es la privación de libertad. Puede ser que en un control de detención o en un juicio no sea tanto, pero una mujer privada de libertad es una mujer separada de sus hijos, es una jefa de hogar separada de su organización familiar, es una madre que va a dar a luz o tiene hijos recién nacidos, y ellos van a estar viviendo con ella en un recinto penitenciario por dos años, entonces son condiciones más intensas que la privaciones de libertad que un hombre, y como defensores debemos poner atención a esa condición. Y con esta apertura estamos fortaleciendo el modelo de defensa penitenciaria. 

– ¿Hay alguna posibilidad de que esta defensa penitenciaria para mujeres llegue a Bío Bío?

– Somos cuidadosos en el uso de los recursos, por lo que la primera experiencia será en San Joaquín. Habrá periodo de instalación y de evaluación y luego se extenderá esta defensa al territorio nacional. Pero iniciamos en Santiago y luego nos movemos a Bío Bío y Valparaíso, por lo que seguramente la segunda etapa va a estar en esta región. 

– ¿Influyó en esta decisión el caso de Lorenza Cayuhan, que ha sido emblemático en cuanto a reflejar las condiciones en las que viven las mujeres privadas de libertad?

– Directamente no, pero fuimos una Defensoría que intervino directamente en el hecho, presentando los recursos que correspondían y llevarlos a la Corte Suprema, y creo que en la intensidad con que el Departamento de Estudios de la Defensoría lleva a acelerar la mirada hacia las mujeres privadas de libertad estuvo presente el caso de Lorenza Cayuhan. 

– Algo completamente distinto ocurrió con el caso Nabila Riffo, donde Fernando Acuña, defensor del imputado Mauricio Ortega, fue ampliamente criticado por la ciudadanía por sus preguntas sobre la vida sexual de la mujer. ¿Cómo tomaron esas reacciones?

– Le han dado duro a los defensores de Aysén por ese caso. Las tomamos en cuenta, pero muchas de ellas fueron muy infundadas. Nunca un defensor va a tener la intención de dañar a una víctima o afectar su integridad. Todo lo contrario. Nuestros estándares de comportamiento ético y probidad dicen relación con el comportamiento que tenemos que tener respecto a las personas que defendemos, pero también de las víctimas y de los intervinientes del proceso penal. De hecho, la pruebas de la defensa en ese caso todavía no parten, pero lo que sí podemos decir es que no es él (Ortega) el autor de las agresiones. Y para eso hay pruebas, que aún no se han exhibido. Dicho eso, si tuviéramos problemas con defensores que no tienen un comportamiento ético adecuado, el único afectado sería su representado, porque si se dedicaran a denigrar a la víctima, van a tener resultados nefastos en el juicio. 

– Pero preguntarle a una víctima de un caso tan violento como éste sobre su conducta sexual, ¿no es denigrarla?

– No quiero entrar en el detalle. Por eso, me parece que si se deben tocar estas temáticas, debe hacerse en privado. Hay derechos preferentes a otros, y el derecho a la información y a la publicidad de las audiencias debe ceder, en espacios limitados, a la integridad y la dignidad de las personas. Cuando se van a hacer preguntas de esa naturaleza tienen que hacerse no con transmisiones en directo, como si esto fuera un reality, y sin presencia de público en la sala, tal cual se hace en protocolos de acuerdo de los niños, niñas y adolescentes que declaran como víctimas y testigos. Los temas complejos tienen que tratarse de esa forma, pero si hay transmisiones en directo que más encima son replicadas por los matinales, con un impacto inconmesurable, el defensor se podría haber quedado callado y se habría afectado igual su dignidad. Ahora, en cuanto a qué tiene que ver la vida sexual de una persona frente a una agresión, nada. 

Nada justifica que una mujer sea agredida tan brutalmente como fue agredida Nabila Riffo, lo que pasa es que hay ciertos episodios de una vida personal de una víctima que son determinantes para comprobar la participación de terceros, y que son distintos al imputado que está defendiendo el defensor público y ésa es la línea que él explora. La agresión existe y merece una sanción, pero la persona que se está imputado no fue, fue otra persona, vinculada con la víctima, y es lo que se trata de determinar, pero no para enjuiciarla, y el defensor está obligado a tomar esa línea investigativa. 

Esos antecedentes existen y dicen que por ADN hubo intervención de terceros. Si no existiera esa línea, el defensor no le habría preguntado por esto y entraría a un procedimiento sancionatorio de la Defensoría, porque está fuera de los estándares de probidad que tenemos como institución. 

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