Transcurridas las dos primeras semanas de marzo, la incertidumbre respecto de los cambios al proyecto sobre educación superior continúa. Lavanchy rechaza la idea de simplemente "achicarlo".
 

Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl

"El vicepresidente del Cruch ha sido muy duro y planteado que hay responsabilidades políticas que debieran hacerse valer, la verdad es que concuerdo con él", afirma el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy. 

El problema, dice la autoridad UdeC, es que es difícil determinar a estas alturas de quién pudieran ser estas responsabilidades pues, argumenta, las modificaciones realizadas al articulado desde la época de Eyzaguirre como ministro de Educación a la de Adriana Delpiano son escasas. "¿Cómo y quienes hicieron este proyecto? La verdad aparece un poco huérfano", critica el rector.

Por eso, agrega, resulta contradictorio que se pretenda hacer simplemente "ajustes cosméticos" a lo presentado, cuando la realidad es que a su juicio se requiere de un cambio estructural.

"Si se va a presentar una división o reducción, pero no hay un cambio conceptual de lo que ha sido este proyecto vamos a seguir en el status quo y con las diferencias existentes en el seno del Consejo de Rectores".

Una de las principales preocupaciones frente a lo que viene apunta a cuál será en definitiva la política que tomará el Gobierno en cuanto a la naturaleza jurídica de las instituciones.

Recalca ( como lo ha hecho a lo largo de toda la tramitación del proyecto) que en ningún caso se opone al fortalecimiento de las estatales, pero que se requiere un trato igualitario para universidades que han sabido cumplir con un rol público y cumplido los estándares de calidad.

Destaca que sólo una de las tres instituciones que cuentan con la máxima acreditación por la CNA es estatal, esto es la Universidad de Chile. Tanto la Universidad de Concepción, como la Católica de Chile, pertenecen al G9.

"Lo que queremos es un reconocimiento real respecto de otro grupo de universidades que ha demostrado que lo que ha hecho, o lo que puede seguir haciendo, es de igual valor, en todos los aspectos que se quieran evaluar, a lo realizado por las instituciones estatales".

Y agrega preocupado: "¿dónde se refleja en este proyecto que se va a reforzar a aquellos planteles que bajo los mismos parámetros de medición están haciendo con calidad la función universitaria y la formación de profesionales? En ninguna parte".

Tampoco aprueba la eliminación, como en un momento se planteó, del trato preferente a las estatales para luego incorporarlo en una nueva ley. Para Lavanchy, lo que se reforme debe ser un cambio que se proyecte por 25 ó 30 años y no una ley para cambiarla cada cierto tiempo. Se requiere, plantea, establecer bases sólidas para una educación superior de calidad, concepto ausente, dice, en el actual articulado. 

Otra de las alertas tiene relación con los plazos. Efectivamente, se espera que durante marzo se presenten por fin las modificaciones por parte del Ministerio. 

Cabe recordar que en su paso por Concepción a principio de mes, la ministra Delpiano mencionó que la decisión de su cartera era la de "achicar" el proyecto, dejando fuera por el momento el concepto de "indicación sustitutiva" expuesto en la presentación del Mineduc ante el Consejo de Rectores hace unos meses.

Esto anticipa nuevamente un fuerte debate que podría retrasar la tramitación y postergar la promesa de dejar fuera para 2018 el uso de una glosa presupuestaria en la asignación de gratuidad. 

"Para eso se requiere una ley aprobada y los plazos se acortan. Sabemos que en el Congreso hay proyectos más simples que se han demorado mucho más que lo que se requiere para poder incluir la gratuidad 2018 en la ley. Además es un año electoral", analiza Lavanchy.

En resumen, todo lo avanzado vuelve a fojas cero en cuanto a lo comunicado por la ministra. Recién a fines de mes se realizará un nuevo encuentro del Consejo de Rectores, por lo que los cambios a introducir no serán socializados, salvo en caso de un encuentro excepcional, con los representantes de las casas de estudios.

Frente a esto el Cruch ha delegado en los representantes de casas de estudios con sede en Valparaíso, entre los que están Aldo Valle, vicepresidente del Cruch, el presidente de las agrupaciones regionales, Patricio Sanhueza y el líder del G9, Claudio Elórtegui, la misión de dialogar con los congresistas. 

"De pronto sentimos que todo el trabajo hecho fue casi tiempo perdido. Mucho tiempo invertido en hacer propuestas coherentes que no han sido consideradas. Tiene que cambiarse la orientación de este proyecto en lo fundamental", remata el rector UdeC.