Tras el caso de un imputado que tomó como rehén a un juez en Santiago, comenzó una mesa de trabajo, encabezada por el ministerio de Justicia. Se realizará un catastro de las medidas de seguridad en los juzgados.
Tras el caso de un imputado que tomó como rehén a un juez en Santiago, comenzó una mesa de trabajo, encabezada por el ministerio de Justicia. Se realizará un catastro de las medidas de seguridad en los juzgados.
Una serie de cambios en la seguridad de los Tribunales de Justicia provocó la fuga del reo Leonardo Azagra Valdivia (25), el pasado lunes desde el tribunal de Garantía de San Bernardo, quien hirió con un cuchillo a un gendarme, le arrebató la pistola y se llevó de rehén al magistrado Sergio Henríquez, a quien liberó antes de robar un taxi y herir a su conductor con la cacha de la pistola.
Entre sus antecedentes, el preso, detenido ayer en un domicilio ubicado por Carabineros en avenida Antonio Varas en San Bernardo, está la muerte de una mujer de quien intentó abusar y luego mató azotándole la cabeza con una piedra.
Tras el grave hecho, en Santiago se constituyó la Mesa de Seguridad en Tribunales, entre el ministerio de Justicia, Gendarmería y el Poder Judicial.
En la región del Bío Bío, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Margarita Sanhueza, confirmó que a nivel nacional se solicitó un catastro de la seguridad de los juzgados. En la zona, el plazo para entregarlo es el próximo viernes 24.
"Es cierto que Santiago tiene una mayor peligrosidad que esta zona, pero la Asociación Nacional de Magistrados nos ha pedido que, tribunal por tribunal, se informe acerca de su seguridad y con eso se va a hacer una presentación a la Corte Suprema. Sin perjuicio de que, una vez de que tengamos el informe de cada uno de los tribunales, lo volvamos a hablar con el presidente de la Corte de Concepción, Gendarmería y seremi de Justicia para actualizar algún protocolo para nuestra jurisdicción, en espera de lo que se pueda resolver en Santiago, porque hay cosas que se pueden hacer aquí", dijo la magistrada, quien adelantó que no sólo hay problemas en los tribunales de Garantía y Penal, sino que en Familia.
"Este tipo de situaciones podrían suceder siempre, acá en la región ha habido situaciones de menor gravedad, pero creo que no se ha evaluado el problema de seguridad de los intervinientes, como de los jueces y funcionarios. Gendarmería tiene protocolos antiguos y creo que no evalúa constantemente el criterio que debe aplicar a la hora de ver los traslados de los reos, porque cuando llegan imputados libres y se decreta la prisión preventiva, a veces no hay funcionarios de Gendarmería para que los lleven al penal".
Margarita Sanhueza también es la jueza titular del Primer Juzgado Civil penquista y recordó que en la zona ha habido casos donde hubo peleas entre familiares de imputados que se agredieron en la sala. "También en Familia los participantes discuten y siguen discutiendo afuera, entonces hay que evaluar el sistema de seguridad que tienen los Tribunales. La gente está mucho más agresiva, el respeto a la autoridad es bastante menor, creo que antes era inimaginable que se hubiera tratado a un juez como en este caso", precisó.
En cuanto a las medidas de seguridad, agregó que Gendarmería tendrá que evaluar qué tipo de peligrosidad tienen los imputados para dar más o menos seguridad, "porque si es alguien que tiene órdenes de detención, que porta armas, evidentemente que es más peligroso y el resguardo tiene que ser mayor. Creo que en la región hay un mayor criterio por parte de Gendarmería, pero la falta de personal a lo mejor influye en otras regiones".
La jueza insistió en que los protocolos también deben revisarse en el momento. "A veces sobrereaccionan, como es el caso de imputados de alguna etnia, y eso no puede ser, hay que tener un protocolo que sea acorde a estos tiempos. También la planta ha ido aumentando, peo la población penal también, entonces creo que quedan cortos a la hora de los traslados, porque algunos Tribunales no tienen Gendarmería, sino que sólo guardias de seguridad ".
Recordó que cuando comenzó la Reforma Procesal Penal, la exposición en la que quedaban los intervinientes con un sistema abierto al público se representó a todas las entidades que participaron, "pero al final nadie se hizo cargo del asunto. De hecho, en las salas de audiencia, los participantes y la gente se pueden encontrar. Y si no se dan los resguardos, mal podemos hacer algo nosotros, porque la seguridad en los Tribunales está a cargo de Gendarmería", dijo la jueza, quien aseguró que hoy, tras lo ocurrido en Santiago se deben tomar medidas, "porque se toma el tema con liviandad, pero es mejor prevenir que lamentar. Yo creo que éste es el momento de hacerlo".
Propuestas al parlamento
El fiscal regional, Julio Contardo, contó que hace un año trabajan junto al fiscal Raúl Guzmán, de la Fiscalía Sur de Santiago, en una mesa de trabajo para seguridad de los fiscales, junto al senador Felipe Harboe, las que serán propuestas al parlamento, en modificaciones legales respecto a lesiones y amenazas a los fiscales. En ese contexto, también se habían reunido con Gendarmería para revisar las medidas de seguridad hacia los persecutores.
"Acá estamos tratando con las jefaturas nacionales de Policías y Gendarmería, para su resguardo en el sitio del suceso, en los traslados y en las salas de audiencia, lo que también debe ser extensivo a jueces y defensores", dijo Contardo.
En Bío Bío, se han registrado situaciones de riesgo. La última fue el 14 de julio pasado, cuando una turba de al menos 60 personas apedrearon el tribunal de Cañete tras decretarse la prisión preventiva de dos comuneros mapuche. Tras ese hecho, se decretaron medidas para proteger la seguridad de ese lugar.
"El problema es que siempre ha sido reacción frente a las situaciones que se registran. Hemos tenido amenazas, de agresión a fiscales, más allá de los insultos. Pero estimamos que las personas que vamos a trabajar a un tribunal no tenemos por qué vernos expuestos a agresiones de ningún tipo, desde una agresión verbal hasta física, por lo que el Estado debe responder muy claramente para que no se repitan sucesos como el ocurrido en San Bernardo, con sanciones concretas a quienes tienen estas conductas".
Contardo concordó con la magistrada Sanhueza en cuanto a la falta de dotación de Gendarmería. "Tenemos muy buena relación con ellos, pero se nota una escasez, y entregar la responsabilidad de un tribunal a guardias privados aparece como liberación de responsabilidad del Estado en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces hay lugares donde no hay Gendarmería en todos los tribunales y sólo llegan para hacerse cargo del imputado si se decreta su prisión preventiva".
Esto, porque aclaró que los guardias privados se hacen cargo del perímetro y del interior del tribunal, pero las audiencias son custodiadas por Gendarmería.
El fiscal regional insistió en que ya se han tomado medidas internas de protección a los fiscales, tanto en Santiago como en Bío Bío. "Acá tenemos protocolos de seguridad para situaciones de riesgo, como en audiencias complejas o en el sitio del suceso. Tenemos buena relación con las policías y con Gendarmería, pero en el caso de esta última, sabemos que la dotación es escasa. Si hubiera más gendarmes, probablemente la seguridad nuestra en las salas de audiencia estaría más garantizada, pero hoy no es así. Nosotros tomamos medidas antes de las audiencias para que el fiscal vaya debidamente protegido, pero situaciones de riesgo pueden producirse en cualquier momento y que no sean previsibles. Esas son las que nos preocupan".