Osvaldo Pizarro aseguró que ninguno de los imputados es autor de los graves incendios que afectaron a la Región en enero pasado. Agregó que no hay antecedentes suficientes para justificar la cárcel para estas personas.
Osvaldo Pizarro aseguró que ninguno de los imputados es autor de los graves incendios que afectaron a la Región en enero pasado. Agregó que no hay antecedentes suficientes para justificar la cárcel para estas personas.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
Una verdadera sicosis se vivió en la Región con motivo de los incendios forestales. Las redes sociales se inundaron de fotografías de personas que supuestamente los habían provocado.
En la zona, fueron 11 los detenidos por estos hechos, pero según el defensor regional, Osvaldo Pizarro, ninguno de ellos está imputado por megaincendios, sino que por quemas de pastizales o por superficies menores. De los detenidos hay cinco en prisión preventiva, ya sea porque tenían antecedentes penales o porque fueron detenidos estando vigente el Estado de Catástrofe, lo que constituye una agravante.
Pizarro explicó que los incendios se sancionan de dos formas. La primera es mediante la Ley de Bosques, que sanciona dos conductas: a las personas que utilizando fuego, lo hacen de manera negligente en zonas rurales, y que genera daños, pero la lógica es que el uso del fuego se hace de manera negligente.
La segunda figura sanciona a aquellos que de manera negligente utilizan la técnica del roce de fuego como elemento controlador de maleza, en la limpieza de campos.
En la segunda forma, en el delito de incendio, contemplado en el Código Penal, se asimila a un estrago. "Es decir, cuando la acción del fuego se torna absolutamente incontrolable y genera daños y para eso tiene que haber un actuar doloso. La persona sabe que a través del fuego va a generar una catástrofe", precisó el abogado.
Pizarro agregó que en el segundo caso hay intención de la persona y sus penas están asociadas a los daños causados a un fuego descontrolado e ingobernable.
En Bío Bío, hubo detenidos bajo las dos figuras. Sin embargo, algunos ni siquiera llegaron a ser formalizados.
Bajo la Ley de Bosques, fueron siete los detenidos: el 25 de enero, en Bulnes fueron Víctor Becerra Robles (24) y Mauricio Novoa Díaz (25), estudiantes que estaban realizando faenas agrícolas, cuando decidieron prender un matorral con la técnica del roce de fuego, que se usa para quemar rastrojos o maleza y que es común en el campo.
"Ellos son estudiantes universitarios, contratados para estas faenas, y se les arrancó el fuego. Lo peor fueron las condiciones climáticas, mucho viento, calor y material combustible. La de ellos fue una conducta negligente, que en otras condiciones climáticas no habría causado mayor daño", dijo Pizarro.
En este caso, ambos quedaron con firma mensual y arraigo nacional. Según la Fiscalía, los daños en los sectores de Santa Elena y Libuy de Bulnes, llegan a los $1.800 millones.
Un caso fortuito fue lo que ocurrió en Pinto, el mismo día, cuando Sergio Osorio San Martín (63) manipuló un equipo de soldadura y una de las chispas emanadas de la herramienta habría originado el siniestro que afectó cultivos y algunos árboles. Fue formalizado por la ley de bosques y quedó con arraigo nacional.
"Tenemos otra persona que genera un daño por accidente, y en este caso creemos que debería abordarse así, porque no hubo consciencia de usar el fuego para poder quemar rastrojos, como dice la Ley de Bosques", precisó el defensor.
Sin formalización quedó Benjamín Israel Díaz Cares, de 19 años, quien fue detenido el 28 de enero tras ser visto por vecinos con el torso desnudo y haber presuntamente causado el incendio forestal del sector de Periquillo, entre las comunas de Chiguayante y Hualqui.
No fue formalizado porque durante la audiencia la Fiscalía solicitó ampliación de la detención, la que fue rechazada y quedó libre. La Defensoría precisó que amigos y vecinos señalan que él estaba ayudando en el combate de las llamas.
"Nunca lo formalizaron porque se dieron cuenta de que no había antecedentes para hacerlo. Lo peor fue que lo expusieron a los medios como el pirómano de Hualqui y se difundieron fotos de él por redes sociales. Él fue víctima de una imputación falsa y le generaron un perjuicio enorme", contó.
También sin formalización quedó Patricio Inostroza Inostroza, detenido en Curanilahue el mismo día. El hombre dormía en un cerro y es adicto al diluyente, por lo que hizo fuego en un tarro. Estuvo detenido hasta el 31 de enero y a su audiencia llegaron los abogados querellantes de la Intendencia y Bosques Arauco, pero el Ministerio Público informó que no se realizaría la formalización, por cuanto, la pericia evacuada por Labocar indicaba que el tarro sólo tenía restos de diluyente para el consumo.
"En este caso, también fue denunciado por vecinos. Él apenas hizo fuego en un tarro, pero nada más", precisó Pizarro.
Un día después, en panne quedaron Ricardo Ovando Tapia y Jonathan Parra Cid, quienes fueron detenidos tras eludir una fiscalización en la Ruta 160, en Arauco, intentaron atropellar a funcionarios de Carabineros y luego se dieron a la fuga efectuando dos disparos contra el personal policial. En el auto en el que se movilizaban se encontró un bidón de cinco litros con bencina. La defensa señaló que llevaban el bidón de combustible porque habían quedado en panne un rato antes.
En esta causa finalmente sólo fueron formalizados por tentativa de homicidio a carabinero en servicio, la que se hizo consistir en evadir el control policial e intentar atropellar a uno de los funcionario, pese a que, según la defensa, no se encontró arma de fuego, ni casquillos o proyectiles en el sitio del suceso. Pero como tenían antecedentes penales, quedaron en prisión preventiva.
"La estrategia será acreditar que la imputación por la tentativa de homicidio no corresponde, porque no hay rastros ni de arma ni de municiones", dijo Pizarro.
El 2 de febrero se detuvo a Alonso Mendoza Muñoz, en Yumbel, porque habría apagado mal un cigarro, lo que causó la quema de un pastizal, por lo que el hombre quedó con arresto domiciliario nocturno.
Y el último caso es el de Victorina Pinichao Pinaleo (28), quien estaba quemando basura en su casa, en Santa Bárbara, el 5 de febrero, quemando rastrojos en su sitio de 10 metros cuadrados y quedó con arraigo nacional.
"A ella se la persigue por haber utilizado el fuego de manera poco diligente, pero en ninguno de estos casos hay alguna persona a la que se le haya imputado la autoría de la megacatástrofe con ocasión de los incendios forestales", sostuvo.
Presos por agravante
En cuanto a los casos donde se imputó el delito de incendio según el Código Penal, y en tres de ellos se aplicó la agravante de estar bajo estado de catástrofe.
En Curanilahue, el 26 de enero se detuvo a Juan Carlos Mendoza Peña, de 30 años, quien habría sido sorprendido prendiendo fuego en una zona boscosa de pastizales y matorrales, pero el imputado aseguró que su intención efectuar un cortafuego. Producto del incendio apenas resultaron dañados dos metros cuadrados de pastizales, ya que el siniestro fue controlado por Bomberos y Carabineros.
Pese a eso, fue formalizado por el delito de incendio se dio lugar a la prisión preventiva, por considerarlo un peligro para la sociedad.
Por el mismo motivo quedó en la cárcel Analía Yasmira Pacheco Ramírez, de 26 años, detenida en Yungay el 27 de enero. Según su declaración, prendió fuego en un predio de propiedad de Forestal Arauco, donde resultaron dañados 400 metros cuadrados de pino de 8 años avaluado en $500 mil. Posteriormente, realizó la misma acción en el terreno de un vecino de ella, lo que dañó 1.050 metros cuadrados de matorrales.
Sin embargo, la Defensoría argumentó que la mujer padece problemas psiquiátricos. "En la región hay casos similares y las personas han quedado sobreseídas por ser inimputables o el caso termina con una salida alternativa", precisó el abogado.
Por la denuncia de los vecinos fue detenido Erasmo Jara Rozas, de 34 años, quienes aseguraron que lo vieron salir de unos matorrales desde donde salía fuego, por lo que lo amarraron de pies y manos y lo entregaron a carabineros, en un hecho que ocurrió en la villa Badarán de Talcahuano, el 1 de febrero.
Tras los peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se logró precisar que el territorio quemado corresponde a 180×70 metros. Sin embargo, y considerando la agravante del Estado de Catástrofe, también quedó en prisión preventiva. "Pero esto no corresponde a la situación de incendio incontrolable con dolo, por lo que debió haber sido formalizado por la ley de Bosques".
El 5 de febrero fue detenida Yasna Parra Chávez, de 43 años, en Mulchén, quien, tras una discusión con su pareja, estando ambos en estado de ebriedad, habría encendido fuego al predio donde vivían, lo que ella niega. El problema, dijo el defensor, es que no hay informe de bomberos ni causa del incendio. Sólo se quemó un pastizal y no se invocó la agravante del estado de catástrofe.
Para el defensor regional, "para poder imputar de manera seria el delito de incendio hay que tener medios de prueba que de manera científica logren determinar que una persona utilizó fuego en forma dolosa para generar daños o poner en riesgo la vida de las personas. En ninguno de estos casos se da esa hipótesis".
Más aún, ninguno de ellos corresponde a los incendios de mayor magnitud. Sólo en el de Bulnes hubo una mayor superficie quemada, pero se acreditó que fue un actuar negligente y no doloso, precisó Pizarro.
"Queremos demostrar que hasta el momento no hay pruebas suficientes para poder acreditar la existencia del delito de incendio. En el caso de las personas que no tienen antecedentes y fueron formalizados por la ley de Bosques, deberían terminar sus procesos con salidas alternativas y sin ser estigmatizados como los autores de la megacatástrofe que ocurrió en la región", finalizó el profesional.
Recordó que esto es similar a la lo que ocurrió tras el terremoto, donde hubo personas imputadas por saqueos y finalmente se acreditó su inocencia, "pero que pagaron con cárcel este temor social. Tal como hicimos en 2010, vamos a demostrar que no debieron quedar privadas de libertad, porque los antecedentes no eran suficientes o porque eran desproporcionada la imputación del delito en su contra".