Varios desencuentros entre la inmobiliaria Levante y los ex propietarios han dificultado su reparación. Desde 2014 que se trabaja en un proyecto que permita la recuperación de los departamentos.

 

Carolina Abello Ross
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En octubre de 2014, un acuerdo logró poner fin al conflicto entre 99 ex residentes del edificio Plaza del Río y la inmobiliaria Levante, quienes habían interpuesto acciones penales y civiles tras el colapso del edificio debido al terremoto de febrero de 2010.

El acuerdo contempló el pago de mil 500 millones de pesos para los afectados, a cambio de sus derechos en los departamentos. Además, se firmó el compromiso de reconstruir la torre B de la estructura ubicada en calle Salas 1343. La torre A fue demolida tras el mega sismo. 

Sin embargo, un grupo de 24 ex vecinos del edificio decidió no demandar o se restaron del acuerdo judicial, y optaron por no ceder sus derechos de propiedad y esperar que la inmobiliaria reparara sus departamentos.

A poco más de dos años, la torre B aún no es reconstruida, ya que se ha dificultado llegar a consensos entre la empresa y los ex residentes. Por eso, Levante contrató al abogado Juan Silva Correa, como presidente del comité de administración de la comunidad del edificio, para favorecer la cercanía entre ambas partes. 

El profesional explicó que la sociedad inmobiliaria Levante tiene el 83,2% de los derechos de toda la propiedad, considerando las dos torres, por lo que la comunidad la forma la inmobiliaria Levante con los 24 propietarios que restan. 

"A través de un mandato que le dio toda la comunidad el año 2014, en una asamblea, la inmobiliaria quedó con la potestad de realizar estudios y contratar profesionales para reparar la torre B. Para ello se entregó un presupuesto estimativo, que debe ser financiado por todos los copropietarios, tanto inmobiliaria Levante, que tiene un gran porcentaje, como los 24 copropietarios que quedan", explicó Silva, quien agregó que el presupuesto para reparar la estructura asciende a mil 500 millones de pesos. 

"En la última asamblea, la cual presidí, acordamos, con algunos vecinos, revisar el presupuesto, ajustarlo y llevarlo a asamblea, ya que cada co propietario tiene que poner dinero para reparar el edificio, y eso fluctúa entre los 12 y los 20 millones de pesos para poder reparar". 

El abogado insistió en que la inmobiliaria no tiene inconvenientes en llevar a cabo la reparación. "Sin embargo, se le entregó este presupuesto a los copropietarios y ellos tienen que ver cómo reúnen el aporte que tienen que hacer y estamos buscando las mejores opciones, para lo que esperamos realizar una asamblea lo antes posible". 

Agregó que ya se les enseñó una proyección de cómo podría quedar la torre, diseñada por el arquitecto Carlos Belmar , el mismo que diseñó la estructura antes de su colapso, "y a ellos les pareció bastante bien, por lo que creo que resta lo más difícil, y es que cada persona diga: "De acuerdo a la superficie de mi departamento, me corresponde aportar tal cantidad de millones". Tendrán que a lo mejor ir a algún banco o buscar la mejor forma de aportar". 

Pasado ese etapa, Silva agregó que la inmobiliaria pretende licitar la construcción de la torre B "para seleccionar los tres mejores y ver quién repara. No lo quiere hacer la inmobiliaria ni ninguna constructora relacionada con ella, para hacerlo de la forma más transparente posible". 

Las opciones

En 2014, la inmobiliaria asumió la custodia del lugar, la que antes estaba a cargo de los propietarios. Tras el terremoto, el edificio sufrió destrozos, robos y fue ocupado por indigentes. 

"Precisamente, la inmobiliaria tuvo que preocuparse de sacar a toda esa gente que estaba allí viviendo de forma ilegal. Contrató una empresa con guardias que lleva años allí, para que no hubiera más robos y destrozos de los que ya hubo, lo que hizo mandatada por la comunidad, y se tiene que rendir cuentas de todos estos gastos". 

Uno de los puntos que tiene molestos a los co propietarios es la forma en cómo se ha administrado el seguro de áreas comunes, que asciende a 400 millones de pesos. 

"Ese seguro se le entregó a la inmobiliaria, y está contabilizado dentro del presupuesto general, al que se le han descontado todos los gastos que se han hecho hasta el momento, pero es menos de un tercio de lo que se requiere para la reparación total. Todos lo sabían, la gente tiene mala memoria, porque eso se les informó. Hay una diferencia, que tienen que absorberla los propietarios", dijo el abogado Silva. 

En el caso de que la torre no se pueda reparar por falta de dinero de los propietarios, el profesional explicó que se puede recurrir a la banca y buscar una alternativa, "donde el propietario ceda sus derechos a cambio de dinero. Habría que ver qué es lo que la banca nos exige, porque puede ser que tampoco le interese. Es un problema complejo que habrá que ver caso a caso. La inmobiliaria ofreció ayuda, no monetaria, pero sí de intermediación, pero hay que esperar a ver qué pasa". 

Silva explicó que otra opción es desafectar el edificio de la ley de copropiedad inmobiliaria, y que se forme una comunidad civil para vender el terreno completo con la estructura en pie, tal vez a una empresa que le interese el terreno para reconstruir la torre o demolerla y construir algo completamente nuevo. 

Otra dificultad es que hay cuatro personas que no han podido ser ubicadas, por lo que no se sabe qué pasará, porque se cuenta con el dinero que ellas deberían aportar para pagar la reconstrucción de sus departamentos. 

Por todo esto, el abogado aseguró que esperan realizar una asamblea de la comunidad para informar de los avances, la que se realizaría a principios de marzo. 

 

Las dudas
 

Uno de los copropietarios, Mauricio Sepúlveda, cuestionó que la Inmobiliaria desarrolló el proyecto de arquitectura con el arquitecto original. 

"Nos proponen que les autoricemos la subdivisión del Lote para juntar plata para la reconstrucción y ya nos dieron un estimado de lo que podría llegar a salir la rehabilitación de la Torre B, sobre un Lote menor. Personalmente no estoy de acuerdo con la manera en la que se esta llevando el proceso, no tenemos cuentas al día, no pagamos gastos comunes, la Inmobiliaria Levante hace y deshace sin informarnos nada", se quejó. 

En cuanto al dinero del seguro, Sepúlveda agregó que " lo más delicado es que la Administración tiene un fondo en una cuenta que no ha querido trasparentar, pedimos el estado de esa cuenta y no responden, es mucha plata sobre 400 millones de pesos que se traspasaron de la administración anterior, que son platas del seguro de áreas comunes que se debe destinar sólo a reparación, explicó. 

"No es que estemos en desacuerdo, estamos trabajando en conjunto y hemos trabajado con ellos, pero creemos que, como administrador de un edificio, ellos deben entregar rendiciones, estado de pago y de gastos, y desde que asumieron no lo han hecho". 

Sepúlveda insistió en que el dinero del seguro no se debe usar. "Esa plata es de un seguro de áreas comunes para la reconstrucción del edificio, así que ese dinero no se puede usar". 

Agregó que ellos están conscientes de que deben aportar dinero para la reparación, "pero creo que falta ver el desarrollo de los proyectos, falta que nos den a conocer el desarrollo de las otras especialidades y ahí se puede cotizar con varias empresas". Por ello, aseguró que quedarán atentos al llamado de la próxima asamblea para ver los avances en el proyecto.