La agrupación sufrió esta semana el ataque más grave en 3 años, luego de que un grupo baleara a cinco de sus trabajadores. Insistieron en que necesitan mínimas condiciones de seguridad para trabajar. 
 

Carolina Abello Ross
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Un Whatsapp de sus trabajadores fue lo que alertó a René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), sobre el ataque que sufrieron cinco trabajadores en el predio El Retiro en Tirúa, el miércoles, cuando se dirigían en furgones al funeral de uno de sus colegas, escoltados por Carabineros. 

Éste es el segundo ataque que la empresa Kupal sufre en dos meses. En el primero, fueron quemados dos camiones y baleados cinco trabajadores. 

Uno de los heridos sigue internado en el Hospital Clínico del Sur, el Gobierno y la empresa interpusieron querellas por el hecho y la Forestal Arauco decidió suspender las faenas en ese sector por no existir las mínimas condiciones para seguir trabajando. 

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), aseguró que hace meses que vienen advirtiendo de estos hechos. La entidad se creó hace tres años y agrupa a 12 mil trabajadores, que laboran en 110 empresas, desde Maule a Los Lagos. El 60% de ellos es de Bío Bío. 

"Ha sido un tiempo muy complicado. Ahora concluimos que el sector está tan convulsionado que decidimos que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar y ver si queremos trabajar en estas condiciones: con resguardo policial, bajo amenazas y con atentados incendiarios". 

– ¿Cómo es la relación de los contratistas forestales con la autoridad en cuanto a estos hechos de violencia?

– Las autoridades tienen muy clara la importancia del sector forestal, porque mueve la Región. O sea, si se hacen realidad las consignas que piden que se vayan las forestales, nos vamos todos para la casa: celulosa, aserraderos, movimiento de los puertos. En lo que no concordamos es en la forma en que se está enfrentando el conflicto. Alguien está fallando, porque no puede ser que en tres años no haya una política de seguridad que ataque esto. En 2014 tuvimos cinco atentados; en 2015, 14 y en 2016, 47, todos relacionados al sector forestal. Uno ve que se están triplicando, entonces claramente algo se está haciendo mal. 

– Se cree que con los atentados forestales es la gran empresa la afectada, ¿cuál es el perfil de sus socios?

– Tenemos pequeños, medianos y algunos grandes empresarios. No somos un sector que genere trabajo mal pagado. Tras un atentado, protegemos a los trabajadores, y hay que recordar que todo lo que se hace en el bosque está externalizado, lo hacemos nosotros y nosotros sufrimos los atentados. Entonces perdemos los equipos, que son de alta tecnología y hay seguros comprometidos, pero las primas y los deducibles son más altos. 

– ¿Tienen la cifra de trabajadores heridos?

– En todo el conflicto hemos tenido 350 trabajadores afectados. De ellos, nueve han sido heridos, con escopetas y perdigones. Hay gente que ha dejado de trabajar después de un atentado, hay familiares de trabajadores que les piden que se retiren porque no quieren que vuelvan dentro de un cajón. 

– ¿Saben cuáles son los sectores más peligrosos?

– Están identificados cinco sectores que son complicados; la zona de Contulmo, Tirúa y Cañete, en la provincia de Arauco, además de Alto Bío Bío; en la novena región, Lumaco, Ercilla, Victoria y Vilcún, y en el sur está Loncoche y Lanco, y tenemos que ir a esos sectores, porque tenemos contratos que cumplir, y si un contratista sufre un atentado y no puede cumplir, se le acaba la pega, tan simple como eso. 

Hay miedo en los asociados, hay miedo en trabajar en las zonas de conflicto. Por ejemplo, ayer me dijo un contratista: "yo estoy esperando que me toque a mí". Es una brutalidad lo que nos pasa, o sea en qué país estamos viviendo que un trabajador sabe que le va a tocar y van a perder sus equipos. La gente está cansada, llevamos años sometidos a esto, y lo único que queremos es paz para poder trabajar. Si lo único que queremos es trabajar. 

– Entonces, ¿qué falta para eso?

– Falta actitud para poder cambiar cuerpos legales que aplican a la violencia rural. Por ejemplo, en la ley de Drogas hay testigos protegidos y escuchas telefónicas y eso no está acá. Hay que darles herramientas a los fiscales porque necesitan una prueba de altísima calidad, poco menos que el ADN, poco más o menos que tener la foto del que está cometiendo el atentado. Y para poder controlar esta actividad delictiva se necesitan leyes especiales, porque las que tenemos hoy no aplican y echamos de menos a los legisladores. Hemos tenido cero contacto con ellos, porque esto no tiene votos, no hay interés. Entonces los más afectados somos nosotros, que sólo queremos trabajar y que no tenemos nada que ver en el conflicto. Necesitamos que alguien garantice nuestra seguridad y tiene que ser el Estado. 

Creemos que la solución no es militarizar sectores, sino que haya una inteligencia capaz de prever este tipo de actos, y eso es lo que echamos de menos, porque los que cometen atentados no se conocen, se juntan y se esconden, entonces sólo la inteligencia policial puede detener esto.