Asumiendo deuda de más de 10 millones de pesos las docentes del establecimiento educacional con asesoría de la Seremi de Educación crearon la corporación Cree Down.

Daniela Salgado Parra
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Una muy buena noticia recibieron los apoderados del Instituto Down de Concepción. En una ceremonia liderada por educadoras del establecimiento, el seremi de Educación y el director de la superintendencia del ramo les informó a los apoderados que el centro educacional continuará funcionando.

Pasar de sociedad a corporación fue la única solución a que debieron aferrarse las docentes del instituto para poder continuar ofreciendo una educación diferencial. "Nosotros teníamos las ganas y el entusiasmo para poder continuar. Los niños se lo merecían y las funcionarias estábamos dispuestas a arriesgarnos para hacerlo", contó Fabiola Vallejos, educadora diferencial y representante legal de la corporación Cree Down.

Hace unas semanas el escenario era desolador. 84 niños quedarían sin matricula para el 2017 y 17 funcionarios perderían su fuente laboral. La inesperada noticia del cierre del Instituto pilló de sorpresa tanto al cuerpo docente como a los apoderados. Ante este escenario, se negaron a bajar los brazos y con el apoyo del seremi de Educación comenzaron a estructurar una solución. Tal como describió el jefe local de la cartera, Sergio Camus, "tras largas conversaciones, no exentas de dificultades, se logró llegar a buenos términos y dar una solución a los apoderados. Este fue un trabajo en conjunto, donde sumado al trabajo de las docentes, la disposición de la sostenedora contribuyó a dar una respuesta positiva". 

La vocera del Centro de Padres del instituto, Alejandra Aravena Rivera, se refirió a la importancia del centro. "Esta es mi segunda casa, mi segunda familia. Desde los dos meses que ven a mi hija y me han entregado las herramientas para sacarla adelante. Por eso no podía quedar indiferente". 

Corporación Cree Down es el nombre con que buscan dejar atrás la ingrata experiencia. Al asumir esta nueva figura legal, también debieron responsabilizarse de una millonaria deuda arrastrada por la administración anterior. Se trata de más de $10 millones por conceptos de arriendo, que deben ser cancelados hasta el 30 de enero. 

"Al tener poco tiempo para recaudar el monto adeudado, los 17 funcionarios pondrán sus sueldos a disposición para aportar", confesó Vallejos. Sumado a esto, deben buscar un nuevo establecimiento para el instituto el que debe ser modificado para cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación y dejarlo apto para el uso de los menores. 

Ante lo ocurrido en el Instituto Down, cabe preguntarse ¿Cómo no se previó el cierre? Para el seremi de Educación este fue un caso excepcional. "Lo que estipula la ley es que los sostenedores deben informar a los apoderados al inicio del año escolar sobre las condiciones en que va a continuar el proceso educativo al año siguiente. Lo que ocurrió acá fue fuera de los plazos estipulados lo que no permitió adelantarnos en la toma de decisiones", recalcó.