En fallo unánime, la sexta sala autorizó el proceso de retorno forzado para el economista que se encuentra en Europa desde septiembre, cuando viajó a realizarse un tratamiento contra el supuesto cáncer que lo aquejaba.
En fallo unánime, la sexta sala autorizó el proceso de retorno forzado para el economista que se encuentra en Europa desde septiembre, cuando viajó a realizarse un tratamiento contra el supuesto cáncer que lo aquejaba.
Marcelo Castro Bustamante
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La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio el vamos para comenzar el proceso de extradición en contra del economista Rafael Garay Pita, quien se encuentra formalizado por el delito de estafa reiterada en contra de 36 personas por un monto de $1.748 millones.
El dictamen de los jueces Leopoldo Llanos, Elsa Barrientos y la abogada integrante Soledad Pascual indica que existen los antecedentes suficientes para dar por acreditada la existencia del delito y que concurren lo prescrito en el artículo 431 de Código Penal chileno.
Esto significa que se cumplen preceptos que tiene que tener una solicitud de extradición, esto es que la pena por el delito sea mayor a un año, que no sea un delito de carácter político y que tenga una doble incriminación, esto significa que el delito figure en los códigos penales de los países involucrados en el proceso.
En la audiencia, que se extendió por cinco minutos, los ministros explicaron que los principios que rige la Convención de La Habana, que se relacionan con la extradición de personas se encuentran totalmente justificados con los antecedentes entregados por la Fiscalía.
Para el fiscal José Morales Opazo, que no asistió a la audiencia, la aprobación del proceso es una buena noticia, puesto que se acogieron los argumentos esgrimidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El persecutor espera que el proceso en Rumania se concrete antes de fin de año.
Mientras que para el querellante mayoritario, el abogado Rodrigo Bravo, la petición se ajusta a derecho y esperan que la justicia rumana actué con la celeridad necesaria en el caso. Además, espera que el proceso de extradición sea lo más expedito posible, y así evitar una posible segunda fuga. "Los plazos a contar de este minuto los maneja la autoridad rumana, en base a su ordenamiento jurídico y esperamos que la Fiscalía se haga representar en este proceso", puntualizó el jurista.
En tanto, el abogado que representa al conductor de televisión, Iván Núñez y a su esposa Marlene de la Fuente, Sabas Chahuán, explicó que es una decisión que se ajusta a derecho con las convenciones internacionales vigentes, que fueron invocadas por la Fiscalía y concuerda en que el proceso se debe realizar de manera expedita.
Para la defensa de Rafael Garay, esta es una nueva derrota, que se suma a los fallos del 3° Juzgado de Garantía y a otra sala de la corte capitalina, puesto que en todo minuto se opusieron a la petición realizada por el ente persecutor. "Nosotros insistimos en que no existen motivos para realizar un proceso de extradición. Ahora en más, esta defensa analizará el fallo para determinar las acciones a seguir", recalcó el abogado Claudio Aspe.
Asimismo, insistió en que Garay ha ido devolviendo los dineros y que ese sería uno de los motivos por los cuales 8 afectados no se han acercado al Ministerio Público para hacerse parte en la investigación. Además, el abogado cree que para que el economista, oriundo de Concepción, debe existir un debido proceso y que tiene la intención de retornar al país.
Con respecto al supuesto cáncer que lo aquejaría y que fue el principal motivo para salir del país, Aspe explicó que su estado de salud es bueno, y que en ningún minuto lo utilizó para crear una estafa. Además, dijo que Garay ha bajado cerca de 10 kilos durante el tiempo que ha permanecido en Rumania.
Defensa insiste en ilegalidad
Luego de que la 8a Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la semana pasada un recurso de amparo presentado por la defensa del economista, ésta decidió recurrir a la Corte Suprema. Ante ese tribunal esgrimieron que la detención que se concretó el 18 de octubre en Brasov ocurrió sin una orden de detención emitida en el país. Para Aspe, esta situación es ilegal y espera que se acojan estos antecedentes.
Mientras que los querellantes concuerdan en que la petición de la Defensoría Penal Pública esta fuera de lugar, puesto que ha sido rechazada en todas las instancias anteriores. Esto además, no debería perjudicar el proceso que se inició ayer.
Hasta el cierre de este informe, el recurso todavía no ingresaba al sistema de la Corte Suprema, por lo que recién será analizado por la 2a Sala del máximo tribunal, a cargo del ministro Miltón Juica, el próximo lunes 19 de diciembre.