Ministerio había cerrado los siete convenios el año pasado por aspectos administrativos, sin embargo, el ente fiscalizador dio la razón a la UdeC, obligando al Mineduc a reponer los recursos.
Ministerio había cerrado los siete convenios el año pasado por aspectos administrativos, sin embargo, el ente fiscalizador dio la razón a la UdeC, obligando al Mineduc a reponer los recursos.
Tania Merino Macchiavello
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La Contraloría General de la República declaró que el cierre anticipado de siete convenios de desempeño –conocidos como UCO- dictaminado por el Ministerio de Educación a fines de 2015 y que afectó a la Universidad de Concepción, no se ajustó a derecho.
La decisión del Mineduc obedecía a que los fondos asignados para la implementación de estos convenios habían sido destinados a una asignación distinta a lo establecido, por lo que se determinó el retiro de los fondos.
Sin embargo, el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María, explicó que durante las vacaciones de verano de 2015, mientras la Universidad se encontraba cerrada, se puso en depósito a plazo (entre el 29 de enero y el 2 de marzo), los recursos que no estaban siendo utilizados de siete convenios de desempeño y terminado ese período tanto el capital como sus intereses fueron nuevamente depositados en los proyectos.
Agregó que en ningún caso se había puesto en riesgo los recursos, ni afectado el funcionamiento de los proyectos; además, la UdeC en ese momento estaba cerrada, por lo que era nuestra obligación cautelar esos recursos y que, además, habíamos aumentado la cantidad de dinero que tenía cada uno de ellos", sostuvo.
Junto a anterior el vicerrector de la Vraea destacó que cada proyecto había sido ejecutado perfectamente sin ninguna alteración, "lo que quedaba demostrado porque el Ministerio había aprobado todas las rendiciones e informes que se habían hecho". De esos siete proyectos, seis estaban prácticamente terminados y lograron cerrarse sin mayores dificultades, "esto significa que durante el período de cierre se hicieron los informes finales y los económicos".
El 20 de octubre pasado Contraloría estimó que la determinación ministerial no se ajustaba a derecho y esta semana el Mineduc dio a conocer su decisión de no apelar de esta resolución, por lo que el Estado tiene 20 días para resolver el conflicto y deberá restituir los recursos que dejó de transferirle a la Universidad por el cierre anticipado de los proyectos.
Lo anterior es de gran relevancia, en particular para el proyecto de Bioeconomía, el único que en realidad se vio afectado, ya que el resto había logrado finalizar sus actividades previo al conflicto, y sobre el cual la Universidad tomó la decisión de sostenerlo con recursos propios para que se ejecutara por completo.
"Ese proyecto tiene iniciativas muy relevantes, como la producción de celulosa a partir de aserrín de eucaliptus, o el aceite de las semillas de conos de pinos para producir inhibidores del apetito, entre muchos otros" explicó.
"Nos pareció que no se habían dado las condiciones que planteaba el Mineduc para justificar el cierre por lo que decidimos contratar una oficina de abogados, que apeló en primera instancia al Ministerio y posteriormente, cuando éste insistió en dar término anticipado de los proyectos, recurrimos a la Contraloría General de la República", detalló la autoridad.