El abogado Gonzalo Benavente aseguró que no había pruebas suficientes para inculpar a su defendido, condenado a ocho años y medio de cárcel.
El abogado Gonzalo Benavente aseguró que no había pruebas suficientes para inculpar a su defendido, condenado a ocho años y medio de cárcel.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
La Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de nulidad solicitando que se repita el juicio donde se condenó a ocho años y medio de cárcel a I.M.P. (18), por el ataque a Pablo Ramírez Arias, quien resultó quemado con combustible en un ataque al Servipag del supermercado Mayorista 10 de Hualpén, el 29 de julio de 2015. Además, se lo consideró culpable del robo con intimidación que cometió dos días después, cuando ingresó a robar a la tienda Samsung del mall Plaza del Trébol, pero fue detenido por los guardias del recinto.
En esta causa, cuya investigación tardó 10 meses, la Fiscalía solicitaba 10 años de cárcel para I.M.P., la máxima pena que se puede solicitar para un menor de edad. También estuvo acusado su hermano, Jorge Montecinos Pinto (28), quien fue víctima de un homicidio al interior de la cárcel de Chillán, donde estaba cumpliendo su prisión preventiva, por lo que su responsabilidad penal fue sobreseída.
En el juicio, prestó testimonio Pablo Ramírez, por más de cuatro horas, y recordó los detalles del día en que fue quemado vivo, y detalló las secuelas físicas y sicológicas del ataque. Al final de la jornada, reconoció a I.M.P., como uno de sus agresores.
En la sentencia, leída el 23 de octubre pasado, el Tribunal ordenó que I.M.P. debe cumplir la sentencia en régimen cerrado, en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel, con un programa de reinserción social.
Sin embargo, la Defensoría, tras analizar el fallo, decidió pedir la anulación del juicio y pedir que éste se repita.
El defensor jefe de Talcahuano, Gonzalo Benavente, explicó que el fundamento para esta solicitud tiene que ver con una causal principal que va dirigida a la Corte Suprema y otras a la Corte de Apelaciones de Concepción.
"La razón principal es la infracción a la presunción de inocencia. Ésta se sustenta en base a ciertos principios, uno de los es la carga de la prueba, que le corresponde al Ministerio Público, y creemos que incumplió el estándar de prueba, porque a nuestro parecer no está acreditada la participación de nuestro defendido, entonces también se infringe la presunción de inocencia", explicó el abogado.
Explicó que cuando se infringen garantías constitucionales, como el debido proceso, el derecho a guardar silencio, estos recursos deben ser revisados por la Corte Suprema. "Y este tribunal puede analizarla y además enviar el resto de las causales a la Corte de Apelaciones, o también puede optar por analizar ellos mismos las causales subsidiarias".
Éstas son erróneas aplicaciones del derecho y valoración de prueba, agregó el defensor. "Puntualmente, esto dice relación con que a nuestro juicio no está configurado el robo con intimidación, y ahí se comete un error de aplicación del derecho, porque un hecho que es un delito distinto el tribunal lo calificó como robo con intimidación".
La otra causal tiene que ver con falta de fundamentación en la elaboración del fallo, afirmó Benavente.