Ataque a educadora colmó la paciencia de los trabajadores, quienes exigieron más personal y que se envíe a los menores con problemas siquiátricos a recintos hospitalarios. 

 

Carolina Abello Ross
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La agresión a una educadora en el centro Capullo de Chiguayante motivó a los funcionarios de las asociaciones de Funcionarios (Afuse) y de Trabajadores (Antrase) del Servicio Nacional de Menores (Sename) a tomarse la dirección regional, ubicada en Maipú con Tucapel, y el mismo recinto, donde son enviadas niñas por medidas de protección emitidas por Tribunales. 

Sandra Villanueva, dirigenta provincial de Afuse, explicó que la principal queja son los maltratos que reciben las educadoras en ese centro por parte de las adolescentes. 

"Son 33 niñas que viven allá, además de la población ambulatoria, por lo que en total son cerca de 70, pero la mayoría tiene problemas psiquiátricos, entonces nosotros no estamos preparados para trabajar con niñas en esas condiciones. A nosotros el hospital nos cierra las puertas cuando una chica se descompensa, entonces no tenemos dónde más llevarlas, entonces las que pagan los platos rotos son las educadoras", denunció la dirigenta, quien aseguró que en el centro Nuevo Amanecer, de población masculina, los educadores también son agredidos. 

Villanueva aseguró que la dirección regional está en conocimiento de esta situación, pero no han recibido respuestas satisfactorias. Aclaró que la manifestación sólo duró un par de horas, pero en el centro Capullo quedaron con turnos éticos. 

Iván Arriagada, presidente de Antrase, precisó que bajaron la manifestación luego de que lograran el compromiso de la dirección regional de recibir el petitorio que elaboraron con los funcionarios del centro Capullo, donde la principal demanda es la falta de educadoras de trato directo, ya que necesitan al menos seis para cubrir las necesidades de las niñas y adolescentes que allí viven. 

"El problema es que la directora nacional, Solange Huerta, nos instó como dirigentes a comunicarles cuáles eran las necesidades más urgentes, y cuando planteamos que nos faltan funcionarios, nos dice que no hay recursos. Eso es una falta de respeto a la disposición de dialogar y cuando se rompe esa dinámica tenemos que buscar otras herramientas", planteó, y criticó que los jueces de Familia sigan enviando a los centros de protección a niños con grave daño siquiátrico. 

Arriagada explicó que la menor que agredió a la educadora tiene denuncias por delitos contra la propiedad. "Esa niña tiene vínculo con la delincuencia, contaminación criminógena, entonces eso nos dificulta mucho poder trabajar con niños y niñas que son vulnerables", dijo el dirigente, quien aseguró que esperarán las respuestas de la dirección regional y nacional para evaluar otro tipo de medidas. 

No hay recursos en 2016

La directora regional, Rina Oñate, dijo que afrontaron "con preocupación" la protesta de los funcionarios y confirmó que a estas alturas del año no hay recursos para contratar más personal, pero creemos que con lo que hay se puede brindar la atención oportuna a las niñas que están en el centro Capullo". 

En cuanto a la derivación a esos centros a menores con problemas psiquiátricos, Oñate precisó que están elaborando una propuesta para tener profesionales especializados dentro de los centros. Agregó que también han planteado la dificultad de enviar a niños con problemas delictuales a centros de protección, haciendo las observaciones pertinentes al tribunal que corresponda.

La directora explicó que están trabajando con el Servicio de Salud para mejorar la calidad de la atención de los adolescentes, y ya terminaron de actualizar el protocolo de atención en situaciones de crisis, junto a los educadores y dirigentes gremiales, para atender mejor a los niños con conductas más conflictivas.