La magistrada, presidenta del Comité de Jueces de Familia, se refirió al informe que fiscalizó las residencias, donde constataron la gravedad de la situación.
La magistrada, presidenta del Comité de Jueces de Familia, se refirió al informe que fiscalizó las residencias, donde constataron la gravedad de la situación.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
A mediados de septiembre, se dio a conocer el Informe Nacional de Visitas a Hogares y Residencias de Protección Red Sename y Privados, el que contiene la compilación, revisión y el análisis de las observaciones efectuadas por los jueces con competencia en materias de Familia, en relación a las visitas desarrolladas a establecimientos residenciales de protección, llevadas a cabo durante el primer semestre del año 2016, en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional.
La evaluación a nivel nacional es negativa, ya que los magistrados detectaron sobrepoblación en las residencias, largo plazo de estadía de los niños, falta de coordinación con Sename, baja dotación de personal profesional y técnico, deterioro en la infraestructura de las residencias, con algunas que fueron calificadas de insalubres, y subvenciones insuficientes.
Una de las magistradas que revisó las 15 residencias de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción -y que en Bío Bío son más de 30- fue la jueza presidenta del Comité de Jueces de Familia, Paulina Soto Fuentes, quien en esta oportunidad visitó la residencia Bernardita Serrano, de San Pedro de la Paz, donde encontró fallas en mayor parte de infraestructura. En el segundo semestre le corresponderá visitar el Centro de Lactantes Arrullo, de administración directa de Sename.
Antes de este informe, los jueces sí visitaban los hogares y residencias, aseguró la magistrada, específicamente desde la entrada en vigencia de la justicia de familia, en 2005.
"Tenemos la obligación de visitar los centros en los que hemos dispuesto medidas de protección, cada seis meses, y hay que emitir un informe respecto a la infraestructura, dotación de personal, alimentación, situación de salud de los niños, entre otras observaciones", explicó, y agregó que en 2014 se implementó un sistema de fichas, tanto por niño y por residencia. De estas últimas se hizo cargo la Corte Suprema, y elaboró este informe.
– Desde que visitan los hogares, ¿cuál es la realidad que ustedes ven en las residencias de Sename, tanto las de trato directo como las subvencionadas?
– El problema que nosotros advertimos en la actualidad y que es materia de preocupación, es la falta de cupo para la atención en material de salud mental, de niños y adolescentes ingresados en las residencias, sobre todo en aquellos casos que mantienen consumo de drogas, y problemas de salud mental y el sistema proteccional actual no cuenta con programas de tratamiento, a diferencia del sistema Penal Adolescente, para acoger a estos jóvenes.
– O sea, si hay niños con problemas de salud mental o con consumo de drogas, ¿no hay dónde ingresarlos?
– Ingresan al sistema público de salud, lo que significa que estamos esperando cupos y se atienden según las posibilidades que haya de disponibilidad de hora y profesional. A esos niños había que ingresarlos a una Unidad de Corta Estadía de Menores, que estuvo un año sin funcionar y ahora volvió a operar en agosto. Está ubicada en el Servicio de Siquiatría y hoy se llama Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Siquiatría para la población adolescente, pero ya tenemos información de que jóvenes no han podido entrar por falta de cupos, lo que ya excede a las competencias del Poder Judicial, sino que es materia del Servicio de Salud, que está obligado a dar la prestación para el menor de edad.
¿Problema de costos?
– ¿Qué otras falencias pueden detectar en el sistema?
– Uno pudiera pensar que existen faltas de coordinación entre Sename y las residencias, porque hay observaciones que uno realiza como juez en una visita, y después no ve el resultado en la próxima visita. Entonces uno consulta qué ha pasado con la observación que realizó el Tribunal. Este año y por primera vez Sename emitió respuesta frente a los requerimientos y luego verificamos en terreno o con informes si ello se había cumplido. En algunos casos se cumplió, y en otros no, y eso es obligación de Sename. Muchas veces el argumento fue problema de costos. Esto pasa también por la administración que la residencia realice considerando sus necesidades, pero nosotros no podemos opinar si el monto de las subvenciones en suficiente.
– ¿Cuál es la evaluación de las residencias?
– Algunas son muy buenas, y se observa que hay un ambiente cálido y acogedor, y una preocupación permanente por los niños. En otras hay inconvenientes de infraestructura y sobrepoblación, como el Centro Arrullo. Hay que decir que los centros de Sename están sobrepoblados, ya que reciben menores de otras jurisdicciones, con todo el desarraigo que eso implica para los niños. Hay niños desde Puerto Montt hasta de Copiapó que vienen a dar acá, porque allá no hay cupos y porque en algunos casos el menor está en tal situación de riesgo sicosocial que el juez evalúa que permanecer en su medio implica no sacarlo de las conductas de riesgo, como explotación sexual, consumo de drogas y conductas de calle, y eso pasa cuando no hay un grupo familiar con quien trabajar. Pero eso implica que hay afectación emocional en los niños, por el desarraigo.
Grave diagnóstico
– ¿Hay falta de personal en los centros dependientes de Sename?
– En algunos casos sí. En los Centros Capullo (niñas) y Nuevo Amanecer (niños), se requiere más personas que puedan contener a los adolescentes frente a conductas de riesgo, evitando el abandono de las residencias, que es constante. Los niños que están ingresados a residencias de Sename tienen problemas graves, como consumo de drogas, problemas siquiátricos y conductas delictivas. En este último caso, es porque Garantía no ha ordenado una medida cautelar más gravosa en el sistema de Responsablidad Penal Adolescente, y como no hay grupo familiar que lo pueda contener, también está ingresado en una residencia, ocasionando inconvenientes, porque está con menores que no tienen esas características.
– ¿Cómo es para ustedes enviar a los menores a estos lugares sabiendo las carencias que tienen?
– Siempre el ingreso del adolescente a una residencia es una última medida, y se hace cuando permanecer en su grupo familiar implica vulneración de sus derechos, y cuando no hay otros adultos que puedan hacerse cargo. Es decir, cuando hemos agotado todos los medios con el grupo familiar, lo ingresamos a la residencia, por el menor tiempo posible y con objetivos claros a intervenir, lo que en algunas ocasiones no podemos cumplir, porque aún no es posible que vuelva con su familia. Hay que aclarar que antes de llegar a una residencia, hay programas ambulatorios para trabajar con los niños y sus familias, pero sí yo como juez dispongo esa medida, y es evaluada cada 3 meses. En el evento que la intervención no sea adecuada y se alargue la vulneración al niño, el menor puede mantenerse en su familia pero al cuidado de otro adulto. Y si esa opción está agotada, se lo ingresa a una residencia.
– ¿Cómo es el trabajo con las familias?
– Como plazo máximo para ingresar a un niño a una residencia es un año, dependiendo de la vulneración que haya sufrido el niño. Y es ingresado cuando la familia no es capaz de protegerlo. Por ejemplo, si el delito es por un tercero, al niño se le repara en su familia, pero si no es ingresado. En el trabajo vemos casos de abandono, porque en el caso de los niños muy pequeños, pueden ser candidatos a ser adoptados, al menos hasta los 7 años, pero después de esa edad se quedan en las residencias en estado de abandono hasta la adultez. En ese caso, la residencia trabaja con él terminando sus estudios y enseñándoles una profesión u oficio. Entonces hay personas en edad adulta que están en las residencias porque están cursando estudios. Afortunadamente, en los centros la mayoría de los niños tiene visitas.
– ¿Qué cambios serían útiles de hacer para que mejore el sistema?
– Nos gustaría que cada residencia contara con un profesional en el área de salud mental, porque todo niño que es ingresado va a tener secuelas emocionales. Todas tienen sicólogo y asistente social, pero a veces no es suficiente, entonces uno quisiera que tuvieran algo similar al sistema de salud particular, para que no tengan que esperar tanto. Nosotros verificamos que todos los niños estén inscritos en consultorios, que todos los medicamentos que se les dan cuenten con una receta y la orden de un médico y que sea suministrado por personal idóneo para ello. Y cuando no es así, el tribunal lo observa e instruye que eso se corrija a la brevedad, porque considerando la situación actual, eso es grave.
Los detalles del informe en Bío Bío
El documento contiene en sus páginas la compilación, revisión y el análisis de las observaciones efectuadas por los jueces con competencia en materias de Familia, en relación a las visitas desarrolladas a establecimientos residenciales de protección.
En la zona, hay 3 residencias de administración directa: el hogar de Lactantes Arrullo; el centro Capullo, para niñas y adolescentes, y el centro Nuevo Amanecer, para niños y adolescentes.
El primero de ellos tiene menores de 0 a 6 años, tiene 70 cupos, pero hay 76 niños. En el centro Capullo, se observa aumento progresivo de ingresos de adolescentes y niñas distantes de la zona de ubicación territorial del centro, como una menor proveniente de Freirina. Y en el centro Nuevo Amanecer, se mantiene un alto porcentaje de niños en situación de abandono del sistema, algunos de ellos de larga data.