El objetivo es que sea el Ministerio Público quien se haga cargo de estos casos, ya que los parientes desconfían de las causas de muerte que dan las instituciones, ya que ellas mismas investigan los hechos.
 

A la Fiscalía Regional del Bío Bío llegaron familiares de uniformados fallecidos en extrañas circunstancias al interior de recintos de la Armada, Carabineros y el Ejército, con el objeto de solicitar un fiscal especial con dedicación exclusiva en la causa, para lo cual entregaron una carta destinada al fiscal nacional, Jorge Abbott.

El grupo llegó acompañado del senador Alejandro Navarro, quien afirmó que "es necesario que la justicia civil investigue exhaustivamente, ya que no hay confianza de parte de los familiares de que la justicia militar llegue al fondo, toda vez que los fiscales militares a cargo de indagar son miembros de las mimas instituciones, por tanto, son juez y parte".

"Ya ha pasado casi un año y cuatro meses del último deceso y aun las familias no saben a ciencia cierta lo que le sucedió a sus hijos, por lo que no han podido reconstruir sus vidas, luego de que fueron a dejar a sus hijos sanos y salvos a la Armada, para que posteriormente se los devuelvan en un ataúd", añadió.

Respecto de los hechos en que fallecieron los jóvenes, el parlamentario señaló que "llama la atención que haya un patrón común en todos los decesos, y es que no hay fotografía del sitio del suceso, por lo que buscamos que la Fiscalía ordene la reconstrucción de los hechos, así como la exhumación de los cuerpos por parte de peritos forenses".

Sin respuestas

Uno de los casos es el del grumete de la Armada Luciano Fuentes Ovalle, quien fue encontrado ahorcado al interior de las dependencias de la Armada en la isla Quiriquina el 10 de mayo de 2015, sin que hasta ahora se hayan esclarecido los hechos de cómo murió. Sin embargo, existen diversos testimonios que acreditan que el joven habría sido castigado, siendo obligado a trotar largas distancias, esto acompañado de golpes de pie y de puño, lo que le habría ocasionado la muerte, según relató su padre, Luciano Fuentes.

"Nunca aceptamos el suicido, no le creemos al fiscal militar, nos han mentido, han ocultado información. Dicen que investigan, pero lo hacen los mismos marinos. Lo único que necesitamos es saber la verdad de cómo murieron nuestros hijos, sólo queremos esa oportunidad". Agregó que, por lo que ellos han podido averiguar, su hijo fue castigado hasta que murió. 

Otro caso es el de el cabo segundo del Ejército Ismael Quintul Salgado (22), ingeniero experto en levantamiento de minas, fallecido el 16 de junio de 2012 en el Regimiento Reforzado Topater de Calama, en el cual llevaba siete años, quien fue muerto por un fusil de guerra y encontrado con diversos cortes en sus brazos y piernas.

Su padre, Oscar Quintul, explicó que no logran explicarse la versión que indica que el joven se suicidó con un fusil, estando en la sala de material de guerra, "y allí tenía disponibilidad de armas cortas que le habrían hecho más fácil eso. No me explico cómo alguien se da un disparó en el tórax con un arma larga. Esto es una mentira tremenda".

Otro caso es el de Jaime Sobarzo Álvarez, cabo segundo de la Armada, quien se habría suicidado el 10 de agosto de 2012, estando de guardia en el buque Almirante Merino, versión que tampoco cree la familia. "Y cuando fuimos a buscar su cuerpo ni siquiera nos dejaron verlo, ni siquiera vestirlo, y teníamos todo el derecho de hacerlo", dijo su padre, Miguel Ángel Sobarzo.

A la Fiscalía también llegó Janett Parra, madre del carabinero David Valdés, quien murió el 20 de junio de 2010 en Calama.

"Mi hijo tenía marcas extrañas en su cara, arena en su cabeza y este año busqué la carpeta del caso de mi hijo y me dijeron que estaba destruida, entonces yo no creo que él se haya suicidado", dijo la mujer. 

Susana Muñoz, madre del grumete José Villegas, fallecido el 11 de septiembre de 2014 en la Isla Quiriquina, dijo que tampoco cree la versión oficial. 

Villegas fue encontrado flotando en la piscina de la Armada, falleciendo supuestamente por asfixia por inmersión. Lo que no le cuadra a los familiares es qué hacía José en la piscina solo, y por qué se ahogó, cuando sabía nadar perfectamente.

Quien también quiere esclarecer los hechos es Azucena Cáceres Chamorro, madre de Alexis Cáceres Cáceres, quien falleció el 12 de agosto de 1995 en la Isla Quiriquina tras un año y seis meses en la institución, también recibiendo el cuerpo de su hijo con el informe que afirma que fue un suicidio por depresión.

El abogado de los familiares, Guillermo Rioseco, precisó que el fiscal nacional tiene la facultad de nombrar a un fiscal especial en casos de conmoción pública, pese a que hayan sido investigados por la justicia militar y naval. "Ya se ha establecido que el Ministerio Público tiene competencia y puede investigar estos casos, entonces esperamos que el fiscal nacional acoja nuestra petición para dar tranquilidad a las familias".