Colegio Médico reconoce que existen médicos que venden el instrumento, pero que sería una minoría. Llamó a generar mejores mecanismos de control.
Colegio Médico reconoce que existen médicos que venden el instrumento, pero que sería una minoría. Llamó a generar mejores mecanismos de control.
Ximena Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
Es usual escuchar que algún amigo sabe de un facultativo que da licencias médicas con facilidad, a pesar de que el paciente no presente una patología que exija el reposo total de sus funciones y que sólo la necesite para descansar, viajar o asistir a un compromiso.
Dicha práctica que, generalmente, es un secreto a voces fue analizada por Inmune, organización promotora del uso correcto de licencias médicas en Chile, ente que realizó una encuesta de percepción en la Región que reveló que el 82% de los consultados cree que el uso de licencias médicas fraudulentas es muy frecuente.
Y lo que es peor, el 70% de los encuestados justifica el hecho de solicitar una licencia médica fraudulenta porque consideran injusto el sistema de salud. Eso sí, el 77% lo califica como un acto poco legítimo, el 11% piensa que es sólo una falta y, sólo el 4%, perteneciente a los grupos Abc1 y C2, lo considera como un delito simple o grave.
Rodrigo Varela, fiscal de Inmune, aseguró que es común que en la Región se genere el fraude por licencias médicas.
"Sabemos que desde hace años el uso irregular es muy frecuente en la octava región. No por casualidad es que en esta zona hemos establecido cinco querellas sobre médicos que hacen uso fraudulento y a esas se les suma la que presentó la Superintendencia de Seguridad Social contra la médico psiquiatra Sandra Cuevas que emitió 31.597 licencias desde el 2010 al 2015 sólo en el sistema público, lo que es 43,9 veces más que las 720 que es el caso normal de un médico de su misma especialidad (…) Ella tiene un promedio de más de mil licencias al año, lo que emitía es más o menos una licencia cada 27 minutos contando feriados y festivos".
El sondeo de Inmune destacó que el 38% de los consultados no sabe que existe una ley que sanciona el uso de licencia médica fraudulenta, aunque el 96% está de acuerdo o muy de acuerdo a que existan sanciones contra médicos y sólo el 30% que las hagan efectivas contra pacientes.
"Las personas no tienen conciencia de la magnitud y daño que genera el fraude, ni tampoco que al ser un delito, arriesgan penas de cárcel que van desde los 61 días a tres años. Además, de las multas que alcanzan hasta los 2,5 millones de pesos", dijo el gerente general de inmune, Juan Cristóbal Palacios.
El directivo agregó que la ley 20.585 sanciona de igual forma al doctor que emite una licencia sin fundamento médico o que simplemente la vende, como al paciente que la recibe o la compra.
De los entrevistados, el 93% considera que por uso fraudulento de licencias médicas el mayor perjudicado es Fonasa, luego el 90% cree que los trabajadores o usuarios del sistema de salud, seguido por isapres con 86% y, en último caso el empleador con 85%.
Frente a esto, el gerente de Inmune explicó que las licencias se pagan con el 7% de las cotizaciones de todos los trabajadores "y su uso irregular genera aumento de los planes de salud y de las prestaciones médicas, por lo que es un problema que nos afecta a todos . Esto impacta no sólo en la armonía de los equipos de trabajo, sino especialmente a la productividad de las empresas y en definitiva al país".
Rodrigo Varela, fiscal de Inmune, detalló que en los últimos 10 años el gasto en licencias médicas se ha triplicado y se estima que entre el 25% y el 30% es generado por licencias médicas fraudulentas, con un costo asociado a $195.000 millones, es decir, unos U$300 millones.
"Además le restan eficacia y eficiencia a un sistema que de por sí está desgastado y que crea desconfianzas naturales en las contralorías médicas, públicas y privadas, porque se ven casos donde médicos aparecen vendiendo licencias en la vía pública. Por ello, las contralorías deben ser más rigurosas en la revisión de licencias médicas y, en definitiva, quienes se ven más afectados son las personas que realmente están enfermas y que necesita que sus licencias sean pagadas de forma oportuna".
A pesar de las consecuencias que genera el mal uso, el 94% de los entrevistados considera que quienes usan licencias médicas fraudulentas no sienten nada de remordimiento. Pero el 85% admitió que si ellos cometieran fraude por esta vía en sus trabajos, sentirían mucho remordimiento.
El decano de medicina de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, aseveró que los resultados de la encuesta se dan con frecuencia.
"En el área pública, el sentimiento prioritario es que el uso de licencias crónicamente prolongadas o el uso inadecuado de estas es, prácticamente, un derecho ante la falta de accesibilidad de atención, casi como el pago de tener que estar esperando para tener una solución en Salud y, en el área privada la extensión de días es muy valorada porque lo consideran como parte de lo que pagan en salud, pero sin darse cuenta que lo que hace es encarecer sus planes de salud", comentó.
Como controlar
Varela afirmó que para cambiar el negro panorama es fundamental educar a la población para que tomen conciencia del buen uso de licencias médicas. "Nosotros sólo con charlas educativas hemos logrado que muchas empresas bajen hasta en un 35% el ausentismo laboral, sobre todo, al recalcarles que el mal uso es un delito y que tiene consecuencia penal.
Señaló que debe haber un trabajo coordinado y conjunto entre las instituciones de salud privada y los organismos públicos para tener una mayor fiscalización respecto de los médicos que son considerados como grandes emisores de licencias médicas.
"Nosotros tenemos identificados alrededor de 250 médicos a nivel país que se dedican hoy a la práctica de venta de licencias médicas y, en la Región del Bío Bío sería de 10 a 15, principalmente, pertenecientes al área de la psiquiatría, que es la más difícil de fiscalizar porque la patología no se ve físicamente y, además, las personas no deben guardar reposo por lo que muchas veces las personas las ocupan para tener un segundo trabajo".
Varela indicó que tienen la comprobación de quienes están incurriendo en el delito, pero que mientras no tengan pruebas objetivas no lo harán público, una vez que esté listo se entregará a la Superintendencia de Seguridad Social los datos para limpiar al sistema de salud.