Se trata del conjunto habitacional Mirador del Pacífico, donde los vecinos han sufrido constantes inundaciones por rotura de cañerías, filtraciones por lluvia, voladuras de techos, hongos y hasta gusanos en las paredes.
 

Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

 

Con el fin de proteger la integridad física y psíquica de 129 familias que se encuentran viviendo en condiciones deplorables en departamentos de Mirador del Pacífico en Talcahuano, dirigentes vecinales, patrocinados por el senador Alejandro Navarro, interpondrán un recurso de protección en contra de Serviu, por las acciones y omisiones que provocan la amenaza de los derechos constitucionales de los habitantes.

Esto, porque en los departamentos aparecieron gusanos en las murallas, hongos, filtraciones y humedad, lo que colmó la paciencia de los residentes, quienes recurrieron de protección en contra de Serviu, con el fin de que la Corte ordene tomar las medidas necesarias para que las familias puedan vivir en condiciones dignas.

Nayadeth Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos Mirador del Pacífico, explicó que en los departamentos ya no se puede vivir por las filtraciones de agua, que han provocado humedad, hongos y gusanos en las paredes. Por eso queremos que nos entreguen un subsidio habitacional de vivienda construida, porque han vulnerado todos nuestros derechos", dijo la dirigenta, quien recordó que en ese lugar viven familias que resultaron damnificadas tras el terremoto desde 2010, donde llegaron luego de que los edificios Centinela II fueran demolidos luego del megasismo.

"Estuvimos 3 años viviendo en mediaguas. Llegamos acá y nos encontramos con esto y seguimos con problemas. El terremoto fue hace 6 años y siguen reparando los departamentos, sacando las planchas, secando los muros y vuelve a pasar lo mismo, ya estamos mal sicológicamente, porque seguimos estando damnificados".

Y es que desde que se entregaron los departamentos, en 2013 , han presentado problemas de filtraciones, lo que causó la molestia de los vecinos.

El abogado Adolfo Ortega explicó que el recurso de protección busca restablecer la integridad de los vecinos, por las deficientes condiciones en las que están viviendo. "En la acción se está pidiendo arbitrar las medidas para obtener una relocalización, porque ya no pueden vivir allí. Hay una situación de afectación a la dignidad humana que es gravísima, y el Estado tiene que hacerse cargo, porque fueron entregadas en el marco de lo que ocurrió tras el terremoto".

El profesional agregó que pedirán a alguna universidad de la zona estudios técnicos para ver en qué calidad están los departamentos, lo que está solicitado en el recurso a la Corte.

 

Investigación criminal

 

Además, se suma al hecho de que este año se descubrió la falsificación de los estudios de mecánica de suelo, lo que podría explicar el hecho que el proyecto presentó graves fallas estructurales producto de la mala calidad de los terrenos.

"Esto se supo cuando se quiso construir la sede de la junta de vecinos, ya que la empresa que aparecía como firmante negó haber realizado este estudio", recordó el senador Navarro.

Esto ya está siendo investigado por la Fiscalía, ya que el lunes recién pasado el senador Navarro presentó una denuncia criminal por los eventuales delitos de fraude al fisco y cohecho, en la compra de los terrenos en donde se construyeron estos edificios, el cual fue adquirido en un 5 mil por ciento más caro que el precio que la inmobiliaria Dresden pagó a la Armada el 2008.

A juicio del parlamentario, "estamos ante uno de los fraudes más grandes en materia de especulación inmobiliaria, incluso más grave que el caso Caval debido a su cuantía, toda vez que la Armada de Chile vendió a la inmobiliaria Dresden 100 hectáreas en 400 millones de pesos, para luego revender al Fisco solo 12 hectáreas en 2.600 millones, es decir, se revendieron al Fisco, los mismos predios, en un precio 50 veces superior al original".

El parlamentario recordó que "este negocio lo efectuó el primer director del Serviu Bío-Bío, Sebastián Salas, quien salió del Gobierno cuando intentó negociar una venta de terrenos para damnificados en Dichato a través de un familiar, por lo que existe un manto de dudas que deberá ser resuelto por el Ministerio Público".

Para Navarro "aquí hay un doble daño, puesto que los vecinos han sufrido constantes inundaciones por rotura de cañerías, filtraciones por lluvia, voladuras de techos, hongos y hasta gusanos en las paredes, esto sumado al daño a las arcas fiscales producto de la especulación excesiva. Hoy estos vecinos lo único que quieren es ser erradicados a un terreno que les proporcione condiciones dignas donde vivir".

Agregó que la reparación de estos edificios va a costarle al Fisco al menos 12 mil millones de pesos, es decir, el 40% de lo que costó la construcción completa, "y eso es inaceptable y pediremos un juicio de cuentas en Contraloría", finalizó el senador.