La hermana del estudiante asesinado y abandonado en Rocoto en 1985 anunció que apelarán el fallo, porque a ambos sentenciados se les concedió el beneficio de la libertad vigilada. 
 

Carolina Abello Ross
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Con sentimientos encontrados recibió la familia de José Randolph Segovia la condena dictada por el ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, quien condenó a dos miembros de Carabineros en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio del estudiante, ocurrido el 26 de mayo de 1985, en Talcahuano.

Esto, porque el magistrado condenó a Mauricio Edmundo Vera Cortesi y Jaime Fernando Pedro Barría Sánchez, a la pena de 3 años y un día de presidio, más accesorias legales, en calidad de coautores del homicidio, pero les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En la etapa de investigación, el ministro Aldana logró determinar que Randolph Segovia fue detenido por carabineros en horas de la madrugada del 26 de mayo de 1985, luego de abandonar el lugar en que protagonizó un accidente de tránsito a la altura del Club Hípico en Talcahuano.

Posteriormente, mientras se encontraba en dependencias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, la víctima abandonó las dependencias, siendo intensamente buscado por Vera Cortesi y Barría Sánchez, quienes incluso alteraron un parte policial para hacer creer que se había fugado desde el Hospital Regional de Concepción, lugar en que le practicaron la alcoholemia de rigor.

Alrededor de las 16 horas del 27 de mayo de 1985 un pescador dio cuenta que en el sector Rocoto de Talcahuano, sobre una roca a la orilla del mar, se encontraba el cuerpo de Randolph Segovia, quien murió producto de la acción de terceros, debido a un fuerte golpe en la espalda que le fracturó una vértebra y tres costillas, ocasionándole estallido hepático y la muerte por anemia aguda.

Además, en el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos), divididos en partes iguales, entre Catina y Fabiola Randolph, las dos hermanas del fallecido.

Para la familia Randolph, la versión oficial fue que José se había fugado del cuartel policial, lo que fue imposible de aceptar luego de que su cuerpo apareciera en el río, ya que eso significaba que el joven se fue del cuartel de Concepción caminando, llegó a Rocoto y se tiró desde 100 metros al mar. Más aún, los peritajes descartaron el suicidio, 

El caso fue asumido por el ministro Aldana, luego de que Catina Randolph logró la reapertura del sumario al calificarse como violación de derechos humanos la muerte del universitario, reuniendo toda la información necesaria para entregársela al magistrado. 

En 2014, Aldana procesó por homicidio a ambos ex uniformados. 

Habrá apelación

Catina Randolph aseguró que están conformes con el trabajo del ministro Aldana, ya que gracias a él hubo avances en el caso, que estuvo por años sobreseído. 

"Yo estoy muy agradecida con el ministro por todo el trabajo de estos años, por su dedicación y todo lo que hizo por el caso, ya que la muerte de mi hermano destruyó a una familia completa, pero no estamos conformes con que estas personas, que tanto daño hicieron, anden libremente por la calle. Eso no nos parece justo". 

En cuanto al daño causado a su familia, hay que recordar que sus padres se suicidaron tras el asesinato del alumno de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Concepción. 

Por eso, las hermanas ya decidieron, junto a su abogado, que apelarán la sentencia del caso. 

"No estamos conformes con que no sea cárcel efectiva. No he leído la sentencia todavía, pero creemos que el daño provocado a nuestra familia amerita que la sanción sea mayor", dijo Randolph, quien agregó que estaban preparados para éste y otros escenarios, "pero tenemos el derecho a apelar y es lo que haremos".