Estado sólo cubre al 20% de los residentes enfermos, pero instituciones tienen un 80% de sus beneficiarios en condición de hospitalización. Sólo las Rosas tiene un saldo de $6.750 millones que debe autofinanciar.

Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl

 

"Por cada residente que ingresa a la Fundación Las Rosas nosotros tenemos que salir a mendigar todos los meses 300 mil pesos adicionales a su pequeña pensión, a los pequeños aportes Fonasa, para poder darle la totalidad de sus cuidados que requiere", dice el capellán de la Fundación las Rosas, Andrés Ariztía.

Hace un año el sacerdote envío una carta a los medios denunciando el incumplimiento de parte del Ministerio de Salud en el pago de $1.600 millones para la mantención de camas. Un problema que, si bien fue superado, abrió la puerta al debate en cuanto al reconocimiento de los derechos de salud de los adultos mayores que están en estos hogares.

Más aun considerando el alto índice de dependencia que presentan los residentes en la institución, cifra que pasó de 64% en 2011 a 96% en 2015, donde el 57% presenta dependencia severa o total, es decir, está postrado, cursa demencia o requiere de alimentación parenteral, lo que ha incrementado el costo de tratamiento.

Para la FLR, el aumento en los niveles de dependencia significó mayores requerimientos, por ejemplo, en la dotación de cuidadoras, lo que se tradujo en un costo adicional de $3.485 millones, asumidos por la institución.

Una discusión que ha sido abordada en la comisión de Salud del Senado en conjunto con los representantes de las fundaciones Las Rosas, Hogar de Cristo y Villa Padre Hurtado. Sin embargo, sin resultados hasta la fecha.

Este martes las tres fundaciones volverán a presentarse ante el grupo de parlamentarios.

 

"Somos hospitales"

 

Las instituciones buscan establecer que, de no estar en sus instalaciones, probablemente estos adultos mayores estarían ocupando las camas hospitalarias, por lo que, dicen, se requiere de la entrega de una canasta de prestación de servicios.

"Nuestra preocupación es que, haciendo nosotros el trabajo del hospital, se nos reconozca ese servicio y a ellos (los usuarios) el derecho de ser atendidos en estos hogares que cumplen con toda la normativa exigida", reclama Ariztía.

Cada residente, detalla el capellán, tiene en promedio ocho patologías crónicas, entre ellas hipertensión, accidentes vasculares, diabetes mellitus 1, incontinencia, oxígeno-dependencia, uso de sonda nasogástrica para su alimentación.

Sin embargo, los montos del convenio vigente con el Ministerio de Salud no son suficientes, pues significan un pago de $10.000 por día cama integral, es decir $22 mil pesos menos del valor día cama en la red de salud pública y está orientado sólo al grupo de pacientes directamente derivados por el sistema público de salud y que reciben cobertura de Fonasa.

Ariztía asegura que la cobertura de beneficios provenientes del Estado es escasa y alcanza sólo para el 20% de los residentes de las tres instituciones.

En el caso de las Rosas esto implica 444 personas del total de 2.200 que atiende, de las que 170 se encuentran en los dos hogares que funcionan en la Región del Bío Bío.

"No somos capaces con esto de financiar las kinesiologías, las terapias ocupacionales y muchas prescripciones que debieran recibir, tampoco de financiar al personal (FLR cuenta con más de 400 personas contratadas en el área de salud)".

La petición del sacerdote está orientada a la renovación del convenio por los cerca de $1.600 millones, pero además que se incorporen nuevos recursos de tal modo de aproximarse al monto de $8.450 millones que requiere la institución para funcionar.

 

Hogar de Cristo

 

En el caso del Hogar de Cristo, La directora ejecutiva del Hogar de Cristo sede Bío Bío, Cecilia Ponce, explica que los montos necesarios para la manutención de los adultos mayores fluctúan entre los $400 mil y los $700 mil mensuales. Recursos que en su mayoría son financiados a través del aporte de socios y de la empresa privada.

El Estado le aporta al HDC a través de Senama montos no superiores, pero sí inferiores, a los 120 mil pesos y las pensiones de los residentes son, en su mayoría, la pensión básica solidaria de 93 mil pesos.

"La situación es crítica para las organizaciones que trabajamos en el área. Debe haber una responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, pero claramente las residencias no pueden estar en el 80 por ciento dependiendo del aporte privado. No es sostenible en el tiempo", analiza la ejecutiva.

Agrega que son 67 adultos mayores que alberga HDC en Concepción y 34 en Los Ángeles, lo que implica un gasto mensual de cerca de $600 millones.

Cabe consignar que los programas de residencia de larga estadía son sólo dos dentro de los cien que desarrolla la institución a nivel local.

A esto se suma un número no menor de adultos mayores que se atienden en su domicilios a través del Padam o Programa de atención domiciliaria del Adulto Mayor, pero que no cuenta con financiamiento estatal.

 

Actual modelo de financiamiento

 

Con el objetivo de dar continuidad al convenio vigente, Minsal, a través de Fonasa, acordó establecer un convenio de trato directo, se propuso de un modelo de atenciones médicas estandarizado, que está sólo focalizado en dependencia severa, financia exclusivamente la atención de salud y al beneficiario Fonasa inscrito en consultorio de 65 y más años.

Además, bajo este acuerdo, se realiza ingreso y pago sin diferenciación de complejidad, según disponibilidad presupuestaria y contempla una vigencia de dos años plazo, renovable, si bien el promedio de permanencia de los adultos mayores en estas instituciones es de cerca de 4,5 años.

Frente a esto es que las instituciones buscan que el convenio se convierta en un aporte permanente que de estabilidad a su funcionamiento.