La gestión se realizó tras reuniones en Santiago, ya que a nivel nacional los inmuebles llegan a 45. En la zona el más emblemático es el Palacio de los Tribunales, donde funciona la Corte de Apelaciones. 

 

Carolina Abello Ross
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A principios de agosto, el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, informó que se puso a disposición del Poder Judicial un total de 45 inmuebles fiscales, en el marco de una reunión de trabajo con el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch. 

Esto, ya que por increíble que parezca, la propiedad de estos edificios no pertenecía a este poder del Estado, sino que al Ejecutivo. 

Tras conocer la decisión, Dolmestch agradeció la decisión del Ministerio y afirmó que el trabajo realizado entre Bienes Nacionales y el Poder Judicial "no tiene precedentes y es un trabajo que se debe mantener"; añadiendo que "pese a que nos queda camino por recorrer, los logros alcanzados son de enorme magnitud. Esta reunión fue para hacer un balance el cual ha sido muy positivo. Hemos ido avanzando. Nosotros estamos muy agradecidos y así se lo hemos dicho al Ministro de Bienes Nacionales". 

En la Región del Bío Bío, el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, se reunió con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Patricia Mackay, el pasado viernes 5 de agosto, en la que se acordó formar una mesa de trabajo integrada por personal técnico para analizar la situación de los diez inmuebles que serán transferidos a manos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en las provincias de Bío Bío, Arauco y Concepción, siendo el más emblemático el edificio donde actualmente operan los Tribunales de Justicia de Concepción. Además, se sumarán otros cuatro en la provincia de Ñuble que también serán transferidos.

Éstos son: el juzgado de Letras y Garantía de Tomé; el juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana; el juzgado de Letras de Arauco; el juzgado de Letras y Garantía de Lebu; la cárcel de Mulchén; el ex juzgado de Garantía de Chiguayante; el juzgado de Garantía de Coronel; el juzgado de Letras y Garantía de Cabrero; un inmueble ubicado en la calle Segunda Compañía de Curanilahue, que pasará a ser juzgado de Letras y Garantía; el juzgado de Letras y Garantía de Bulnes; el juzgado de Letras y Garantía de Yungay; el juzgado de Letras y Garantía de Coelemu; el juzgado de Letras del Trabajo de Chillán y la Corte de Apelaciones de Concepción. 

El seremi Aedo explicó que este tema "siempre fue una preocupación del Poder Judicial, ya que no tenían la propiedad de estos inmuebles. Antes, estos edificios eran inmuebles fiscales, que estaban destinados al Ministerio de Justicia, y esta cartera se los facilitaba al Poder Judicial. 

"Y esto era una figura bien extraña, ya que éste era el único Poder del Estado, un poder independiente, que no era propietario de los lugares donde ejerce su labor. Y por eso el Ministerio decidió avanzar en las transferencias de estas propiedades, para que el Poder Judicial pueda hacer las inversiones, modificaciones o cambios, sin tener que pedir autorización a otro poder del Estado", explicó Aedo, quien insistió en que era una situación extraña la que se vivía con estos edificios. 

Y sin duda que el más emblemático es el Palacio de los Tribunales, en la manzana de Castellón, Barros Arana, Tucapel y O´Higgins, donde hoy está emplazada la Corte de Apelaciones de Concepción y donde además funcionan los juzgados del Trabajo y de Familia. 

"Yo creo que muy poca gente sabía que el Palacio de Tribunales de Concepción, un ícono de la ciudad, no era del Poder Judicial, sino que del Poder Ejecutivo, del Fisco, y destinado al Ministerio de Justicia", explicó Aedo. 

El proceso

El seremi recordó que tuvieron que revisar cuál de estos edificios estaban sólo facilitados al Poder Judicial, "analizando sus inscripciones en los conservadores de Bienes Raíces, siguiendo los datos que nos había entregado el Poder Judicial". Así, se definió que el trabajo empieza con 10 inmuebles de las provincias de Bío Bío, Arauco y Concepción. 

"Ya definimos una carta Gantt para este trabajo, por ejemplo, hay algunos que están adosados a otros edificios, entonces el trato es distinto, porque hay que hacer subdivisiones de las propiedades", explicó Aedo. 

De aquí a diciembre se trabajará con los inmuebles que no requieren subdivisión, y con el resto se trabajará hasta el primer semestre del próximo año, para revisar bien los límites de las propiedades y el pago de los derechos de subdivisión. 

Los dos inmuebles donde el trabajo más avanzado es en los edificios de Curanilahue y Chiguayante, por lo que la meta es que el 3 de septiembre, día del Foro y la Magistratura, se entreguen estos dos inmuebles al poder judicial, con la presencia del ministro Osorio y del ministro Dolmetsch. 

"Este es un trabajo que no se había hecho nunca, y cuesta entender que un poder del Estado esté de allegado en el lugar donde realiza su trabajo, en un edificio prestado, que no era de ellos", finalizó Aedo.