Comerciante aseguró no entender la decisión del municipio que le impide cambiarse de local, pese a tener patente pagada hasta diciembre. 

 

Carolina Abello Ross
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Por lo que ellos consideran ilegalidades en la forma de actuar del municipio, el abogado Héctor Mella, en representación del comerciante Rodrigo Apara, presentaron dos requerimientos ante la Contraloría.

El primero se refiere a la insistencia del municipio de mantener vigentes cuatro artículos de la ordenanza que regula la instalación de máquinas tragamonedas en la comuna, pese a que, tras dos requerimientos presentados por Mella en 2015, se ordenó que fueran retirados. 

El segundo cuestiona la decisión del alcalde Álvaro Ortiz de impedir a Apara que traslade su local de juegos desde O’Higgins a Barros Arana, ya que "no existen antecedentes que permitan a esta corporación edilicia formarse convicción de que los dispositivos electrónicos a explotar sean de destreza, y, por lo tanto, esta actividad sea lícita", según explica un oficio del municipio enviado en julio pasado. 

Sin embargo, Rodrigo Apara aseguró no entender la decisión del municipio de impedirle el traslado, ya que él cuenta con su patente vigente y pagada hasta diciembre de este año, por un valor de $326.000. 

Por eso, el abogado Mella precisó que ingresaron ayer estos dos requerimientos. 

"Ellos se han negado a retirar estos artículos, y no modificaron la ordenanza. Desordenaron algunos artículos, pero los contenidos siguen, por eso se ordena que se apliquen las sanciones contempladas en la ley, que van desde multas hasta la suspensión de su cargo, porque él no está dando cumplimiento a una orden de Contraloría". Además, pidieron que la Contraloría se pronuncie por la negativa al cambio de local.

"El municipio le prohibió el traslado y por eso pedimos el pronunciamiento del contralor, porque es ilegal impedirlo". Además, agregó que por Ley de Transparencia ya solicitaron todos los antecedentes de la capacitación que la Superintendencia de Casinos realizaron a inspectores municipales, "’porque nos interesa saber qué tipo de capacitación se puede hacer en 4 horas. Ellos no van a poder determinar la naturaleza de una máquina con sólo mirarla". 

El alcalde (s), Aldo Mardones, aseguró que la ordenanza fue modificada, que no se puede autorizar el traslado pese a que tenga patente, ya que son ilegales, y que las capacitaciones se ajustan a la ley.