Uniformados reclaman por el dictamen, asegurando que perjudica a quienes llevan años en la institución. En la zona la protesta se realizó sin inconvenientes de gravedad

Carolina Abello Ross
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Un nuevo capítulo de la crisis de Gendarmería se escribió ayer, luego de que la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), el gremio más numeroso de la institución, con 8 mil 500 asociados, decidiera iniciar una movilización en los penales del país, desde Arica hasta Porvenir.

La protesta contempló la toma de los accesos y la paralización de los penales como una primera señal de una acción que podría extenderse con el paso de los días, debido a la crisis que afecta al servicio.

El presidente provincial de la Anfup, Benito Saravia, explicó que la movilización se decidió, luego que se dieran a conocer las abultadas pensiones de funcionarios en retiro -de más de $5 millones en algunos casos, y que derivaron en que se estableciera un límite de 60 UF (unos $1,8 millones). Además, se revelaron las prolongadas licencias de gendarmes, de más de mil días en algunos casos, que causaron la destitución de 123 de ellos.

"Esto es para solicitarle al Ministerio de Justicia que volvamos al foco central del conflicto con los funcionarios penitenciarios, que es el tope en sus pensiones, que están siendo reguladas con un dictamen de la Contraloría. Nosotros rechazamos esto y creemos que lo que se debió haber hecho es haber auditado a los altos mandos institucionales y operadores políticos, que se abultaron sus sueldos y que se los llevaron como pensiones", explicó.

Saravia insistió en que como gendarmes "no estamos de acuerdo en que se mantengan esas pensiones millonarias para altos mandos institucionales, creemos que eso es una vergüenza, pero no estamos de acuerdo con el tope que estableció en el Contralor y que sí perjudica a los funcionarios de Gendarmería, porque se está legislando mediante un dictamen".

Por eso, recordó que como Anfup ingresaron un recurso de protección en Santiago y que fue acogido por esa Corte.

"Y la ministra sigue hablando de las licencias, y desvía el foco principal que son nuestras pensiones, cuando quienes abusaron de ellas fueron los operadores políticos y los altos mandos. Los suboficiales estamos muy lejos de recibir una pensión de 5 millones de pesos, con suerte llegamos a un tercio, por eso se está estigmatizando a una institución entera por el abuso de unos pocos".

Por eso, agregó que esperan que la ministra Javiera Blanco se reúna con ellos, de lo contrario el paro continuará.

En la región, están plegados los penales de Concepción, Chillán y San Carlos. El desencierro de los presos se efectuó dos horas más tarde y no se recibió internos que entraran a cumplir condenas o prisiones preventivas. Sí hubo visitas a la población penal y salidas de internos a Tribunales.

El seremi de Justicia, Jorge Cáceres, concurrió a la cárcel El Manzano 2, para constatar en terreno la situación.

"Vamos a esperar el resultado del recurso de protección presentado por ellos por el tema de las pensiones, pero a futuro podemos enviar una ley interpretativa o un proyecto de ley para solucionar este conflicto, creo que vamos a llegar a buen puerto".

El presidente de los jueces de Garantía de Concepción, Carlos Aguayo, explicó que en los tribunales penquistas no tuvieron situaciones de gravedad, salvo un interno que debía ingresar a cumplir condena en Concepción, el que fue derivado a la cárcel de Coronel, sin inconvenientes.

"Estamos pendientes de lo que ocurra, porque si se pliega al paro la unidad de traslado, éstos tendrían que realizarlos Carabineros", dijo el magistrado, quien aseguró que ya han tomado todas las medidas pertinentes en caso de que la movilización de gendarmes se agrave hoy. Entre las medidas sería el reemplazo de Carabineros para asumir también labores de custodia y traslado.