Los académicos Camila Fernández, Lohengrin Cavieres y Amaya Álvez son parte de 11 especialistas seleccionados para contribuir en implementar la Ley Marco y abordar desafíos climáticos desde la evidencia.
El 31 de julio entró en función el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, el primero de esta índole creado por ley en Chile e integrado por 11 especialistas de diversas disciplinas del país y gran liderazgo de la Universidad de Concepción (UdeC) a través de tres integrantes del plantel académico.
Son la doctora Camila Fernández, copresidenta del Comité, y los doctores Lohengrin Cavieres y Amaya Álvez, únicos representantes del Biobío en la instancia convocada por los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y Medio Ambiente (MMA) para reunir la experticia multi e interdisciplinaria requerida para apoyar la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) que creó al Comité.
Según sus bases, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático tiene como rol brindar asesoramiento al MMA en aspectos científicos que se requieran en ámbitos como elaboración, diseño, implementación y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático establecidos en la LMCC. Y detalla que “para ello ha abordado diferentes aspectos críticos del cambio climático, con una mirada global y local, tales como Adaptación, Mitigación, Energía, Agua, Biodiversidad, Ciudades, Criósfera, Antártica y Océanos”.
Y hay un papel clave del Ministerio de CTCI en implementar la Ley y se establece como Secretaría Técnica del Comité, en aspectos como fomentar y coordinar capacidades, y apoyar que las decisiones y políticas se basen en la mejor evidencia científica disponible.
El quehacer y aporte del Comité Científico Asesor consolida un trabajo que inició una instancia científica-técnica que lideró la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y aportó a la preparación de la COP25 que albergó Chile en 2019, antes que existiera la LMCC que entró en vigor en junio de 2022.
“En el primer Comité se generaron las bases, evidencias y herramientas que derivaron en la LMCC que tiene que implementarse. Para eso hay una serie de planes sectoriales y hay que actualizar programas y estrategias con miras a lograr los compromisos ambientales de Chile. Y en eso el Comité va a tener que pronunciarse y asesorar tanto a ministerios como al Gobierno”, manifiesta la oceanógrafa Camila Fernández, directora del Centro de Investigación Oceanográfica Copas Coastal que se aloja en el Departamento de Oceanografía.
La legislación impone lograr metas de carbono neutralidad y resiliencia al clima máximo en 2050, y establece acciones concretas a 17 ministerios para enfrentar el cambio climático. En ese horizonte creó al Comité con funciones específicas en torno varias aristas que implican a las diversas áreas del saber.
“La LMCC especifica que debemos analizar los aspectos científicos asociados a la gestión del cambio climático y colaborar en una serie de herramientas de política pública como la Estrategia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. También habrá que construir documentos que den cuenta de las tendencias globales en investigación de cambio climático”, precisa Amaya Álvez, doctora y profesora de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien es la única abogada que integra al Comité y ex convencional constituyente.
Así también hay potente rol y desafío de generar coherencia entre la evidencia y la normativa.
“Lo que se espera es que ayudemos que la evidencia científica que conocemos sea utilizada para mejorar la política pública, en particular para promover acciones que tengan que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático en distintas áreas del devenir. Sentimos que aquí hay una oportunidad real de indicar caminos inteligentes para no cometer errores”, sostiene el académico del Departamento de Botánica Lohengrin Cavieres, Premio Municipal de Ciencias 2022 e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).
La doctora Fernández cuenta que la mayoría de los integrantes del Comité están mandatados por tres años, periodo en que irán abordando distintos objetivos y planificaciones. “Hasta fin de año estamos trabajando con todos los planes sectoriales y algunas NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) que hay que revisar. En ese sentido participamos en mesas ciudadanas y reuniones”, cuenta.
Y resalta el activo vínculo que mantienen los representantes UdeC para coordinar y potenciar el aporte local. “Estamos proponiendo una reunión del Comité este semestre en Concepción, así que lo podríamos acoger en la UdeC”, destaca.
La ciencia, en todas las áreas del saber, tiene mucho que decir y aportar en relación con retos cruciales para el desarrollo y bienestar social como el cambio climático, fenómeno global de manifestación e impacto local al que Chile se considera uno de los 10 países más vulnerables. Por eso debe escucharse y considerarse.
Algo que de manera pionera y crucial reconoce la Ley Marco de Cambio Climático con sus lineamientos y creación del Comité Científico Asesor con funciones concretas en diversas materias.
Según resalta la copresidenta Camila Fernández, el quehacer permitirá entregar las mejores evidencias científicas para la adaptación al fenómeno y competen desde las ciencias naturales a las sociales y humanidades, que van de la conservación de la biodiversidad a planificación territorial, ordenamiento jurídico y salud mental, que se representan con los 11 integrantes.
Por eso la académica con sus pares UdeC Amaya Álvez y Lohengrin Cavieres valoran poder involucrarse en los avances en términos de decisiones y políticas que tracen el camino del país para afrontar desafíos climáticos y ambientales para el desarrollo sostenible. Y tienen mucho que contribuir por la experiencia que han acumulado en sus trayectorias junto a sus equipos.
En el caso de Camila Fernández se destaca el estudio de fenómenos en relación al océano, también misión del Copas Coastal.
Y cuenta que “estamos estudiando el tema de eventos extremos y el impacto del cambio global en Antártica y a lo largo de todo Chile”. Otra arista es el desarrollo de “modelos predictivos para el devenir de grandes mamíferos marinos, de los recursos pesqueros e invertebrados que hoy están sometidos a un cambio de régimen y cambiando su distribución, lo que tiene un costo social”. “También estamos interviniendo en hábitats que son emergentes: dentro del cambio global las condiciones se modifican y el océano costero ya no es igual, y queremos saber cómo es ahora y a qué tipo de regímenes u organismos va a beneficiar o perjudicar”.
Los recursos hídricos, vitales en su disponibilidad para la subsistencia y críticos en el país ante la reducción de las precipitaciones y larga sequía que ha generado escasez que padecen cientos de comunidades y varias del Biobío, son el foco hace más de una década Amaya Álvez, primordialmente como investigadora del Crhiam. También releva que “como convencional constituyente me di cuenta de lo importante que es influir con información científica y técnica en la conformación de las normas jurídicas”.
“En materia de agua uno de los grandes debates es quién la autoridad competente. Muchas competencias están en el Ministerio de Obras Públicas, pero uno se pregunta si es este Ministerio el que tiene la perspectiva del cambio climático o es el de Medio Ambiente o si hay otras instituciones que debieran tener competencias”, expone.
Lohengrin Cavieres estudia las plantas de la criósfera, aquellas de ambientes de baja temperatura como Los Andes o Antártica, vulnerables a las variaciones ambientales e impactantes desde lo ambiental a lo social.
“Tendemos a pensar que porque son ambientes inhóspitos no hay diversidad y no importan. Pero importan y mucho. Las plantas son relevantes y centinela del cambio climático. Cuando decimos que los glaciares están retrocediendo significa que esa roca y suelo queda expuesto, y si no colonizan las plantas significará que ante la primera lluvia ese material va a terminar en el fondo del valle, generar inundaciones y torrentes con mucho sedimento y se van a cortar los suministros de agua potable”, profundiza.
El Comité se asume como hito de gran desafío e impacto.
“El problema del cambio climático ya no puede ser motivo de si existe o no, ya lo vemos y lo sufrimos. Y creo que lo que acaba de pasar con el temporal y la electricidad es patente: no nos estamos adaptando, no estamos tomando medidas que se hagan cargo de que cada vez de manera más frecuente estemos sometidos a eventos climáticos más extremos. Y lo que se espera es que con esa evidencia sobre la mesa hagamos cosas”, sostiene Cavieres, “hasta ahora siempre han habido mesas de trabajo clásicas, que son una instancia para mostrar lo que sabemos, pero desafortunadamente no siempre terminan en acciones concretas”, añade.
Desde allí Álvez manifiesta que “el gran desafío es tomar una ley muy relevante en materia de principios como el científico, el precautorio o de justicia intergeneracional para transformarlo en un mandato concreto de política pública”, porque “tienen que concretarse en competencias, responsabilidades, fiscalización y recursos disponibles para llevar a cabo esas tareas”.
La misión será “trasladar un conocimiento que muchas veces es abstracto o técnico en la adecuación de la norma e implementación en la práctica. Ahí los abogados tenemos un desafío de redacción y claridad para apoyar la implementación, que no depende sólo de nosotros y muchas veces depende de la voluntad de la autoridad, pero creo que puedo apoyar y estoy al servicio del Comité”, cierra.