Gas lacrimógeno: aumentaron las urgencias respiratorias en el estallido social de 2019 en Concepción

Estudio UdeC determinó que infantes menores de 1 año y personas mayores de 65 años fueron los más afectados con consultas de emergencia durante el periodo de crisis. Ahora el reto es ahondar en el efecto crónico con datos a nivel nacional en base a los GES y las ciudades con más protestas y mayor exposición al elemento disuasivo.

Un aumento de las consultas de urgencia por cuadros respiratorios durante el periodo del estallido social de 2019 en el Gran Concepción fue lo que evidenció una investigación liderada desde la Universidad de Concepción (UdeC) y cuyos resultados se publicaron recientemente en la revista British Medical Journal Open.

Una consecuencia que se explicaría por la exposición al gas lacrimógeno, elemento de uso común para disolver las protestas. Justamente, fueron estos eventos cuya ocurrencia tuvo un aumento exponencial y se desarrollaron de manera recurrente por varias semanas desde que explotó el fenómeno social el 18 de octubre (18-O) en la Región Metropolitana para empezar a nivel local al día siguiente. Así, también se incrementó el uso del elemento disuasivo.

El hallazgo

La investigación surgió con el objetivo de ahondar en los efectos más prolongados y potencialmente graves de exponerse a este gas, más allá de la irritación aguda, y demostró que las más afectadas son las poblaciones en los dos extremos de la vida, infantes menores de 1 año y personas mayores de 65 años, explica la doctora Patricia Huerta, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y autora principal del artículo.

El producto nace desde un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID) de la UdeC. Sus coautores son Tamara Ugarte del Departamento de Kinesiología y Marcelo González del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina. Además, hay colaboración internacional a través de Manuel Cifuentes, epidemiólogo del Regis College de Estados Unidos, experto en modelos matemáticos.

“Las emergencias respiratorias durante el periodo del estallido social crecieron 1,34 puntos porcentuales en infantes y 1,44 puntos porcentuales en personas mayores”, precisa la doctora Huerta para ahondar en los resultados del estudio que también documentó que para urgencias respiratorias pediátricas se usó primordialmente el Hospital Regional de Concepción y las personas mayores emplearon más los SAR que están en sus territorios.

La epidemióloga comenta que la evidencia de ambos grupos como los más afectados no es inesperada, porque coincide con que tienen sistemas respiratorios e inmunes más lábiles, porque lactantes tienen su organismo en desarrollo y personas mayores sufren un deterioro orgánico en sus funciones que se asocia al envejecimiento como también a la presencia de patologías de base. Por lo mismo suelen ser también definidas como poblaciones de riesgo para infecciones y enfermedades como la Covid-19 o influenza.

En este sentido, durante su análisis también pudieron calcular el riesgo de que la urgencias respiratorias estén sobre su promedio habitual durante un evento similar al estallido social de 2019 y resalta que “el riesgo es 34% más en infantes y 50% más en personas mayores”.

Control de variables

Para llegar a sus conclusiones, el equipo analizó los registros de urgencia de todo 2018 y 2019 dentro del sistema público nacional.

La doctora Patricia Huerta comenta que el tiempo de estallido social abarcó desde el 18-O hasta noviembre y diciembre de 2019, cuando bajaron significativamente las protestas en Concepción. Los datos de ese periodo se compararon con los del resto del mismo año y todo el anterior, conscientes que las manifestaciones y uso de gas lacrimógeno fue eventual y muy menor por no estar una crisis social como tal.

“El efecto es más importante en la semana del estallido social en particular. Luego decae. Pero, claramente hay un aumento del promedio habitual de consultas por urgencias respiratorias al comparar los tres meses con los otros de 2019 y todo lo que ocurrió en 2018”, aclara.

Y releva que “hicimos todos los controles necesarios para demostrar que, efectivamente, durante el estallido social hubo más urgencias respiratorias en menores de 1 año y en adultos mayores”.

Porque consideraron y descartaron el potencial impacto de todas las variables que podrían influir a nivel respiratorio para determinar la real relación causa-efecto entre uso y exposición a bombas lacrimógenas con el alza en urgencias respiratorias. Clima y tiempo meteorológico, contaminación ambiental o temporada de alergias son factores que se estudiaron y “limpiaron”.

Además, la académica explica que estos resultados muestran que “aumentó la cantidad de urgencias en un conjunto de diagnósticos asociados con el árbol respiratorio bajo, consistente con el tipo de exposición, pero no un diagnóstico en específico”.

Significa que hay quienes pudieron estar padeciendo una enfermedad cuyo cuadro se exacerbó al exponerse a gas lacrimógeno o que la exposición causó síntomas que obligaron a ir a urgencias. También hay emergencias que no pueden atribuirse e iban a ocurrir igual por otros motivos.

Ahí el reto científico de profundizar los conocimientos para tener más certezas sobre el fenómeno, que es en lo que sigue trabajando el equipo en su proyecto de cara a generar evidencias que lleven a producir el segundo paper en un futuro próximo.

“Siempre debe estar la salud de la población como prioridad”

La inquietud que llevó a investigar sobre exposición a gas lacrimógeno y efecto respiratorio fue de índole personal.

Patricia Huerta expone que junto a los investigadores UdeC son padres de hijos pequeños en el estallido social y habitaban o se desenvolvían en el centro urbano del Gran Concepción, epicentro de protestas, donde el constante uso del gas dejó restos y un ambiente irritante más allá de los eventos.

Comenzaron a conversar sobre que sus niños manifestaban más síntomas respiratorios, mientras a la UdeC empezaron a llegar requerimientos de apoyo por parte de comunidades cercanas a sitios de protestas, cuyo bienestar se veía afectado, en aspectos como elevar solicitudes a autoridades para cesar uso de lacrimógenas o acceder a charlas sobre efectos del uso intenso y/o constante.

Así inició la indagación para dar respuestas. “Pero, quienes empezamos a buscar nos encontramos con falta de conocimiento sobre qué causaba el gas lacrimógeno más allá del efecto inmediato de causar irritación y que la gente se retire del lugar de protesta”, destaca. Se refiere a consecuencias posteriores, más complejas y/o de más largo plazo en quienes han tenido alta exposición (aguda o crónica).

La preocupación era alta, pocas las evidencias, aunque comenta que “hay varios estudios de caso más incidentales de niños y adultos expuestos de manera intensa, y mucha investigación en personal militar” y que “encontramos reportes de secuelas bronquiales, tos recurrentes, por exposiciones intensas o constantes”.

La investigación local

En ese escenario se basa la investigación local dividida en dos fases documentales de cara a determinar el impacto del fenómeno social en la salud pública, resalta Patricia Huerta.

La primera, que resultó en el artículo publicado, fue sobre registros de atenciones de urgencias en Concepción para verificar aumento en consultas respiratorias en el estallido social. Es el alza aguda por cuadros asociados al momento de exposición.

En una segunda etapa abordan un análisis a nivel nacional en función de evaluar aumento de los GES por enfermedades respiratorias crónicas, efecto de largo plazo, en ciudades cuya población tuvo alta exposición a gas lacrimógeno.

Con este trabajo, la académica UdeC asevera que miran el horizonte de construir una sólida base de evidencias para sustentar la postulación de un proyecto de mayor financiamiento para escalar a fases más avanzadas para generar nuevos, más profundos y precisos conocimientos.

Para el bien común

No fue fácil difundir el primer paper: vio la luz hace poco, pero está listo desde 2022. “El trabajo pasó por muchas revistas, nos costó mucho que alguna de corriente principal se decidiera a publicar”, afirma Patricia Huerta. Y lo atribuye a dos situaciones.

Por un lado están las revisiones de especialistas al que todo artículo se somete, en que hubo reticencias sobre incidencia de otros factores en las urgencias, si bien asegura que fue esas variables que se ocuparon de controlar.

“Lo político también preocupó a varios revisores en revistas de corriente principal”, apunta. “El tema es polémico. Se recibieron rechazos basados en que era preferible en situaciones de protestas, ad portas de una revolución social, documentar efectos más graves por uso de balines de gomas y otros elementos de parte de las policías, como traumas oculares que se dispararon en el estallido, para dejar margen en que tuvieran algo con qué actuar en estas situaciones”, afirma.

Pero, no decayeron ni decaerán en seguir ahondando e insistir en publicar sus resultados, por polémicos que sean y rechazos que reciban.

Porque está convencida, como sus colegas, que estos conocimientos son vitales para mejores decisiones en una materia que puede afectar a toda la sociedad; ante el uso de gas en un evento se exponen manifestantes, personas que no participan y están en el sector, y las policías.

Entonces, las evidencias deben ser públicas para usarse para el bien común, trascendiendo al conflicto de interés de su difusión, porque “debe estar la salud de la población como prioridad”, sostiene Huerta.

Y ante los cuestionamientos afirma que “nuestro argumento como investigadores y salubristas ha sido que primero tenemos la responsabilidad de atender la preocupación de la ciudadanía. Y es si el gas lacrimógeno hace daño y resolver esa duda. Vemos evidencia de daño y tenemos que declararla. Queda en manos de autoridades o policías ver qué otras estrategias podrían haber en protestas, pero nosotros debemos preocuparnos de la salud de la población”.

En ello añade “la carga del sistema” asociada a urgencias por daño evitable que se suma, y podría complejizar la atención, a casos inevitables. Pone de ejemplo un estallido social junto a la crisis de la Covid-19 o la influenza y otros virus respiratorios. “Los recursos públicos son escasos y la demanda alta. Por eso es muy importante reducir la sobrecarga a los sistemas públicos por vías evitables”, asevera.

“Habrá muchos argumentos políticos sobre si se debe usar gas lacrimógeno en protestas o cuáles son las mejores estrategias para disolver una. Pero, el punto es la salud pública, cuidar a los más vulnerables y a los recursos”, concluye Patricia Huerta.