Escuelas en encierro juvenil: barreras al acceso al derecho a la educación de calidad

Modalidad impertinente, pocos recursos y muchas complejidades viven los colegios que están dentro de centros de Sename y entidades que los poseen conformaron una Red para mostrar dificultades e impulsar cambios. Una es Tierra de Esperanza, que tiene dos y una está en Biobío.

Durante 2020, el Servicio Nacional de Menores (Sename) atendió a más de 189 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto en las áreas de protección como de justicia juvenil. En esta se atendieron a 10.275 menores de edad infractores de ley juzgados bajo la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente y están en estado de privación de libertad, sea con sanciones o medidas cautelares para cumplirse en el medio libre o centros semicerrados y cerrados.

De los últimos existen 18 en Chile, donde los menores, sujetos de pleno derecho, deben recibir una serie de intervenciones en pos de su reinserción social, habiendo en el ámbito educativo un pilar y, sin embargo, las complejidades del contexto ponen el camino cuesta arriba para ejercer la labor y su trascendental misión. Una realidad tan habitual para quienes son parte de las escuelas que funcionan en los centros que administra Sename como más que invisibilizada para gran parte de la sociedad que no puede ver lo que sucede tras los altos muros y rejas de estos recintos ni dimensionar sus implicancias.

Cambiar la política pública

Por eso, los planteles educativos han decidido unirse y fortalecer sus esfuerzos para generar reales cambios a través de la Red Educativa en Contextos de Encierro para Adolescentes y Jóvenes, creada este 2021 e integrada por cuatro sostenedores que representan a seis establecimientos educacionales de distintas regiones. Entre estos está la Corporación Educacional Tierra de Esperanza, nacida desde la Fundación Tierra de Esperanza, que administra dos escuelas, una en Limache y “El Renoval” que desde 2011 funcione dentro del Centro de Internación Provisoria (CIP)-Centro de Sanciones Régimen Cerrado (CRC) de Coronel.

José Rebolledo, coordinador técnico de la línea de educación de Fundación Tierra de Esperanza, quien previamente trabajó en el CIP-CRC Coronel, define a la Red como una necesidad para trabajar de manera concreta por el desafío de incidir en la política pública y mejorarla. Y es que resalta que el origen se dio “desde un diagnóstico común de situaciones complejas a partir de la modalidad en la que trabajamos, pues no es la más pertinente para la formación”, ya que aclara que “es la de educación de jóvenes y adultos, por tanto, no responde adecuadamente a necesidades y características de la población que atendemos”. Además, añade que “los recursos que entrega esta modalidad son los más bajos dentro del sistema escolar y las necesidades de atención son mucho más complejas”, tanto por la situación de encierro como las características psicosociales y educativas de los jóvenes atendidos.

Derecho y avances

Lo más grave de las dificultades es su impacto negativo en “garantizar el derecho a la educación y a una de calidad de los jóvenes”, advierte, ya que “tener acceso a una educación de calidad para estos jóvenes, no sólo en privación de libertad, también los de justicia juvenil en el medio libre, permite optar a proyectos de vida que son distintos a los relacionados con el conflicto con la ley”, sostiene. Es decir, reinserción y movilidad social, más herramientas, oportunidades y proyección para su vida futura.

Y Rebolledo enfatiza que el acceso a la educación es un derecho y el Estado debe garantizar, siendo Sename el garante en contextos de encierro y que hay un compromiso en esta materia, ya que como Corporación Educacional y Fundación Tierra de Esperanza desde 2019 han usado el Examen Periódico Universal, instrumento de Derechos Humanos para evaluar situaciones en los Estados miembros de Naciones Unidas y presentaron un informe con recomendaciones para la educación en contextos de encierro. “Y un Estado miembro, Austria, recogió una de nuestras sugerencias y la recomendó a Chile y la aceptó: establece que Chile va a hacer los esfuerzos para garantizar la educación de calidad de jóvenes privados de libertad”, afirma. Actualmente, con apoyo de la Red y otros actores como la academia, trabajan en un informe de medio término sobre el nivel de cumplimiento de la recomendación.

En este sentido, valora los avances tras la conformación de la Red, aunque son primeros pasos de una carrera que no es corta y probablemente tampoco expedita. Por un lado, cuenta que “hemos tenido reuniones con Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Sename” y destaca que por primera vez se generó una mesa de trabajo estable con Sename que incorpora a sostenedores de colegios que funcionan dentro de contextos de encierro para conversar y resolver problemáticas.

Transformaciones que, confía, pueden ver importantes impulsos y materializaciones ante los relevantes procesos eleccionarios o constituyentes. Por eso, la Red se ha acercado a convencionales constituyentes para entregarles informes y evidencias que lleven a garantizar constitucionalmente el derecho a la educación para niños y jóvenes privados de libertad en la nueva Carta Magna que regirá a Chile.

“Nuestros estudiantes tienen necesidades que difícilmente puede responder la educación para adultos”

Crianza y desenvolvimiento en condiciones de alta vulnerabilidad social, graves vulneraciones de derecho y maltrato, falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades o satisfacer sus necesidades, trayectorias escolares interrumpidas, acumulación de factores de riesgo delictivos. Los estudios realizados y la experiencia de instituciones como Tierra de Esperanza demuestran que todo aquello caracteriza a gran parte de los niños, adolescentes y jóvenes infractores de ley en Chile. Según datos disponibles a través de Sename, sobre 90% de la población juvenil que infringe la ley son varones y la mayoría de entre 16 a 17 años, y un dato de tremenda implicancia es que más del 50% de los adolescentes procesados bajo la ley de responsabilidad penal están fuera del sistema educativo, muchos, incluso, sin tener la escolaridad completa de enseñanza básica.

Por esta razón, asevera que “la población que atendemos han sido víctimas de procesos de exclusión escolar, tienen desfase escolar y eso configura importantes necesidades educativas que difícilmente puede responder la modalidad de educación para jóvenes y adultos”, que es la que la política pública chilena ha definido para que funcionen las escuelas y planteles docentes que operan en los contextos de encierro juvenil.

Modalidad impertinente

La impertinencia de la modalidad para la entrega de herramientas y desarrollo de competencias acorde a intereses, características y requerimientos es la base de las dificultades y problemáticas, dice. Suena de Perogrullo, pero el primer hecho que menciona es que el currículo que se aplica se estableció en función de adultos y esta educación se creó para dar facilidades a personas de este grupo que necesitan terminar sus estudios escolares, porque antes no pudieron por distintos motivos, y de esta manera acceder a mejores puestos laborales y remuneraciones. No obstante, advierte que “por los mismos procesos que se traducen en exclusión y deserción escolar, la modalidad se llenó de jóvenes y adolescentes”.

“A partir de eso hubo que hacer algunas modificaciones, pero lo sustancial del currículo sigue siendo lo mismo y la población es mucho más joven que el origen de la modalidad”, advierte. De ahí que el currículo no sea pertinente para el rango etario de adolescentes que, aunque estén privados de libertad, viven en pleno proceso de desarrollo integral, requieren absorber conocimientos y potenciar sus capacidades teóricas y prácticas para luego, terminada su sanción, estén motivados de continuar sus estudios, terminar la escuela y llegar a la educación superior.

Para lograr todo ello, además de la enseñanza de contenidos establecidos como objetivos curriculares, dada las distintas características de la población penal adolescente y juvenil, el experto en educación recalca que “necesitan una atención especializada y la gran mayoría tiene necesidades educativas especiales (NEE)”, por lo que deben recibir distintas intervenciones.

Y para eso la modalidad de educación para adultos en el contexto de encierro juvenil supone otras barreras: al ser aquella para la que el Ministerio de Educación entrega menos financiamiento (subvención) por cada alumno, los recursos no bastan y ello se transforma en otra complejidad que las entidades deben abordar. “Existe dificultad para poder mantener en funcionamiento los establecimientos por la subvención baja y eso se ha visto agravado en contexto de pandemia, por la reducción de jóvenes en contextos de encierro”, asegura al respecto José Rebolledo.

Para graficar este difícil panorama se detiene en la situación de “El Renoval” en el CIP-CRC de Coronel.

Por estar dentro de un centro privativo de libertad, tal como la operación de este, deben mantenerse separados quienes están condenados de quienes están con una medida cautelar. “Entonces, nos vemos en la obligación de separar cursos y tener dos para el mismo nivel con una planta docente diferente para cada uno. Todo eso significa un grave problema pensando que la subvención es súper baja”, afirma.

En este establecimiento, además, tienen el Programa de Integración Escolar (PIE) para escolares con NEE. El PIE está diseñado para un trabajo anual, pero porque su orientación es hacia establecimientos que están en el medio libre y no de encierro, que es uno cuya masa de alumnado depende directamente del sistema judicial y aclara la justicia a mitad de año o tras unos meses de sanción podría decretar el egreso de un joven, que probablemente sea parte del PIE. “Siempre es bueno que un joven egrese, pero también significa que la subvención por PIE no la seguimos recibiendo mientras debemos mantener al equipo de profesionales por todo el año”, sostiene.

En los docentes

Otras situaciones poco favorables del sistema afectan a los profesores. Cuenta que las escuelas de Tierra de Esperanza están incorporadas a la carrera docente, pero los profesores no pueden ser evaluados, pues los centros privativos de libertad no son compatibles con el sistema. “Por ejemplo, la evaluación está pensada para que las clases se graben y eso no se permite en estos centros”, cuenta, y esto perjudica a los profesores que al no ser evaluados no pueden subir escalafones dentro de la carrera ni aspirar a remuneraciones más altas.

Por otro lado, afirma que “las formaciones aprobadas por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación no responden a las necesidades específicas de nuestros docentes”, lo que impacta en el desarrollo de sus herramientas para mejorar la enseñanza, lo que repercute directamente en sus educandos, en sus aprendizajes y oportunidades.

Solución

Si bien Rebolledo reconoce que mejoras en cuanto al aporte económico que Sename hace han sido cruciales para acortar algo las brechas, todavía son largas, quedan muchos esfuerzos que hacer y retos que superar para que estas desaparezcan.

Ahí el anhelo y ahínco de la Red Educativa en Contextos de Encierro para Adolescentes y Jóvenes para fomentar el diálogo y sensibilización y hacer un aporte concreto al trabajo conjunto que solucione la problemáticas que aquejan a este ámbito educativo y se garantice el acceso a una educación de calidad a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, sin invisibilizar ni olvidar a quienes están privados de libertad para así lograr cambiar sus trayectorias de vida.