Señora Directora:

En Chile, el sistema de protección infantil incluye a muchos adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, al cumplir los 18 años, aquellos que no continúan con sus estudios se ven en una situación compleja, debiendo finalizar sus estancias en las instituciones del Estado, quedando, en muchos casos, sin redes que les ofrezcan apoyo. Este vacío es una falla estructural que expone a estos jóvenes a una espiral de exclusión, con limitadas opciones para integrarse en la sociedad de manera plena y segura.

La transición a la adultez debería ser acompañada de respaldo y autonomía progresiva, pero para estos jóvenes significa, con frecuencia, independencia forzada. Al abandonar el sistema, muchos se encuentran en el dilema de lo que les deparará su futuro, sin formación laboral suficiente, sin redes familiares sólidas, y sin alternativas de vivienda o sustento estable. La falta de continuidad en el apoyo y la ausencia de programas específicos para su desarrollo profundizan las barreras de acceso a oportunidades de empleo, vivienda y educación.

Las políticas públicas de protección deben extenderse y adaptarse para responder a las necesidades de estos jóvenes. Iniciativas como mentoría social, capacitación laboral temprana y programas de acompañamiento individualizado podrían marcar una gran diferencia en su autonomía. Desde ese punto de vista es fundamental que el Estado se responsabilice de estos adolescentes que, tras alcanzar la mayoría de edad, siguen necesitando apoyo y recursos para afrontar los desafíos de la adultez.

Chile tiene la oportunidad y el deber de crear un sistema que les ofrezca un verdadero futuro. Una sociedad inclusiva no puede permitirse abandonar a aquellos que han crecido en condiciones adversas, especialmente en un momento tan crucial de sus vidas.

Claudio Riquelme Neira-USS