Señora Directora:
Seis años de vigencia lleva la Ley N° 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad. Si bien esta normativa permitió el acceso laboral a un número importante de personas y ha instalado el tema en la agenda pública, constantemente existieron problemas de cumplimiento. Las organizaciones de la sociedad civil asumimos el rol de acompañar y asesorar a las empresas ante las múltiples consultas surgidas.
Ahora vemos con preocupación las recientes modificaciones que afectan las normativas de inclusión laboral, producto de la entrada en vigencia de la nueva ley N° 21.690. Como Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, hemos identificado importantes vacíos en la información disponible actualmente, frente a lo cual no hemos recibido respuestas satisfactorias por parte de la autoridad. Esta situación produce gran incertidumbre ante el nuevo periodo de cumplimiento que se avecina. Nos preocupa que se repita el escenario confuso que se produjo con la última modificación reglamentaria -a fines de 2023- cuando las organizaciones de la sociedad civil debimos asumir el rol de explicar y aclarar a las empresas las inquietudes que manifestaban.
La experiencia nos ha demostrado que un contexto en el que persisten vacíos normativos o de información, es contraproducente para el avance del cumplimiento de las metas de inclusión laboral. Por ello, consideramos esencial contar con un ciclo de socialización de los cambios que se introducen en el nuevo cuerpo legal, dirigido a toda la sociedad, y en particular a las personas con discapacidad, que permita clarificar dudas e inquietudes. Consideramos que un proceso claro y acciones bien planificadas son cruciales para promover el adecuado cumplimiento de la legislación, dando un paso importante hacia la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.
Álvaro Aguilar / Fundación Ronda
Evelyn Contreras / AVANZA
Carmen Luz Montoya / Fundación Cristo Vive