Por estos años más de algún dolor de cabeza ha traído la aclamada Ley de Transparencia. No sólo porque la legislación dejaba expuesta información que hubiesen preferido que no saliera a la luz pública, sino porque además se exigían acotados plazos de entrega.

Tras una década en funcionamiento, el Gobierno anunció la actualización de la Ley. Y aunque, sin duda, es una de las reformas más exitosas que se ha realizado, siempre es beneficioso una renovación al sistema.

Desde el 2009 a la fecha se han realizado 475.737 solicitudes de acceso a la información a través del sitio web dispuesto. Esto no sólo ha permitido facilitar el rubro de la investigación, sino que ha hecho que cientos de ciudadanos sean fiscalizadores de las instituciones que los rodean.

Cómo olvidar a los concejales viajeros, las jubilaciones exprés de gendarmería o el uso irregular de terrenos de Cema Chile, por mencionar sólo algunos casos del sinfín de irregularidades que antes hubiesen permanecido en la opacidad sin esta herramienta.

A 10 años de su instauración, esperamos con ansias que la Ley de Transparencia 2.0 continúe contribuyendo a mejorar el derecho del libre acceso a las fuentes públicas, fomente la participación y ayude a reforzar las confianzas tanto en las instituciones como en la misma ciudadanía.

Renata García
Socióloga