Por mucho tiempo, las administraciones públicas han actuado con un dejo de superioridad a la hora de proveer sus servicios públicos, reduciendo al ciudadano a un mero usuario. Aquel que hace largas filas, esperando su turno para ser atendido, sin mayores expectativas sobre lo que finalmente recibirá. De la mano de la Nueva Gestión Pública, en la década de los noventa, estas administraciones fueron paulatinamente cambiando, elevando a este usuario a cliente, el que de manera cómoda y rápida obtiene los certificados que el Registro Civil ha puesto a su disposición o el que hace un clic a la propuesta de declaración de impuesto que nos ofrece el Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, lo anterior, lo que las administraciones públicas deben hacer es elevarnos aún más de categoría, a la de ciudadano, ese que tiene el derecho, no solo de recibir buenas prestaciones, sino que además, ser parte de las decisiones públicas.

Chile, con la Ley 20.500 aprobada el 2011, inició este caminar. Se introducen distintos mecanismos de participación ciudadana en la Gestión Pública, pero lamentablemente no obliga a la autoridad a considerar los aportes ciudadanos. Esta deuda con la ciudadanía, está planteado en el informe que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entregó en enero del 2017 a la Presidenta Bachelet. Esperamos que de manos del recién electo Presidente que asume en marzo de 2018, se inicie el recorrido necesario para que sea realidad el derecho a participar de la gestión pública, transformándonos así, en ciudadanos del siglo XXI.

 

Waleska Muñoz Aravena

Académica Departamento de Administración Pública

y Ciencia Política, Universidad de Concepción