Señor Director:
El 10 de septiembre la OMS conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y aunque Chile lidera los índices de fallecimientos a nivel mundial, especialmente del suicidio infanto juvenil; no ha habido ningún evento oficial para promover su prevención por parte del Ministerio Salud y en especial del Ministerio de Educación.
En Chile, no existe la provisión jurídico penal de instigación o inducción psicológica al suicidio, y no está penalizado el maltrato infantil y escolar sin lesión física, es decir, aquel tipo de maltrato que atenta contra la integridad moral, psicológica- emocional y que se materializa en toda forma de trato degradante.
Por consiguiente, el suicidio deja en la impunidad penal y administrativa a un alto número de responsables, especialmente de aquellos que se encuentran en una posición de garantes de derechos, tales como establecimientos educacionales, residencias tutelares, centros privativos de libertad, centros psiquiátricos etc.
Desafortunadamente, Chile carece de una unidad de Carabineros y Policía de Investigaciones especializada en maltrato infantil, y también de una fiscalía de menor, principalmente porque nuestro país aún no tiene una legislación e institucionalidad integral para la infancia acorde a los parámetros internacionales mínimos, exigidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile el 14 de agosto de 1990.
Cabe decir, que el proyecto de ley que crea el sistema integral de garantías de los derechos de la niñez, que está a punto de aprobarse en el Senado, será una ley marco de derechos progresivos, es decir, una mera declaración de principios, en donde no se determinan de forma clara y expresa las funciones y competencias de los ministerios de Educación, Salud, Justicia y agentes policiales, en la protección integral contra toda forma de violencia hacia la infancia vulnerable, independiente de condición social, geográfica y étnica de los niños y adolescentes menores de 18 años que viven en Chile.
El suicidio infanto juvenil es un doble calvario para las familias que lo sufren, el primero es la dolorosa pérdida de un ser querido y de los años potenciales que hubiera vivido y el segundo es el estigma social, el sentimiento de culpabilidad y aislamiento social que invade a los sobrevivientes del suicidio y este trauma extremadamente doloroso e individual se agrava por la alta impunidad legal y administrativa en Chile, debido a falta de legislación interna en nuestro país, con respecto a la protección de los niños contra toda forma de violencia desvelada en el espacio escolar.
Chile mantiene un notable retraso legislativo en materia de protección de los derechos de la Infancia, en comparación con el resto de América Latina, y los altos índices de suicidio infanto adolescente es una consecuencia directa de ello. Un tema que debería estar salvaguardado por una robusta política pública intersectorial y estatutaria, a la que estén subordinados todos los ministerios e instituciones del país , que ostenten una posición de garantes de los derechos humanos convencionales de la infancia y la familia.
Myriam del Canto
Trabajadora Social