La necesidad de resolver conflictos socioambientales

Fecha Publicación: 20/7/2016

Se abre la puerta a muchos escenarios conflictivos cuando la mayoría de las personas toman conciencia del derecho a expresar su opinión, sin una debida consideración a la opinión de los otros. O cuando no hay interés alguno en atender a otros argumentos que no sean los propios, una forma de miopía soberbia que termina por radicar la verdad en un solo sitio, un acto de voluntad que pretende clavar la rueda de la fortuna.

Los conflictos sociales, establecidos en ese escenario, evolucionan rápido a problemas complejos con alto potencial de daño, como está siendo visible en conflictos medioambientales que se expresan en marchas, ocupación de calles y bloqueo de carreteras, cartas abiertas en los medios, o destrucción de bienes públicos.

Como ambiente propicio para acelerar y profundizar estos conflictos, está disponible la creciente desconfianza en las instituciones, más un escepticismo ante la evidencia de malas prácticas, descubiertas y por descubrir. Por tanto, los dictámenes esenciales en este orden de problemas, los que evalúan el impacto ambiental, resultan de limitada credibilidad, por bien ejecutados que estén, lo cual tiene el efecto paralizador de los asuntos no resueltos.

Si se observa el mapa de conflictos ambientales, se puede apreciar una frondosa concentración de puntos rojos a lo largo del territorio nacional. La Región del Bío Bío tiene los suyos, en el caso de las eventuales instalaciones del proyecto de gas natural o en aquellos de instalaciones hidroeléctricas, con repercusiones obvias para la inversión. En primera instancia, y para la productividad basada en la energía, en lo mediato.

Un interesante trabajo publicado en Espacio Público, resume tres aspectos que permiten explicar esta situación de guerra de trincheras, con desgaste por ambas partes y ganancia para ninguna. Primero, la existencia de una institucionalidad deficiente, con un Estado que no da garantías que la participación se ajuste a estándares internacionales de transparencia e inclusión, sin que haya instancias alternativas a la judicialización para canalizar conflictos una vez que estallan. 

Una segunda causa radica en la falta de articulación en el sistema de aprobación ambiental de proyectos, Chile no tiene una política clara de ordenamiento territorial, por lo cual no existen espacios para la definición de estrategias ni prioridades de desarrollo. En consecuencia, cada proyecto tiene que lograr una definición por sí mismo, con las predecibles dificultades y barreras, como las que han estado omnipresentes en los actualmente en desarrollo, tensionando la relación entre Estado, empresas y comunidades. 

La tercera es la más potencialmente irritante, la asimetría entre empresas y comunidades, ya que éstas últimas no puedan sumarse a la discusión técnica en igualdad de condiciones, una cancha dispareja que exacerba la frustración y lleva a más conflictos.

Es obvio que el Estado debe generar capacidades si se quiere avanzar en el desarrollo sustentable de los territorios. Si los problemas son bien conocidos tiene que haber capacidad y medios para prevenirlos y resolverlos, no con el clásico recurso de más leyes y reglamentos, sino con la básica premisa del respeto a las personas y la armonización que el país necesita para progresar.


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