La compleja lucha contra el comercio ilegal

Fecha Publicación: 14/7/2016

Están, en sus respectivas barricadas, el alcalde de Concepción y los comerciantes ambulantes y su red de protección, a uno le asiste la ley y a los otros, la necesidad de hacer dinero. Este último es el único motivo por el cual esta batalla entablada con las cartas sobre la mesa y con los debidos y reiterados avisos previos, se ha planteado como una prueba de fuerza; quien la tiene, la normativa vigente, la solicitud del comercio establecido y el derecho de los ciudadanos a usar los espacios de la ciudad o quienes, en el ánimo de ganarse la vida, consideran que todo lo demás no tiene importancia alguna.

Esta última argumentación tendría verdadero valor de justificación si no existieran en realidad otras opciones, pero no es así, la negociación debe pasar, como en cualquier país libre y democrático por el acuerdo de mutua búsqueda de solución a un problema que, sencillamente, no puede quedar como está.

En otro intento, la Municipalidad ha iniciado otro proceso de erradicación de los vendedores ilegales, además de anunciar que no se entregarán más permisos para que otros comerciantes puedan instalarse. En otra medida, encaminada al mismo objetivo, ha entrado en vigencia la ordenanza municipal, que sancionará a quienes compren en el comercio ilegal de esta comuna, en la Región del Bío Bío, con multas de hasta $137 mil (entre 1 y 3 UTM). 

Esta vez se ha considerado, basado en la experiencia insatisfactoria de anteriores intentos, la participación integrada y coordinada de otros organismos, de esa manera, el plan considera a diversos servicios públicos, además del apoyo de carabineros, como la colaboración del sistema judicial para la eficacia del seguimiento de infracciones, multas y sumarios.

Por su parte, el comercio establecido, que conoce de las dinámicas de esta actividad, sus redes de apoyo y el universo que subyace en esta actividad -que se ha consolidado por decenios- incluyendo la organizada acción delincuencial asociada, mira esta nueva tratativa con relativo escepticismo. En cierta medida les asiste la razón, los grupos organizados han sido capaces de desafiar a la ley y están dispuestos a luchar por lo que estiman sus derechos, es decir, el derecho de imponer sus ideas por la fuerza, una actitud que deja clara la necesidad de actuar con la energía que corresponda, con las herramientas que la ley otorga.

Paralelamente, uno de los eslabones frágiles del programa es la comprensión y colaboración del público; los compradores, ya que sin ellos esta actividad desaparece naturalmente, se espera actuar con el convencimiento por el bien común y por las multas a quienes no estén dispuestos a acatar el nuevo rayado de cancha. Hubo una breve campaña de socialización, posiblemente insuficiente, que se debe ampliar a las instancias de mayor impacto, colegios y hogares.

Los comerciantes ilegales entienden esto claramente, llevan años burlando todo tipo de acciones que pretenden controlarlos, por lo tanto, acuden a la compasión de los eventuales compradores, solicitan y logran obtener una actitud solidaria, ofreciendo protección, agrediendo a los inspectores municipales, encargados de hacer cumplir las disposiciones municipales.

En términos sencillos se ha declarado una guerra, a los ilegales les sobran los ánimos y les faltan escrúpulos. La ciudadanía tiene que apoyar a las autoridades edilicias, que no están haciendo otra cosa que una mejor ciudad.


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