Discriminación en el seno del Consejo de Rectores

Fecha Publicación: 26/6/2016

Sería, puede ser, más fácil discriminar las universidades estatales de estas instituciones, si en estas últimas hubiere un desempeño insatisfactorio o deficiente, pero no es así.

 

Cuando el actual gobierno ha expresado reconocimiento a la tarea de las universidades privadas con vocación de servicio público, lo ha hecho, en realidad, como una maniobra clásica de la política, no agregar, justamente en esos períodos de turbulencia una nueva voz inquisitiva, para peor, poderosa. Si hubo en algún momento la sospecha de insinceridad, ésta fue dejada de lado, pues en definitiva los rectores de las universidades del G9 confiaron en la palabra del Gobierno.

Se ha terminado por evidenciar que tales manifestaciones del ejecutivo no han sido otra cosa que frases de buenas costumbres, para no dejar de manifiesto en los momentos más agudos de la negociación de la Reforma Educacional que las prioridades no pasaban por las universidades de vocación pública que no fueran estatales.

En el caso de la Universidad de Concepción, la tarea de la Región subvencionando al Estado, incapacitado para hacer lo que tenía que hacer, para dar igualdad de oportunidades a la juventud que no residiera en Santiago, se evidencia en una conversación sostenida, a principios de 1917, por el entonces Rector del Liceo de Hombres de Concepción, Enrique Molina Garmendia y el Presidente de la República de Chile, Juan Luis Sanfuentes, a quien el primero le pide que funde la Universidad, le motiva diciéndole que esa fundación sería un bello coronamiento para su gobierno.

La respuesta del Presidente Sanfuentes es clásica para las solicitudes regionales; la falta de recursos fiscales y las eternas dificultades financieras, que impiden acceder a la propuesta del rector Molina. En claro contraste la iniciativa "que había rebotado sin acogida en los fríos muros de La Moneda prendió sólidamente en las tierras del Bío Bío", describe Don Enrique en sus memorias. La Región haría lo que el Gobierno central no pudo, o no quiso.

Es ese el asunto esencial en el posicionamiento de estas universidades, hacer Patria, recibir generosamente a la juventud que de otro modo no habría podido formarse, restar un número enorme de personas altamente calificadas para el desarrollo del país, una situación que en la actualidad es fácil de enmascarar ante el numeroso contingente de instituciones de todo tipo en el ámbito de la educación superior chilena, lo que correspondería a un razonamiento anacrónico, al no considerar lo que entonces ocurría en Chile, con absoluta ausencia de opciones para los jóvenes de la regiones, salvo aquellos que podían solventar los enormes costos de alejarse de sus familias y migrar a la capital de la República parar educarse.

No puede dejar de destacarse el alto desempeño de las universidades públicas no estatales, las voces autorizadas en la materia incansablemente argumentan la capacidad de las universidades regionales para generar conocimiento y tecnología, su acción definitiva como polos de desarrollo regional y urbano, su permanente creación de nuevo conocimiento. En la última clasificación internacional de mejores universidades latinoamericanas, de las cincuenta mejores, cinco, de un total de nueve, pertenecen al G9, en cambio de las dieciséis estatales, solo dos están incluidas en ese ranking.

Otro aspecto que no puede ser omitido es que de las cinco universidades del G9 incluidas entre las cincuenta mejores, cuatro son de regiones, otro aspecto que esperamos que nuestras autoridades no pasen por alto. 

Dejar fuera del sistema a esta parte de la universidades de Consejo de Rectores, es un error de lesa Patria, difícilmente se puede esperar que una situación así quede sin respuesta.


 


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