Tímidas medidas frente a encapuchados

Fecha Publicación: 25/6/2016

Se ha propuesto una multa que va desde 1 a 4 UTM (entre $44.955 hasta $179.820) para las personas que sean sorprendidas cometiendo actos vandálicos, con el rostro cubierto, en flagrancia por parte de la policía. Cómo eso puede detener a los vándalos resulta difícil de comprender.

 


Para el modo de hacer las cosas, al modo nacional, es casi tradicional dejarlas a medias. Como el clásico ejemplo de postergar la solución de un problema complejo nombrando una comisión. No es para tomar a la ligera el problema de las protestas violentas con daños a terceros y pérdidas materiales considerables, con responsables que llevan la cara cubierta y agentes del orden incapacitados para quitárselas, ni es aceptable que, a la chilena, se quiera terminar con esta situación mediante el sencillo expediente, equivalente más profundo del ejemplo anterior, de hacer una nueva ley.

Sin embargo, en conformidad con el modo clásico de proceder, que por supuesto no ha sido evaluado, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó al inicio de esta semana la idea de legislar de la llamada "ley antiencapuchados", el propósito de la iniciativa es multar a quienes oculten su rostro en las situaciones de marchas, protestas y otras situaciones masivas resultantes en alteración del orden público.

Es interesante referirse a la opinión que sobre este tema tienen los más entendidos y contrastarla con las esperables posturas partidistas, como es de esperar, la posición más de izquierda del Gobierno se opondrá a este tipo de medidas, con los consabidos argumentos de los Derechos Humanos, la potencial discriminación negativa y, en la otra vereda, un apoyo fuerte llamando a una acción más definitiva de las fuerzas del orden.

Un miembro de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional valora el proyecto, ya que según él podría transformarse en una herramienta eficaz para combatir a los encapuchados, que se asocian a delitos contra la propiedad público privada y robos, en su criterio, el proyecto puede ayudar a solicitar el control de identidad.

No deja de llamar la atención el grado de optimismo de algunos de los parlamentarios; Daniel Farcas (PPD): "tenemos la convicción de que a partir de hoy los encapuchados tienen los días contados en el país". Que obliga a recordar las promesas del fin de las puertas giratorias o la desaparición masiva y pronta de los delincuentes, mientras que la diputada UDI, Claudia Nogueira, confía de este modo los encapuchados puedan ser "desvinculados de las manifestaciones y con eso asegurar el derecho de quienes quieran expresar sus ideas de forma pacífica". 

Se ha propuesto una multa que va desde 1 a 4 UTM (entre $44.955 hasta $179.820) para las personas que sean sorprendidas cometiendo actos vandálicos, con el rostro cubierto, en flagrancia por parte de la policía. Cómo eso puede detener a los vándalos resulta difícil de comprender.

En realidad no hace falta más, el artículo 85 del Código Procesal Penal, referente a control de identidad, establece que los funcionarios policiales, en casos calificados y sin orden de los fiscales podrán solicitar la identificación de cualquier persona, particularmente en el caso de enmascaramiento para ocultar, dificultar o disimular su identidad. También se establece que ante negativa o imposibilidad de asegurar identidad, la persona puede ser llevada al retén más cercano.

Estamos en realidad frente a una situación típica de la indecisión, del ocultamiento del derecho, del olvido o falta de voluntad de aplicar la ley, por conveniencias fáciles de adivinar, salvar la cara del Gobierno a costa de la ciudadanía, dejada por esa ausencia, desprotegida y vulnerable.

 


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